La justicia de Jujuy allanó esta mañana la casa de la dirigente social Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, como parte de la causa que investiga las manifestaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el ataque a la Legislatura, el 20 de junio pasado.

Los investigadores encontraron 300.000 pesos, proclamas que llaman a mantener la protesta, un “esquema de acción política” que “da la pauta de que hubo organización para el evento de la Legislatura” y se identificó a tres personas que estaban alojados allí como “turistas”: uno de Buenos Aires, otro de Misiones y uno de Corrientes.

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Entre los elementos secuestrados hay un afiche con una foto del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, montada sobre otra fotografía con el rostro del fallecido dictador Jorge Rafael Videla.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales jujeñas, que señalaron que la casa de Sala, de cuatro niveles, era una “romería”, con unas 20 personas de visita. “Nada que ver con una prisión domiciliaria”, dijo un funcionario judicial, que explicó que se abrió una nueva causa contra la dirigente social.

La defensa de Sala relató que la medida fue tomada por el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes, y que la orden se libró para secuestrar dinero, computadoras y teléfonos móviles.

Las fuentes judiciales sostienen que en la causa hay información que vincularía a Sala con los incidentes en la Legislatura.

El allanamiento fue motivado en dos audios enviados a otras personas, en los que Milagro Sala acuerda un pago por banderas, pero aclara que no quiere transferir dinero por CBU y ´pide que lo vengan a buscar a su casa. En otro audio habla de encargar más banderas, esta vez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En Jujuy, los investigadores señalan que, al estar condenada a mas de tres años, Sala no puede ejercer el comercio o tener dinero en la vivienda. “Cobra fuerza la idea de que hubo un financiamiento de la Nación”, dijo una fuente judicial. De todos modos, resta analizar el contenido de los teléfonos de las personas que estaban en la casa, que fueron secuestrados.

En la Cámara de Casación, la Sala IV decidió que debe tramitar en la justicia federal un habeas corpus presentado por el CELS y el Área de Pueblos Indígenas de la organización Andhes por los desmanes ocurridos contra la Legislatura jujeña. Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky revocaron las decisiones de la Justicia de Salta, que había enviado el caso al fuero jujeño. Dijeron que se encuentra interviniendo la Gendarmería y las rutas afectadas por los cortes y manifestaciones tienen carácter internacional.

También señalaron la importancia de realizar la audiencia de habeas corpus para el análisis judicial amplio de las cuestiones en juego, dándole a todos los interesados la oportunidad de expresar el sentido y alcance de sus derechos.

En tanto, Elizabeth Gómez Alcorta, parte del equipo de abogados de Sala y exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, difundió un audio en el que relató que el marido de Sala, Raúl Noro, está en una situación de salud muy crítica.

La abogada dijo que no les habían querido entregar la orden de allanamiento, pero que otro de los abogados de su equipo la pudo leer y que de la causa surgiría que “habría algún testigo o imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tendría alguna vinculación” con las protestas.

“Al equipo de abogados y abogadas de Milagro nos parece un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención, y como parte de la campaña electoral que están llevando a cabo Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta en este proceso electoral”, afirmó Gómez Alcorta. Morales, el gobernador jujeño, con quien Sala tiene un enfrentamiento de muchos años, es precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Larreta.

Por la tarde, cuando el operativo seguía en lo de Sala, su defensa informó que Noro se había descompensado y denunció que el Poder Judicial y la Policía les impedían dejar la casa a los médicos que fueron a atenderlo.

La líder social dijo por la radio en El Destape que el gobierno de Morales había allanado su casa para abrirle una nueva causa. “Entraron de prepo, se llevaron todo por delante. Buscaban plata, droga, armas. Mi marido está mal, le queda poco tiempo de vida, y justo ayer lo trajimos del sanatorio para que pase los últimos días en mi casa. Es de público conocimiento y no lo tuvieron ni en consideración”, dijo.

“Entraron y no encontraron nada. Revisaron toda la casa dos veces. A unos compañeros que vinieron a verme les sacaron los celulares. Me quieren involucrar con el levantamiento del pueblo jujeño que dijo no a la Constitución. Me allanaron porque me quieren inventar una causa y meterme de nuevo en la cárcel. No tuvieron ni el mínimo respeto”, se quejó.

Un mar de incoherencias

“No puede ser que sigan las camionetas con encapuchados. Hay que hacer 2 cosas: primero que la reforma sea inconstitucional. Segundo que paren los grupos de tareas de Gerardo Morales. Hay mucha gente desaparecida y baleada. Hay que parar esto. Es una locura”, dijo la mujer, que reclamó que el gobierno nacional “se ponga mucho más firme”.

Sala fue investigada en distintas causas penales y en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión en su contra por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión. Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor (por amenazas) con una pena en suspenso.

La dirigente está presa en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy reclama que sea trasladada a una cárcel común. Las condiciones de detención de la líder de la Túpac Amaru son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los hechos de violencia que investiga la justicia de Jujuy tuvieron su pico el martes 20 de junio, después de que se aprobó la reforma parcial de la Carta Magna impulsada por Morales, en un contexto en el que los docentes de la provincia venían de varios días de paro y movilizaciones.

El 20 de junio, al enterarse de que la reforma se había aprobado, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura provincial y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes. Hubo autos destrozados y el enfrentamiento se extendió durante horas.

Morales apuntó desde el primer momento contra Sala, a quien acusó de impulsar las protestas violentas desde las sombras.

Gómez Alcorta había relatado a través de su cuenta de Twitter que el día del ataque a la Legislatura “en medio de la represión en Jujuy, dos jueces y un fiscal -Fernández, Cattan y Rondón- fueron a la casa de Milagro Sala” y “le pidieron ver su celular”. Contó que la líder de la Tupac ya no usa un celular propio, que no les entregó nada y que los funcionarios se fueron, pero denunció el hecho como un “allanamiento implícito” de una “patota de matones”.

Los últimos acusados que quedaban detenidos por los hechos de violencia del 20 de junio fueron liberados el 23, pese a que el fiscal Funes había solicitado que quedaran en prisión preventiva.

La hipótesis principal de los investigadores es que los hechos de violencia -como la irrupción a la Legislatura y el incendio de una sala de archivos y de automóviles- fueron premeditados. “Creemos que hay atrás una organización previa y una planificación delictual”, dijo la semana pasada el fiscal Funes a LA NACION.