Brenda tiene 34 años y, como una gran parte de los argentinos, atraviesa el desafío de encontrar un lugar donde vivir. En junio, el dueño del departamento que actualmente alquila en la ciudad de Buenos Aires le dijo que le iba a renovar el contrato que vencía en agosto, pero una semana más tarde se arrepintió, la llamó y le comunicó que se iba a tener que ir porque lo quería poner en venta. “Le ofrecí pagarle más, al menos hasta que aparezca un comprador, pero me dijo que ya consiguió y que no me puedo quedar”, cuenta en diálogo con LA NACION.

Como su familia es de Caseros, Provincia de Buenos Aires, decidió buscar una opción cerca de los suyos. “Hoy una inmobiliaria me pasó este monto (casi medio milloncito de pesos) para ingresar a un dos ambientes pocilgoso en Caseros”, publicó en una historia de Instagram, y remató con ironía: “Está todo muy accesible, por suerte”.

Las condiciones de alquiler que le solicitó la inmobiliaria por la vivienda sumaban en total $461.950, casi medio millón de pesos:

Un mes adelantado: $95.000Un mes de depósito: $95.000Certificados: $24.000Sellados: $41.040Comisión: $171.000IVA: $35.910

“Para mí, pagar de base casi $500.000 es imposible, tendría que hacer un esfuerzo gigante o pedirle prestado a mi familia. Por más que el precio mensual del alquiler sea accesible, la idea es que me pueda solventar sola y no pagar cosas que no me corresponden”, señala. Encima del precio de entrada, cuenta que la inmobiliaria no le mostraba fotos del departamento porque todavía estaba ocupado y “pretendían que decidiera en base a un plano, me parece absurdo”.

¿Quién paga la comisión?

Un factor problemático en la provincia bonaerense es que “le piden al inquilino que pague toda la comisión inmobiliaria y como hay tanta demanda y tan poca oferta juegan con la desesperación de la gente y no les queda otra que pagar”, sostiene. En esta jurisdicción, la ley vigente N°14085 permite dividir entre propietario e inquilino el pago de la comisión, pero también habilita que una de las partes asuma el costo entero. “Cada parte puede asumir entre el 1% y el 2% del valor total del contrato pero en la práctica se carga la totalidad del costo de la comisión al inquilino”, afirma Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

Sin embargo, un nuevo proyecto de ley que ya está habilitado para tratarse en la Legislatura Provincial busca darle alivio económico a quienes alquilan una vivienda. Presentado por Francisco “Paco” Durañona -el senador provincial electo por el Frente de Todos y ex Intendente de San Antonio de Areco-, el proyecto en defensa de los inquilinos busca “que los costos de las comisiones dejen de pagarlos los locatarios y queden a cargo de los dueños de los inmuebles”, según publicó en sus propias redes sociales.

Quienes quieren alquilar una vivienda hoy se encuentran con un mercado distorsionado. Brenda cuenta que se sorprendió con una oferta tan limitada “que dejaba a la inmobiliaria agarrando la sartén por el mango y que piden a diestra y siniestra lo que quieren”. Y agrega: “Encontré solo 30 departamentos publicados en inmobiliarias, de los cuales yo calificaba para 10 porque tengo un gato y no lo aceptan”, dice.

A este consumo se le suma el aumento de precios de los alquileres, ya que los propietarios quieren refugiar sus inversiones de la fuerte inflación y piden precios de entrada altísimos o hasta dolarizados. Cuando empezó a buscar propiedades en Caseros, Brenda pensó que “quizás ahí iba a haber opciones más baratas que en Capital, por la diferencia entre cercanía, transporte y porque hay más departamentos viejos; pero como los precios subieron por las nubes casi no hay diferencia de dinero entre un departamento de dos ambientes en la ciudad y uno en Caseros”, dice. En mayo, el precio promedio de alquiler para una unidad de un dormitorio era de $99.350 en Provincia y en la ciudad promediaba $142.425 al mes, según Zonaprop.

“A todo esto se suma que las expensas no bajan de los $30.000 y ni siquiera hay portero, es solo para cubrir el ascensor y el sueldo del encargado. Entonces si alquilás algo de $160.000, como el dos ambientes que voy a ir a ver este fin de semana, al sumarle las expensas son mínimo $190.000 para un departamento de dos ambientes o incluso un monoambiente que en un nuevo edificio piden alrededor de $150.000 de alquiler″, agrega Brenda.

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Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires está prohibido el cobro de la comisión inmobiliaria a los inquilinos por ley desde el año 2017 (5859/17). “A diferencia de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad el pago de comisiones está a cargo del propietario y los certificados no son obligatorios. En caso de que requieran éstos últimos, se pueden hacer gratis a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad” remarcó Christian Werle, presidente del IVC.

Sin embargo, el relevamiento de la entidad que lidera destaca que casi tres de cada 10 inquilinos en la ciudad tuvieron que pagar la comisión. “Para los casos de incumplimiento de las leyes locales, también tenemos un canal de denuncias y asesoría jurídica para propietarios e inquilinos”, agrego el funcionario.

En su búsqueda, Brenda también se topó con este requisito en territorio porteño. “En Capital descubrí que para cobrarte la comisión, las inmobiliarias hacen un contrato comercial y no de vivienda, porque la ley que impide que el inquilino pague la comisión del alquiler es la ley de alquileres locativa. Entonces, en los edificios que son apto profesional te hacen un contrato comercial para que pagues la comisión inmobiliaria y si no lo hacés no te dejan alquilar”, cuenta. También los contratos de vivienda encubiertos como comerciales permiten cobrar el alquiler en dólares y que el plazo sea por dos años y por tres, como la ley de alquileres residenciales.

Los inquilinos porteños también enfrentan a una larga lista de requisitos para ingresar a un departamento, que cada día los aleja más de la posibilidad de vivir de forma independiente. El propietario “me pidió un adelanto de seis meses para ingresar y tuve que pedir plata prestada a familiares”, cuenta una inquilina de Balvanera de 31 años.

Según una encuesta del IVC, los inquilinos de la ciudad declaran que para iniciar un alquiler en la ciudad les pidieron recibos de sueldo, un mes de depósito y un mes o más de anticipo. El informe indica que en algunos casos también se incluyen gastos adicionales como la averiguación de garantías, que son en sí otra barrera de entrada. Frecuentemente los propietarios “suelen solicitar una propiedad inmobiliaria de familiar directo ubicada en CABA que garantice que la persona es confiable y solventará el costo del alquiler en caso de deuda”, de acuerdo a la encuesta. “Eso implica una barrera para quienes no tienen redes de sociabilidad en la ciudad porque se mudaron desde otro lugar fuera de la misma y para quienes no tienen familiares con propiedades”, agregan.

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Los requisitos de las inmobiliarias a veces incentivan a que los inquilinos quieran cerrar los contratos con el dueño directamente. “Cuando averigüé con inmobiliarias me llegaron a pedir hasta dos garantías y recibos de sueldo con monto mínimo. Obviamente, tiene que estar todo en blanco y para mí era casi imposible porque me pedían una barbaridad. Fue un golazo el dueño directo porque evité pagar un montón de plata”, explica una inquilina de Palermo de 49 años.

Para combatir contra los costos que dificultan el acceso al alquiler, el IVC creó el programa Alquilar + Fácil, que brinda financiamiento a inquilinos. El Instituto otorga un crédito de hasta tres meses el precio mensual de alquiler para financiar los gastos iniciales que requiere alquilar una vivienda, como son depósito, garantía, mes inicial y mudanza.

Un dato clave es que el monto máximo del crédito podrá superar las 1962 UVAs (unos $551.479). El préstamo puede devolverse en 12, 24 o 36 meses y se actualiza según la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia, pero nunca podrán tener un aumento acumulado mayor al del promedio de los salarios, medido por coeficiente de variación salarial (CVS). Esta herramienta recibió 814 inscripciones en menos de dos meses y es la segunda más demandada de las medidas que lanzó la entidad este año.

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