Para entender un poco más sobre el tema, el abogado de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Eduardo Ferreyra, que trabaja en temas de derechos humanos en el ámbito digital, explicó: "El ciberpatrullaje se refiere a las técnicas y tecnologías que permiten a quien las usa el monitoreo activo de redes sociales. Por esto me refiero al monitoreo de contenido como mensajes, posteos, imágenes y todo lo que uno publica en alguna red social. Para esto, se realizan actividades de recolección, almacenamiento y análisis de los datos recolectados para transformarlo en alguna información que sea importante para el que hace el monitoreo.

Este tipo de patrullaje ciberéntico fue implementado en Argentina por la ex ministra Patricia Bullrich y continuó con el actual gobierno. "Nosotros venimos criticando la conformación de las áreas de ciberpatrullaje entre las fuerzas federales desde hace muchos años", señaló Beatriz Busaniche, docente en la Universidad de Buenos Aires y en FLACSO, y presidente de la Fundación Vía Libre, que tiene como objetivo defender los derechos fundamentales en el entorno digital.

Busaniche habló de lo que también se conoce como inteligencia de fuente abierta (open source intelligence), una práctica "lamentablemente generalizada que esta reñida con el estado de derecho". La misma, según explicó "vulnera dos aspectos fundamentales".

"El primero es la privacidad de las personas que, por más de que se esté monitoreando sus expresiones en la esfera pública, como pueden ser las redes sociales, tienen una expectativa de privacidad en la que esperan que no se haga seguimiento de sus expresiones, no se haga recolección y no se haga tratamiento de esa información porque eso constituye tareas de inteligencia".

Por otro lado, Busaniche remarcó que esta práctica "ejerce una forma de condicionamiento del discurso público y esto entonces tiene un impacto sobre el derecho de libertad de expresión de las personas". Dio como ejemplo las acciones de ciberpatrullaje que realizaba la ex ministra Bullrich en su momento con detenciones y allanamientos de personas por sus expresiones "específicamente en Twitter".

En esa misma línea, Ferreyra habló sobre las consecuencias que esto puede traer y cómo puede modificar la conducta de los internautas. "Si uno sabe que todo lo que comenta, postea, publica, etc, está siendo vigilado por las fuerzas de seguridad, muy probablemente se inhibirá de emitir, por ejemplo, alguna opinión crítica al poder de turno"

"En contexto como el actual, en donde no podemos ejercer la libertad de expresión en las calles, resulta más necesario que nunca que los ciudadanos tengan confianza en que podrán criticar, protestar o cuestionar a la autoridad a través de Internet".

¿Se le puede poner fin o llegó para quedarse?

Después del escándalo que se generó en torno al ciberpatrullaje y sus cuestionados métodos, la ministra Frederic expresó su intención de volver más transparente el proceso a través de la creación de protocolos y consultas con diversos sectores, incluido las organizaciones de defensa de derechos, aunque a su vez aseguró que se continuará utilizando esta práctica.

"Yo espero que esto se termine porque efectivamente, al menos como se está haciendo en Argentina, no tiene ninguna utilidad ni en términos de seguridad pública ni en términos de libertad de expresión y derechos de la privacidad", sostuvo Busaniche.

Al respecto, Ferreyra indicó que si el Estado decide continuar con esta modalidad "debería limitar al máximo posible su uso mediante evaluaciones exhaustivas de cuando estas herramientas son necesarias y proporcionadas para lograr objetivo buscado, como también debería permitir auditorías periódicas por parte de un órgano independiente que supervise la manera en que se llevan a cabo".