El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un promedio de más de diez ejecuciones semanales en Irán en lo que va del año, apenas superadas por China, según grupos de defensa de los derechos humanos. En solo un día, recibieron la pena capital tres supuestamente condenados por narcotráfico en 2014, integrantes del principal cartel de distribución de cocaína del país, y cuatro por violación.

Familias enteras se congregaron en las cárceles de Ghezel Hessar y Rajai Shahr donde se alojaban sus parientes asesinados. Tal como denunció Iran Human Rights (IHR) a través de su director ejecutivo, Hadi Ghaemi, “la maquinaria de muerte del gobierno se está acelerando”. Reclama que se interponga una moratoria para las ejecuciones hasta tanto la pena de muerte sea abolida, dado que resulta incompatible con las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos.

Con breves juicios, que lejos están de respetar el debido proceso, las denuncias contemplan que el régimen utiliza las ejecuciones para silenciar cualquier forma de disidencia: las opresoras fuerzas de seguridad asesinan en las calles. Las leyes de la República Islámica violan principios internacionales y obligaciones en torno a la libertad de expresión y de credo, castigando especialmente a grupos minoritarios como las tribus baluchíes iraníes.

Al menos unas 209 personas fueron ejecutadas hasta aquí en el año, mayormente por delitos relacionados con drogas. El año pasado, la cifra de ejecutados alcanzó el récord de 582, un incremento del 75% respecto de 2021 .

La comunidad internacional debe condenar con mayor dureza estos procederes, advirtiendo sobre la intensificación del aislamiento diplomático y económico que pesará sobre el régimen.