Mientras 8,2 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza frente a una inflación que no da respiro, cada vez más familias de clase media se incorporan a la demanda de servicios públicos y ayudas económicas para sostener la alimentación, la educación y la atención de la salud de sus hijos con una mayor presión sobre esas prestaciones estatales, de acuerdo con un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).

“Los niños de las clases medias son los nuevos pobres de la infancia”, planteó durante la presentación de los resultados Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la ODSA en la Universidad Católica Argentina (UCA).

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Mientras que la inseguridad alimentaria –haber reducido alimentos o pasar hambre (inseguridad grave) por problemas económicos en los últimos 12 meses– disminuyó tras el período más crítico de la pandemia por Covid-19, sigue afectando a más del 30% de los menores de 17 años y con un aumento de beneficiarios de planes de clase media que es proporcional a la pérdida de ingresos por la crisis económica.

La tendencia de un conjunto de indicadores objetivos sobre las características de vida de la infancia en el país para los últimos 12 años da cuenta de que un 62,4% de la población hasta 17 años de clase media está recibiendo alguna comida en comedores, escuelas o con asistencia de la Tarjeta Alimentar, comparado con el 36,1% antes de la pandemia de Covid-19. En el nivel medio alto, esa demanda pasó a cubrir necesidades del 21,1% de los chicos en 2019 al 25,5% el año pasado.

La proporción de chicos de clase media que recibe esa asistencia ya supera el valor prepandémico que el equipo de la ODSA-UCA había obtenido para las familias más pobres y que también se incrementó. En 2019, el 51,6% de los menores de 17 de los hogares más vulnerables accedía a una o más comidas de manera gratuita fuera de la casa o con la tarjeta alimentaria; ahora, es el 77,7%.

La protección social a través de transferencias de dinero (Asignación Universal por Hijo u otros planes sociales) también creció en la clase media los tres últimos años. En 2020, el 32,6% de los chicos y adolescentes de hogares de estrato socioeconómico medio obtuvo esa asistencia. El año pasado, la cobertura llegó a uno de cada dos (50,3%). En las familias pobres o muy pobres, esa proporción está por encima del 65%. En el nivel medio alto, el 10,1% de los menores está alcanzado por un beneficio social.

Tras la pandemia, hubo también un desplazamiento de la clase media a establecimientos educativos estatales y al sistema público de salud, según señaló Tuñón, que es investigadora especializada en sociología infantil y pobreza.

Durante la presentación de resultados en la UCA, precisó que la mayor parte de los indicadores sobre las condiciones de vida de la infancia argentina que vienen monitoreando desde 2010 –alimentación, salud, educación, hábitat, subsistencia, crianza, socialización, acceso a la información y trabajo infantil– expone “situaciones muy graves de privación vitales para el desarrollo” físico, social y mental.

“Teníamos problemas estructurales que habían encontrado un piso y eran muy difíciles de modificar –dijo en diálogo con LA NACION–. Con la emergencia sanitaria, en su gran mayoría, todos se incrementaron de modo significativo. Esto describe el impacto que realmente tuvo la pandemia en la infancia que se visibiliza por la educación y el acceso a la salud. Algunos indicadores muy profundos, como el maltrato infantil, se incrementaron muy significativamente y, en 2021, no retrocedieron al nivel previo a la pandemia. Recién lo hicieron el año pasado en ciertos casos y, en otros, ni siquiera regresaron a los valores anteriores a 2020”.

Eso, según opinó, revela la dificultad que existe en la Argentina para mejorar las condiciones de vida de los chicos y los adolescentes cuando “las únicas políticas masivas” son las asistencias monetarias a través de planes sociales.

“Tenemos por delante desafíos sobre los que hay que pensar muy bien cómo invertimos los recursos –planteó Tuñón–. Hasta ahora, probamos con lo de siempre: un Estado que ofrece educación y salud, con cada vez más niños que van a escuelas estatales, a hospitales del sistema público y reciben ayuda monetaria, con clases medias que se volvieron beneficiarias de los sistemas de protección, un fenómeno propio de la pandemia que no solo se mantuvo, sino que aumentó. Es un contexto macroeconómico muy difícil, donde no hay muchos motivos para pensar que la clase dirigente del país alguna vez vaya a priorizar a la infancia argentina. Como sociedad, sería bueno empezar a demandar fuertemente cómo garantizar una infancia y adolescencia con aspectos mínimos para su desarrollo con políticas públicas sostenidas.”

Sin dudar, para el equipo, los más pobres dentro de la población de menores están siendo los adolescentes: un 22% padece algún grado de privación grave del derecho a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el acceso a la información (tecnología y conectividad) y el saneamiento. En los chicos de hasta cinco años, esa proporción es del 21% y, en los de entre seis y 12 años, del 16,7%, de acuerdo con el informe sobre el estado de la infancia.

Las políticas implementadas, desde las asistencias económicas hasta los programas educativos, de protección social o deportivos, apuntan más a los primeros años de vida o de escuela primaria, según indicaron los investigadores. Sin embargo, la adolescencia es, para ellos, una segunda ventana de oportunidad para intervenir y reducir brechas determinadas por los ingresos, el lugar de residencia o los recursos disponibles.

El relevamiento, que ya alcanza a más de 60.000 hogares urbanos con chicos de entre cero y 17 años, describe que el 83,5% de los adolescentes es pobre, cuando se tiene en cuenta la privación de derechos básicos, comparado con el 76,4% en la prepandemia. Por ingresos únicamente, la pobreza es del 65,6% en ese grupo. En tanto, en los chicos hasta cuatro años, la proporción se redujo del 61,1% en 2019 al 54,2% el año pasado y, en los menores de entre cinco y 12 años, lo hizo del 60% al 51,4% en el mismo período.

Eso es, según explicaron los autores, a expensas de un “fuerte aumento” de dos recursos estatales. Por un lado, la cobertura con la AUH y otros subsidios económicos, que pasó del 41 al 49,8% de esa población 2019 y 2022. La actualización de esos montos queda por detrás de la inflación, según explicó Nicolás García Balus, investigador del Barómetro de la Deuda Social Argentina. Por otro lado, está la asistencia alimentaria gratuita en la escuela o comedores comunitarios, que se incrementó de menos del 30% al 59,3% de los chicos y adolescentes el año pasado.

“Los adolescentes no solo están teniendo muchos menos conocimientos en términos de formación educativa, sino que también están alejados del sistema de salud, con problemas que nunca fueron tratados, y así se están integrando al mundo del trabajo –explicó Tuñón–. Además, tienen dificultades con habilidades como llevar adelante una rutina con horarios, normas de higiene y vinculación en un grupo, que son fruto de la crianza y la socialización. Muchos crecieron sin ver a sus padres cumplir una rutina laboral. Las empresas pueden asumir la capacitación técnica, pero la formación en habilidades sociales es más difícil porque son procesos muy complejos”.

El trabajo infantil con actividades domésticas o asistencia a los padres con changas u otras tareas fuera del hogar recuperó su prevalencia previa a la pandemia en casi el 15% de los chicos entre los cinco y 17 años, aunque es más alto entre los adolescentes y, en especial, en el interior del país.