Al reclamar mantener firme su absolución en la causa donde fue juzgado por la acusación de retener 8000 millones de pesos en el impuesto a los combustibles, el empresario Cristóbal López denunció ante la Justicia que su caso es “político” y que fue víctima de una extorsión de Mauricio Macri. Dijo que el presidente pretendía quedarse con sus negocios. Su socio, Fabián de Sousa, afirmó que el imperio económico del Grupo Indalo se derrumbó con el caso, al perder el 90% de su patrimonio.

En la última audiencia antes de que los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa decidan, los empresarios pugnaron por mantener sus absoluciones, mientras que el fiscal Mario Villar insistió en que deben ser condenados a cuatro años y medio de cárcel, junto con el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. Aportó al caso tickets de carga de combustible donde aparece discriminado el impuesto que la AFIP no recibió. Villar señaló que los consumidores lo pagan al cargar combustible y la empresa lo retuvo. En cambio, dijo el fiscal, la firma de los acusados obtuvo planes de pago extraordinarios de la AFIP para posponer esos pagos y capitalizó con ese dinero el grupo económico, con préstamos entre sus empresas.

Un mar de incoherencias

El juez Petrone presidió la audiencia y la dio por finalizada este mediodía. Dijo que ahora pasará a deliberar con sus colegas para dictar sentencia “en el término de ley”, que son 20 días hábiles a contar desde mañana, que se vencen la última semana del mes de julio. La jueza Figueroa cumple 75 años el 10 de agosto, con lo que si no obtiene un nuevo acuerdo del Senado para esa fecha deberá dejar la Cámara, dado que llegó al limite de edad que establece la Constitución. Por eso es clave que pueda terminar su voto antes de esa fecha.

López y De Sousa eligieron una defensa política, cargando las culpas en el gobierno de Macri y dejaron en manos de sus abogados la defensa técnica, al asegurar que no era delictiva la conducta que desplegaron y al cuestionar al fiscal, que entendió que ellos retuvieron el impuesto que pagaron los consumidores al cargar combustible. Dijeron los abogados que en el juicio se había probado que no era así.

López habló por Zoom para señalar que el 25 de octubre de 2015, cuando Macri ganó las PASO, lo citó en la casa de Franco Macri para perguntarle si lo iba apoyar desde la señal de noticias C5N y que había que “meter presa” a Cristina Kirchner. López le dijo que no contara con él. Esta denuncia es el eje de una causa paralela que investiga la jueza María Servini.

“Este es un caso político, persecutorio, me quisieron hacer desaparecer, quisieron acabar con su contrincante económico por mi pertenecía al peronismo y al kirchnerismo”, López, ataviado con una camisa roja. Y señaló: “Al haberme negado a colaborar con Macri, decidió mi destrucción”. Agregó que no entiende por qué está acusado en esta causa cuando él era accionista de la empresa que tenía acciones como controladora de Oil Combustibles, pero no integraba el directorio ni dirigía Indalo, dijo.

La causa por la retención indebida del impuesto a los combustibles se inició con una denuncia de Elisa Carrió a partir de una nota del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, a quien López criticó en la audiencia. Dijo que estuvo preso 22 meses por esta causa y que logró la libertad cuando Alberto Fernández ganó las PASO en 2019. Agregó que hoy no puede tener siquiera una tarjeta de crédito, que usa la de su hijo menor, porque no recuperó credibilidad crediticia y aún es mal visto en el mundo de los negocios. Hizo causa común con De Sousa y con Echegaray, de quien dijo que era otra víctima del fobierno de Macri.

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De Sousa, que compareció a la audiencia de manera presencial con su abogado Alberto Beraldi, se refirió al perjuicio económico que provocó la causa de Oil Combustibles, ya que fue decretada la quiebra de la firma. Cuando ambos recuperaron la libertad, dijo que pagaron sus deudas o negociaron planes con sus acreedores para recupera la empresa. Señaló que el grupo económico empleaba a 22.000 personas antes de la causa y que ese plantel se redujo a 700 personas.

De Sousa afirmó que la intención del gobierno de Cambiemos era destruir el grupo económico y quedarse con sus empresas, entre ellas C5N. Indicó que para ello se valieron de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -actualmente en Uruguay y con pedido de detención de la Argentina- y de la AFIP, pero también de todos los recursos del Poder Ejecutivo, desde la Oficina Anticorrupción a la Unidad de Información Financiera (UIF).