El martes de la semana pasada, los miembros del Congreso de Florida aprobaron el proyecto de ley de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis, el cual contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten inmigrantes irregulares, entre otros castigos para los empleadores del estado. La iniciativa llegará a la oficina del gobernador para que finalmente sea firmada como ley. Esta entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

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La nueva legislación, respaldada por el Partido Republicano, “aumentará las sanciones por el tráfico de personas, fortalecerá los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigirá el uso universal de E-Verify, mejorará las sanciones por falsificación de documentos y prohibirá que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas irregulares que se encuentren en el estado”, según explica la página oficial del gobierno de Florida.

La iniciativa ha causado polémica en diversos sectores, sobre todo entre los miembros del Partido Demócrata. La representante de este grupo, Susan Valdes, aseguró que el proyecto está motivado por cuestiones políticas y que es “antiinmigrante”. Además, consideró que “afectará e incluso causará la muerte de los indocumentados”.

Hasta 15 años de prisión

La nueva ley aumentará las penas por el contrabando de personas. Quienes transporten, oculten o alberguen a un inmigrante irregular dentro o hacia el estado cometerán un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de US$5000 y cinco años de libertad condicional. Si la persona irregular es menor de 18 años, la condena podría ser de hasta 15 años de cárcel y la multa ascendería a los US$10.000.

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El proyecto especifica que cada indocumentado transportado será tratado como un delito por separado. Es decir, si alguien traslada a cinco inmigrantes en un vehículo, se enfrentará a cinco delitos, según explica el gobierno de Florida. Las personas se enfrentarán a estas consecuencias sin importar si el traslado que realizan es por turismo, reuniones de negocios, religiosos o familiares.

En cuanto al sector laboral, la inminente ley obligará a todos los empleadores a utilizar E-Verify, un sistema federal que sirve para verificar si los trabajadores están registrados legalmente en EE.UU.. Antes de este proyecto ya existía una multa por emplear, contratar o referir a inmigrantes que no puedan comprobar su estancia legal en el país norteamericano. No obstante, la próxima legislación aumentará la pena máxima.

El proyecto tipificará como delito grave el uso de identificaciones falsas para obtener un trabajo, por lo que los empleadores que reincidan en este tipo de contratación perderán sus licencias de operación de forma permanente. El gobierno de Florida hará auditorías para comprobar que las empresas cumplan con los nuevos requisitos.

Otros puntos importantes del proyecto en Florida

A partir del próximo 1 de julio, cuando la iniciativa se convierta en ley, los gobiernos locales tendrán prohibido proporcionar dinero a organizaciones que emitan tarjetas de identificación a inmigrantes irregulares. No serán válidas las licencias de conducir emitidas en otros estados que estén en poder de personas que ingresaron por la vía ilegal a EE.UU..

Asimismo, la propuesta legislativa proporciona US$12 millones a la iniciativa de reubicación de inmigrantes de DeSantis, que llamó la atención el año pasado, cuando el republicano llevó a un grupo de indocumentados de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, como protesta contra la política federal de inmigración.

En cuanto a la salud pública, la iniciativa requerirá que los hospitales que acepten Medicaid incluyan una pregunta respecto al estatus legal en los formularios de admisión.