Transcurrido apenas su primer semestre, 2023 se ha convertido en uno de los años más represivos contra la migración en Estados Unidos. No solo se trata de la intensa vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), con tecnología de guerra, y de la militarización en la línea divisoria para detener a los migrantes que cruzan de manera irregular a territorio estadounidense, sino de las políticas contra los indocumentados que ya están dentro del país.

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Estos, a pesar de su estatus y que, en su gran mayoría, trabajan honestamente, declaran impuestos cada año y forman parte de la maquinaria que mueve a la economía de Estados Unidos.

“Hay estados a los que los migrantes no deben acudir por su propia seguridad. Florida es el principal, pero Texas no se queda atrás”, comenta desde Los Ángeles, California, a El Universal la vocería de la Coalición de los Derechos Humanos para Inmigrantes (Chirla, por su sigla en inglés). “Estos dos estados son los que más han desarrollado políticas injustas e inhumanas contra familias y trabajadores que aportan mucho a este país”.

Hay 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana, cada uno con su propia visión antiinmigrante, quienes son liderados por Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas. ”Los dos han radicalizado las medidas como estrategia política, primero para su reelección en 2022 y ahora, en 2023, porque los dos quieren ser candidatos republicanos para la presidencia de Estados Unidos”, declara a El Universal de México Enrique Morones, fundador de Gente Unida desde California. “Son una muy mala copia de Trump”, agrega.

Morones, quien también fundó y dirigió Ángeles de la Frontera, recordó la manera inhumana y fraudulenta con que, en 2022, Abbott y DeSantis trasladaron por tierra y aire, a través de mentiras, a migrantes hacia California, Washington y Nueva York. DeSantis volvió a hacerlo recientemente con dos vuelos el 2 y 5 de junio.

“Eso no se hace. Parece como si estuvieran moviendo a esclavos como en los siglos pasados. Es totalmente discriminatorio y humillante”, afirma. De acuerdo con información de los gobiernos de Texas y Florida, ambos gobernantes cuentan cada año con recursos autorizados para seguir sacando migrantes sin documentos de sus estados con rumbo a ciudades de demócratas.

El 1º de julio entra en vigor la ley HB1718 de Florida, considerada la más antiinmigrante jamás firmada por algún gobernante en la Unión Americana. Entre sus medidas más drásticas está no otorgar licencias de conducción a indocumentados ni reconocerles las expedidas en otros estados; considerar criminal a quien transporte a Florida a algún indocumentado; obligar a clínicas y hospitales a pedir el estatus legal de sus pacientes y reportarlos al estado, así como a la aplicación del sistema E-Verify a empresas con 25 o más trabajadores para detectar si son indocumentados y reportarlos.

La firma de esta ley “habla muy mal del espíritu de libertad y democracia de este estado para los habitantes de Florida”, dice el vocero de Chirla. “Hemos hecho un llamado conjunto con otras organizaciones hermanas para advertir a los migrantes en general que Florida no es un buen lugar para vivir”, remarca. El pasado 27 de mayo, migrantes de distintas nacionalidades en Miami coreaban “sin nosotros no hay Florida” durante una marcha que organizaron. El 1º de junio fue un día sin migrantes (a modo de protesta) y decenas no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos al colegio.

“Esto apenas comienza, nos vamos a defender de esa ley”, dijo un miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “En el pecado llevan la penitencia”, dice el vocero de la Coalición. “Lamentablemente, han comenzado a irse muchos trabajadores y varias industrias ya están sintiendo la falta de empleados”. El cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, implementó asesorías jurídicas para migrantes mexicanos y no mexicanos en las instalaciones del consulado, con expertos en el tema, para orientarlos respecto a lo que esta ley dice y resolver las dudas que tengan.

Mientras, la administración del presidente Joe Biden ha respondido a las presiones políticas para reforzar también la frontera y reprimir a indocumentados que intentan entrar y a los que solicitan asilo. Todo bajo la premisa de que la seguridad fronteriza es nacional. Lo primero que hizo fue enviar 1500 soldados a la frontera para apoyar las tareas administrativas de los agentes de CBP y que ellos fueran al terreno a reforzar la localización y detención de indocumentados. Lo siguiente fue levantar el llamado Título 42, que permitía solicitar, de manera ordenada, el proceso de asilo, aunque debían esperar del lado mexicano.

“Muchos están interpretando que el levantamiento del Título 42 es un logro; nunca entendieron que estar bajo ese ordenamiento era mejor que estar bajo el Título 8″, explica a este diario José Jordán, abogado especialista en inmigración. “Con el Título 42 te registrabas y te devolvían a México a esperar, ahora con el Título 8 te detienen, te fichan y te deportan castigado cinco años sin poder volver a Estados Unidos ni intentar algún trámite legal”, agrega el experto.

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Para desalentar la llegada masiva de migrantes y mostrar una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza, el gobierno federal estadounidense estipuló una nueva regla: ya no es posible solicitar asilo en los puestos de control de entrada a la Unión Americana. Desde el 10 de mayo se considera a los migrantes que cruzan irregularmente como no aptos para solicitar asilo.