El juicio por el crimen de Lucas González, joven futbolista que fue asesinado en noviembre del 2021 por efectivos de la Policía de la Ciudad, concluyó este martes 11 de julio con el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25: nueve policías recibieron diferentes inhabilitaciones y condenas —tres de ellos, perpetua— y otros cinco integrantes de la fuerza fueron absueltos.

Los sentenciados en primera instancia a la pena máxima son el inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38). El grupo fue hallado culpable de los cargos de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”. Al momento del crimen, los tres formaban parte de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la comuna 4.

En dicha subdivisión ocurrió el asesinato de González: un joven de 17 años que jugaba al fútbol como enganche en el club Barracas Central. El homicidio sucedió el 17 de noviembre por la mañana, cuando Lucas regresaba en auto a su casa de Florencio Varela. Había entrenado con la sexta división y acompañado a sus amigos Joaquín Zúniga, Julián Salas y Niven Huanca a una prueba del equipo.

Salas manejaba el Volkswagen Suran por la Avenida Iriarte cuando, cerca de las 9.30, fueron interceptados, a la altura de la calle Vélez Sársfield, por un Nissan Tiida color champagne sin ninguna identificación. En ese vehículo estaban a bordo, vestidos de civil, los policías López, Nieva e Isassi.

El auto de los oficiales cruzó al de los jóvenes y los tres ocupantes descendieron armados. Ante el miedo de que fueran ladrones, Zúniga aceleró para escapar. Entonces, sus perseguidores abrieron fuego. Las balas entraron al rodado y dos impactaron a Lucas González en la cabeza.

La Suran de los jóvenes giró hacia la izquierda, con Lucas aún con vida pero gravemente herido. Al mismo tiempo, los policías le decían a sus colegas de la zona la placa y modelo del auto, y señalaban que eran una banda que huía de un enfrentamiento. El escape continuó por la calle Luzuriaga en dirección hacia Alvarado, arteria por la que las víctimas doblaron nuevamente.

Fueron interceptados dos cuadras después —al llegar a la intersección con la calle Perdrie— por las agentes Lorena Miño y Micaela Soledad Fariña. Ambas serían detenidas más tarde en el curso de la investigación, pero fueron liberadas en enero de 2022 con una resolución de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que les dictó la falta de mérito.

Aquel 17 de noviembre, Miño y Fariña detuvieron a los jóvenes y les ordenaron descender del auto. Zúniga fue reducido, mientras que Salas seguía en estado de shock, sentado en el asiento del conductor junto a su compañero malherido. Huanca decidió escapar a pie.

El principal Héctor Cuevas acudió a la zona acompañado de otro policía, Sebastián Baidón. Llamó al SAME y estableció el perímetro en la zona con cortes de calle, mientras se hacían presentes otros efectivos. En el juicio, este oficial con más de 20 años de trayectoria en distintas fuerzas, testificó que ordenó a Baidón palpar a los jóvenes y que, a pesar de que se había advertido de un enfrentamiento, no se hallaron armas a bordo.

En su declaración, Zúniga contaría el abuso psicológico al que lo sometió Baidón. Según sus palabras, el policía le dijo: “ era un hijo de puta, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también”, y al saber que era oriundo de Florencio Varela, le replicó: “Ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad”.

Baidón, quien este martes fue condenado a ocho años e inhabilitación perpetua por el cargo de torturas, le pidió perdón poco después de detenerlo, luego de ser increpado por el padre del joven, quien ya se hallaba presente en la zona cuando Lucas González fue trasladado en el móvil del SAME. Murió al día siguiente, en el hospital El Cruce de su ciudad natal.

Cuevas también contó que vio llegar a la escena del crimen a una moto de la comuna en la que viajaban un policía y un hombre de civil. El primero era el efectivo de la fuerza Facundo Torres y el segundo el mismo Gabriel Isassi, que llevaba una réplica de un arma la cual plantó en el auto de las víctimas para simular el enfrentamiento denunciado.

Todo esto ocurrió cuando en la zona se hallaba personal de rango de la fuerza en la comuna, como el subcomisario Roberto Orlando Inca, el comisario Juan Romero, el comisario Rodolfo Ozán y el comisario Fabián Du Santos. Los cuatro recibieron una condena a seis años de prisión, así como una inhabilitación por 10 años, por haber encubierto el crimen. En el caso de Inca, el testimonio de Cuevas lo ubicó como quien le dio la orden a Isassi de plantar el arma falsa que el policía había traído.

En tanto, al principal Héctor Cuevas, cuya declaración permitió la detención de Torres y una atribución más clara de las responsabilidades, fue condenado a cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación por los mismos hechos.