La fiscalía pidió revocar la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y condenarlos a cuatro años y cuatro meses de prisión en la causa en la que fueron juzgados por no pagar el impuesto a los combustibles de su compañía Oil. Reclamó, además, que ambos paguen $5166 millones para reparar el daño y vinculó este trato preferencial que los empresarios recibieron de la AFIP con los pagos que efectuaban a la familia Kirchner, en concepto de alquileres de sus propiedades, lo que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.

Estas afirmaciones corrieron por cuenta del fiscal ante la Casación Mario Villar, quien argumentó en la audiencia ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que deben decidir si revocan esas absoluciones o no. También, si revocan o no la condena a cuatro años y ocho meses de prisión del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.

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Le contestó al fiscal el defensor de Echegaray, Martín Arias Duval, quien dijo que se debía dejar sin efecto la condena a su cliente, al argumentar que el entonces funcionario no favoreció a nadie, no tenía trato preferencial con Oil, y el otorgamiento de planes de pago era general y no exclusivo para López. Sostuvo, además, que ligar el caso con el expediente Hotesur y Los Sauces es novedoso y violatorio de los derechos de su cliente, quien no pudo defenderse hasta ahora de esa acusación.

La audiencia estaba prevista paralas 13 y arrancó a las 14.30, porque el juez Barroetaveña es miembro del Consejo de la Magistratura y se demoró en la reunión de comisiones del organismo. Solo pudo escucharse al fiscal y al abogado de Echegaray, pero hasta las 16, porque la jueza Figueroa debió concluir la audiencia, a raíz de una reunión de jueces en el interior. El 29 de junio continuará el propio Echegaray; el abogado de López, Fabián Lértora, y el de De Sousa, Alberto Beraldi, letrado también en otras causas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los jueces estaban presentes en una sala del primer piso de Comodoro Py 2002, junto con funcionarios judiciales y periodistas, mientras que el fiscal y el resto de los abogados estaban conectados por Zoom.

Didáctico, el fiscal Villar dijo que el veredicto que absolvió a López y De Sousa fue “extraño” y “llamó la atención”, porque solo se condenó al funcionario que defraudó al Estado y no a los beneficiados de ese fraude , que terminaron absueltos. Dijo que los planes de pago concedidos por la AFIP a Oil Combustibles fueron otorgados de manera ilegítima, ya que el contribuyente paga el impuesto a los combustibles al cargar nafta y que ese dinero fue retenido por la empresa y no tributado al fisco.

En lugar de tributar al Estado, advirtió el fiscal, Oil pidió cuatro planes de pago a la AFIP y redireccionó ese dinero en forma de autopréstamos entre las propias empresas del Grupo Indalo. Dijo que esos préstamos aumentaron de $2000 millones a $5000 millones entre 2013 y 2015.

Villar mencionó que cualquiera que leyera la sentencia contra Echegaray pensaría que se trataba de “un funcionario malo que buscaba beneficiar a cualquiera que pasaba por ahí”. Pero advirtió que esto no era así, sino que los autopréstamos que recibían las empresas del Grupo Indalo terminaban en el pago de alquileres a la empresa Los Sauces, de los Kirchner.

Dijo que el 80% de los pagos que recibió Los Sauces provenían de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Echegaray “no benefició a cualquiera que pasaba por allí, sino que benefició a los que pagaban alquileres a los Kirchner”, dijo el fiscal.

Mencionó, además, que Oil no era verificado por el sector de Grandes Contribuyentes de la AFIP (que se ocupa de unas 800 empresas, seguidas de cerca) sino que sus asuntos se atendían en una agencia de Palermo con otros 80.000 contribuyentes. Asimismo, destacó que una auditoría determinó que Oil se benefició con un mecanismo que implicaba el impedimento de iniciar el reclamo judicial de la deuda cuando correspondía.

El fiscal dijo que López y de Sousa “se hicieron del dinero” del impuesto, por lo que deben reparar el daño de $5166 millones -actualizado- y el decomiso de los bienes debe ser calculado en función de las ganancias obtenidas a partir de ese dinero.

Por su parte, el doctor Arias Duval dijo que el impuesto a los combustibles no se traslada al consumidor, sino que se aplica a las empresas cuando movilizan el combustible. Señaló que es equivocado afirmar que Echegaray dio planes especiales a Cristóbal López, ya que fueron otorgados 1684 de esos mismos planes a otras empresas. Mencionó que no hubo un “trato preferencial” para Oil y que afirmar que buscara beneficiar a la empresa de Cristóbal López es una “especulación”.

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Discutió con la fiscalía cuando señaló que no se trata del no pago de impuestos, sino de su diferimiento para ser pagado luego con intereses. Y denominó a ese mecanismo de “espera documentada”. Abundó y dijo que la fiscalía no pudo acreditar en el juicio el perjuicio económico porque no lo hubo y mencionó que Oil Combustibles pagó a lo largo de su historia $7175 millones en impuesto a los combustibles a la AFIP, incluidos intereses.

Tras completar la audiencia el 29 de junio, el Código Procesal concede a los jueces un plazo de 20 días hábiles para decidir si revocan o no las absoluciones y la condena y si ordenan dictar un nuevo fallo al tribunal oral o confirman la sentencia y dejan todo como está. La tercera opción es que los camaristas directamente decidan condenar o absolver y coloquen ellos mismos las penas, lo que no es habitual.