ROSARIO.- En esta ciudad se secuestra un promedio de 1646 municiones por mes. Equivale a 32 cajas de 50 balas. Los disparos que se ejecutan con esos proyectiles provocaron 101 homicidios y 364 heridos con armas de fuego entre enero y abril de este año, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública.

El insumo más importante de la violencia en Rosario, aparte de las armas, son las balas. Hay un mercado fantasmagórico, pocas veces identificado, que provee de municiones a los grupos criminales, que las usan en gran cantidad para matar y para amenazar al disparar contra casas y comercios a los que después se intenta cobrar por protección, un método clásico de la mafia. Las balas sirven a los grupos mafiosos para hacer que el miedo sea algo real y se transforme en un negocio.

La cantidad de municiones secuestrada en Rosario equivale al 56,8% de lo que se incauta en toda la provincia. Son 34 balas cada 1000 habitantes.

Según el informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP), entre octubre de 2020 y diciembre de 2022 se secuestraron en la provincia 78.309 municiones, un promedio mensual de 3729 balas incautadas.

La diferencia entre Rosario y el resto de la provincia es enorme. Esa cantidad de balas incautadas representa en Santa Fe 0,59 munición por kilómetro cuadrado. En Rosario, el promedio es de 23 proyectiles secuestradas en esa superficie.

En la ciudad de Santa Fe, el promedio de balas incautadas por la policía es cuatro veces menor que en Rosario. Alcanzó 421 por mes, lo que representa 3 municiones por kilómetro cuadrado o 19 cada 1000 habitantes.

El circuito de abastecimiento de municiones es muy pocas veces identificado en las investigaciones judiciales y policiales. Si el suministro de armas es también fantasmagórico para las fuerzas de seguridad, de la misma manera ocurre con el circuito de provisión ilegal de balas.

Durante los últimos años las balas recargadas comenzaron a imponerse en el mercado negro de la venta de municiones, según apuntó a LA NACION una fuente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Son proyectiles que ya fueron disparados y se utiliza la vaina nuevamente para la recarga.

Un especialista en el tema explicó que existen varias modalidades y máquinas para realizar esta tarea, que abarata los costos en más de un 70% y que permite la provisión a través de canales ilegales. Una caja de 50 municiones calibre 9 mm adquirida en una armería promedia los 15.000 pesos, de acuerdo a la marca. Una caja de balas recargadas puede costar entre 3500 y 5000 pesos.

Hay distintos tipos de máquinas para realizar la recarga, señaló el especialista. “Están las máquinas que se denominan monoestación, es decir, que se recarga proyectil por proyectil. Y existen las multiestación, con un proceso más tecnificado en el que se pueden recargar hasta ocho proyectiles a la vez”.

“Por ejemplo, con una máquina Dillon X650 se pueden recargar unas 800 balas por hora”, apuntó la fuente. Así, de forma doméstica, se pueden fabricar 16 cajas de municiones 9 mm en una hora.

La tenencia de máquinas de recarga está regulada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) de una manera similar a la de las armas de fuego. “El equipo deberá declararse especificando su marca, modelo y número de serie”, establece la normativa.

Si una persona va a una armería y pretende comprar una recargadora de munición de manera legal, deberá solicitar “la tenencia de este tipo de equipo”, a la que solo podrán acceder los que ya tengan registrada un arma. Ocurre lo mismo para comprar los insumos, como son las puntas, la pólvora y los fulminantes.

Este tipo de máquinas las utilizan generalmente los tiradores deportivos, sobre todo aquellos que se dedican a la disciplina de tiro práctico, en la que se usa una gran cantidad de municiones. Pero si en los secuestros de armas empiezan a aparecer balas recargadas es porque alguien está abasteciendo a ese mercado ilegal, que está fuera de todos los controles.

En mayo de 2021 se realizó un amplio operativo en el barrio La Tablada, donde los investigadores identificaron que en una sodería funcionaba un lugar de acopio de armas y municiones para la venta ilegal.

En ese momento, los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca usaron el recurso del “agente revelador” –una suerte de “infiltrado”– para poder obtener información sobre cómo se movía la organización, integrada por ocho personas, entre las que había tres policías, uno de ellos, un experto en balística.

La banda acopiaba las armas en una sodería del barrio La Tablada, uno de los más violentos. Entre los sifones había fusiles, pistolas de distintos calibres y, sobre todo, más de 50 cajas de municiones de recarga. Parte de ese arsenal había sido robado en Cruz Alta, Córdoba, pero se escondía en la zona sur de esta ciudad, donde se cometen más de la mitad de los crímenes en un contexto encadenado con el narcomenudeo. Se vendían a través de contactos que tejía un policía en disponibilidad que se desempeñaba en el área de Criminalística de la fuerza.

La investigación se inició en marzo de 2021, cuando se detectó que un hombre que vive en Victoria, Entre Ríos, vendía de forma ilegal fusiles para caza mayor. “Lo hacía de ‘boca en boca’, a través de mensajes de WhatsApp”, apuntó una fuente judicial. En este caso fueron imputados ocho integrantes de la organización, entre ellos, los hermanos César y Sergio González, este último agente en disponibilidad con carpeta médica.

El problema de los investigadores era cómo acceder a información de los vendedores de armas sin que estos se dieran cuenta de que dos fiscales seguían sus pasos. Un policía de la AIC se transformó en un “agente revelador”.

Se interesó en la compra de armas e hizo contacto con el vendedor. Tenía tres meses para develar la trama. Ese era el plazo que la Justicia lo había autorizado a ser un “agente revelador”. Este policía se ganó la confianza de los vendedores de armas y, con fondos públicos del Ministerio de Seguridad, concretó la compra de siete fusiles y municiones por un total de 400.000 pesos.

En la investigación se logró establecer cómo funcionaba la organización, que, por un lado, vendía armas de guerra robadas y, por otro, expendía municiones de alto calibre, entre ellas, 9 milímetros. Esos proyectiles, según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, salían del mercado legal.

La banda adquiría las municiones en armerías a través de testaferros, que aportaban la tarjeta de “control de tiro” otorgada por la ANMaC, que habilita la compra de balas a los “legítimos usuarios”. En la casa del sodero en La Tablada se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario (CLU) y otras tantas de control de consumo de municiones. Se descuenta que se usaban para comprar legalmente armas y balas, de modo de insertarlas después en el mercado negro.