Un espectáculo -el show inmersivo Secret Garden en el Jardín Botánico “Carlos Thays”, Monumento Histórico Nacional desde 1996, declarado refugio climático por el gobierno porteño en marzo y que este año celebra su 125° aniversario- se transformó en objeto de debate público debido al cuestionamiento por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y de agrupaciones y profesionales en defensa del ambiente.

Este fin de semana se conoció una carta de ambientalistas y defensores del patrimonio urbano que criticaron no solo la “experiencia lumínica y sonora” sino también la decisión del gobierno porteño de alquilar el Botánico a productores nacionales y extranjeros que invitan al público a recorrer el paseo en horario nocturno a lo largo de “postas inmersivas”. La entrada general del show cuesta $ 4500; los menores de 17 años pagan $ 3900.

Ayer, la Secretaría de Ambiente, a cargo de la abogada y exlegisladora Inés Gorbea, comunicó el precio del alquiler por el mes de julio que pagaron los organizadores de Secret Garden: $ 3.215.000 (unos $ 104.000 por día). “La empresa tuvo que abonar un canon para poder usufructuar el Jardín Botánico -se informa-. Dicho monto fue determinado mediante una tasación realizada por el Banco Ciudad bajo estándares objetivos y transparentes. Es quien tiene la potestad para establecer el canon a percibir por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y eso lo hace a través de una metodología específica implementada por su Sector de Tasaciones, quienes son los expertos en la materia. El canon establecido para esta muestra inmersiva fue de 3.215.000 de pesos”. Los fondos recaudados fueron a la cuenta única del Tesoro de la ciudad.

El comunicado compartido con LA NACION destaca que se han destinado entradas gratuitas para programas sociales que llevan adelante distintas áreas de gobierno, “como Tercera Edad desde el Ministerio de Salud, Arte en Barrios (que es un programa del Ministerio de Cultura que ofrece a chicos de barrios vulnerables asistir a exhibiciones y espectáculos culturales públicos y privados), o para alumnos de escuelas de gestión estatal del Ministerio de Educación, entre otros”.

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Los funcionarios indican que la muestra inmersiva es una más de otras actividades que ofrece el Jardín Botánico, que dirige desde 2009 la ingeniera agrónoma Graciela Barreira. “Durante todo este tiempo, incluyendo las vacaciones de invierno, se mantendrán todas las actividades diurnas y gratuitas, como visitas guiadas generales, al invernáculo o al jardín de mariposas, capacitaciones y talleres ambientales, además de los distintos proyectos de investigación científica”, concluye el comunicado oficial.

Creo que los espacios publicos deben ser lugares de encuentro de recreacion pero montar espectaculos pagos en un lugar como el Botanico no me parece bien
Carta abierta en defensa del Jardín Botánico “La población debe hacer escuchar su voz” https://t.co/MKeTzZ4Eyy vía @LANACION

“El Jardín Botánico no es un circo, ni un festival de rock, ni un teatro de Broadway. Es el Museo de los Árboles, es el oasis de naturaleza en la ciudad. Es EL jardín de la ciudad, un jardín muy especial”, había escrito el 30 de junio en su cuenta de Instagram la gestora cultural e historiadora del arte Sonia Berjman, una de las firmantes de la carta abierta, que ya sumó más de tres mil quinientas adhesiones y el domingo próximo, a las 15, se convocó a un “abrazo” en la entrada principal del Botánico (Av. Santa Fe 3951).

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Días atrás, desde la Secretaría de Ambiente (cuyo objetivo consiste en “velar por la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico y de la calidad sonora para que los vecinos puedan disfrutar de una ciudad sustentable y a escala humana”) habían señalado que la realización del espectáculo no modificaba ni interfería con el normal funcionamiento del Jardín Botánico, y que se habían tomado “todas las medidas de seguridad correspondientes del caso”. Para los firmantes de la carta abierta, “el patrimonio de la ciudad pertenece, por herencia y derecho, a la ciudadanía que la habita, siendo los funcionarios públicos quienes deben garantizar el buen uso y conservación del mismo”.