ROSARIO.– Después de un año de un juicio intenso, el exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado a seis años de prisión por “cohecho pasivo agravado” y “prevaricato”. Según la acusación, el otrora poderoso magistrado, que durante 22 años tuvo competencia electoral, habría cobrado coimas de narcos de esa provincia a cambio de beneficiarlos con sus decisiones judiciales. También fueron sentenciados los dos secretarios letrados de su juzgado, Pablo Molina y Federico Grau, a penas de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de aquellos delitos. Tanto el exmagistrado como los funcionarios del juzgado fueron absueltos por la figura de “asociación ilícita” que les imputaban los fiscales.

Soto Dávila, que tiene 75 años, fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

El veredicto fue firmado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Moreira y Rubén Quiñones, magistrado que votó en minoría y se manifestó por la absolución. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 16 de agosto próximo, a las 12.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal había pedido una pena de 15 años de cárcel para Soto Dávila. Para Molina y Grau habían solicitado 12 años y nueve años de prisión, respectivamente.

“Se está juzgando a un exjuez federal y a sus dos exsecretarios penales por cobrar dádivas en forma sistemática pagadas por grupos narcocriminales para asegurarse la impunidad de funcionamiento”, había sostenido el fiscal federal Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), al comenzar el alegato. Hoy, tras conocer el fallo, adelantaron que apelarán.

También fueron condenados abogados que defendían a narcotraficantes. En cambio, el tribunal absolvió al exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone.

Los jueces Iglesias, Quiñones y Moreira cumplen funciones en Chaco, Formosa y Misiones, respectivamente. Se debió recurrir a magistrados de otras jurisdicciones porque los de Corrientes se excusaron de intervenir en el juicio.

“No se puede combatir el narcotráfico si no terminamos y combatimos la corrupción y menos aún si esa corrupción se encuentra enquistada en un sector del Poder Judicial que debe impartir Justicia, y que, justamente, debe sancionar las conductas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad ciudadana”, había afirmado en su alegato el auxiliar fiscal Martín Uriona.

Con la sentencia contra Soto Dávila, sus dos secretarios y abogados de narcos correntinos se termina de completar el esquema de complicidades que funcionaba en Corrientes, con foco en Itatí, desde donde se distribuía la marihuana que cruzaba de Paraguay a siete provincias.

Sin esa aceitada connivencia nunca se podría haber sostenido en el tiempo una organización precaria y rústica que dominaba Itatí, donde ya fueron condenados el exintendente Natividad Roger Terán, el viceintendente Walter Aquino, comisarios, gendarmes, policías y narcos.

Incluso, uno de los principales traficantes, Federico Marín, alias Morenita, está prófugo desde fines de febrero pasado, cuando desapareció de su residencia en la provincia de Buenos Aires, donde cumplía detención domiciliaria bajo el régimen de protección de testigos.

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Para desatar esa compleja red de complicidades, los investigadores se valieron de “arrepentidos” que estaban imputados en las causas, algo que recibió fuertes cuestionamientos de la defensa del exmagistrado y de los principales imputados.

Soto Dávila estuvo al frente del juzgado por 23 años. En diciembre de 2018 fue detenido por orden del entonces juez Sergio Torres, titular del juzgado federal Nº12 de Comodoro Py. Las investigaciones sobre el aceitado funcionamiento de la organización de Itatí dejó al descubierto las sospechas de que los narcos obtenían beneficios judiciales en el juzgado de Soto Dávila.

La defensa del exmagistrado negó este argumento a lo largo del juicio, y planteó que se trató de un caso “típico de lawfare” en el que la Justicia actúa en tándem con los medios de comunicación, según esgrimió, en diálogo con LA NACION, la abogada de Soto Dávila, Marina Barbitta.

Según el fiscal federal Carlos Schaefer, “Soto Dávila y los funcionarios del juzgado cobraban coimas a cambio de otorgar beneficios judiciales. Lo hacían a través de los abogados defensores de los narcos”. Sostuvo que el exjuez habría recibido “coimas en 2011 de parte de Carlos Bareiro, narco de Itatí, cuyo valor actual serían unos 25.000.000 de pesos”. Bareiro fue condenado a 17 años de prisión en 2021 como jefe de una asociación ilícita dedicada al tráfico de marihuana hacia siete provincias desde esa pequeña ciudad correntina que venera a la Virgen.

Soto Dávila fue condenado por cobrar para darle la excarcelación a Héctor Daniel Botello Da Silva. Uno de los arrepentidos en la causa declaró ante el juez Torres: “ Serial me dijo ‘vos ponés y sale’”. Serial, abogado del narco, fue condenado a dos años de prisión en este juicio.

Las negociaciones que iniciaron los abogados en ese momento eran para lograr la libertad de Botello Da Silva, miembro de la banda de Itatí que había sido detenido el 14 de setiembre de 2015, tras un accidente en la ruta 12 donde la Gendarmería lo detuvo. Tenía pedido de captura desde el 5 de junio de ese año porque en un allanamiento en la casa del Morenita Marín apareció su DNI.

Tras el supuesto pago de un soborno en el juzgado, según se desprende del expediente, Da Silva fue beneficiado con la falta de mérito el 23 de diciembre de 2015. Una semana antes, en la indagatoria, había declarado que cuando se hizo el allanamiento estaba pescando con un amigo, Rubén Vera, que también era parte de la banda narco y estaba siendo escuchado en otra causa que estaba en el juzgado de Soto Dávila. Sin embargo, el juez estableció que “sus dichos resultan creíbles”.

Además, el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes le atribuye a Soto Dávila la figura de cohecho pasivo agravado y prevaricato por haberle dado la exención de prisión a Bareiro, a quien había dictado el procesamiento sin prisión preventiva.

Un arrepentido en la causa había declarado que el 26 de octubre de 2016 en el expediente figuraba un testimonio que advertía que “Cachito” Bareiro “pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre él. Un allegado del juez fue a cenar a la casa de Bareiro para ir a buscar la plata. El secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones”.

Según la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juzgado de Soto Dávila excarceló a Bareiro a cambio de 1.000.000 de pesos. A Cachito habían comenzado a investigarlo en septiembre de 2011 por tráfico de marihuana. Una serie de escuchas indicaban que iba a mover un cargamento. El 17 de septiembre de ese año la Gendarmería secuestró un camión en el puente que une Corrientes con Resistencia, Chaco, y detuvo a Edgardo Coria con 542 kilos de cannabis. Bareiro se fugó. Estuvo prófugo tres años hasta que fue beneficiado con una exención de prisión y una imputación de “partícipe secundario” en el caso, cuando era el líder de la organización.

El fallo del TOF de Corrientes no fue unánime. Los jueces Juan Manuel Iglesias y Manuel de Jesús Moreira votaron a favor de la condena, y quien sostuvo la disidencia fue el magistrado de Formosa Rubén Quiñones, quien tuvo un rol polémico –según recuerdan fuentes judiciales– en la causa Carbón Blanco, que se juzgó en Resistencia, en 2017.

El próximo 16 de agosto, el tribunal dará a conocer los fundamentos del veredicto. Es probable que tanto la defensa de los condenados como los fiscales federales apelan la decisión a la Cámara de Casación Penal. Es que el fallo no conformó a ninguna de las partes.

Los fiscales consideran que había elementos de prueba para una sentencia más dura. Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar, y Schaefer, habían pedido que Soto Dávila fuera condenado a 15 años de prisión, y sus exsecretarios –Molina y Grau–, a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente.

La defensa de Soto Dávila, en tanto, está convencida de que hubo irregularidades en la investigación y que los “arrepentidos# fueron presionados para que declararan en contra del exmagistrado.

En su descargo, hace dos semanas, Soto Dávila ratificó su inocencia. Señaló que aunque estuvo “en todas y cada una de las audiencias” del debate, no escuchó “a un solo empleado del juzgado que cuestione” su actuación, en alusión a la figura organizador de una asociación ilícita dedicada presuntamente a cometer actos de cohecho.

También cuestionó a Morenita Marín, uno de los narcotraficantes imputados que se presentó como arrepentido. De él dijo que “a pesar de que le tendieron un puente de plata, se profugó”.

La banda criminal, según surge de la investigación, tenía una división de roles. Para los fiscales, Soto Dávila fue quien montó, coordinó y encabezó la asociación ilícita. Pero ese rol no se pudo comprobar, según surge de la sentencia.

En la investigación se había detallado que los secretarios Molina y Grau “se encargaron de establecer la tarifa correspondiente a las dádivas que los narcocriminales abonaron a cambio de ser favorecidos procesalmente, así como del efectivo cobro del dinero. Luego, fueron los abogados quienes debieron negociar los pormenores de los pagos, llevándose una parte del soborno en carácter de ‘comisión’, cada vez que se concretaba el ‘acuerdo’”.

En una de las escuchas, Morenita Marín conversa con Miriam Almirón, esposa de Botello Da Silva, uno de sus lugartenientes que había sido detenido; hablaban del dinero que debían pagar en el juzgado para que lo liberaran. Lo que objetó la familia de Soto Dávila –según transmitieron a LA NACION– es que Almirón nunca fue citada a declarar.

El 22 de diciembre de 2015, Almirón le envió a las 17.45 un SMS a Marín donde confirmó lo que habían conversado por teléfono sobre el “arreglo” con el abogado y el juez. “Solo queda pagarle a Serial 30.000 pesos y 30.000 al juzgado. No te preocupes, Dani sale bajo caución”. Serial, un abogado que representaba a los presuntos narcos, también fue condenado.