“Ya perdí la cuenta de los días que los tengo en casa. No sabría decirte cuántas jornadas de clase no se dictaron, pero te puedo asegurar que son muchas. Entre paros, el Día de la Mujer, marchas, y la ausencia de docentes que no tienen reemplazos, son muchísimos los días de aprendizaje desaprovechados”, se lamentó Valeria Ruiz, madre de dos niños en edad escolar, uno en 6° grado y el otro en 4°, de 11 y 9 años respectivamente, que asisten a la Escuela Primaria Nº8 Nuestra Señora De La Merced, en Gerli, partido de Lanús.

Ruiz es ama de casa y se puede organizar ante los imprevistos en el colegio de sus hijos. Sin embargo, se lamenta no poder cambiarlos a una institución privada por su situación económica: “Los colegios son carísimos y no podría costearlos de ninguna manera. Soy rehén de lo que me brinda el Estado”.

Como esta madre de Lanús, otras familias de distintos rincones del país padecen los días de clase perdidos. Un informe elaborado por la organización Coalición por la Educación, una agrupación conformada por expertos, padres, docentes y representantes de diferentes organizaciones sociales para pensar en conjunto la educación argentina, identificó cuántos días de clase se dictaron en cada una de las 24 jurisdicciones argentinas, cuántos se perdieron y por qué razones.

Se trata del proyecto “Seguimiento de días lectivos”, que reveló que solo cinco provincias cumplieron, hasta el 31 de mayo, con el calendario escolar 2023 pautado para la escuela primaria.

Con 67 días en Mendoza, 62 en Jujuy, Formosa y San Luis, y 58 en Catamarca, estas jurisdicciones fueron las únicas que no tuvieron pérdida de clases. Las 18 provincias restantes y la ciudad de Buenos Aires, en tanto, exhibieron situaciones heterogéneas en función de los conflictos gremiales, los feriados provinciales, los días de jornada docente, los problemas climáticos y otras razones, como el Día Internacional de la Mujer.

La Capital Federal, con un 87,1% de cumplimiento del calendario escolar, tuvo ocho días totales de conflictos gremiales, aunque solo uno de ellos, por el 8 de marzo, tuvo un impacto de más del 50%. En tanto, la provincia de Buenos Aires, con un 78,3% de días reales, contabilizó 13 jornadas en las que hubo problemas con el dictado de clases. Sin embargo, solo un día con un impacto mayor al 50% del total de escuelas.

Según fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad, en la Capital Federal hay que mirar en detalle los gremios que cesaron en su actividad y la adhesión que cada uno de esos paros tuvo en el panorama global de la educación pública porteña. “Lo que en el informe se contabiliza como conflictos gremiales fueron días donde solo dos de los 17 sindicatos que existen hicieron paro, a los que solo el 40% del total de docentes está afiliado. Por lo tanto, durante días solo pararon algunos docentes de determinadas escuelas”, explicaron.

El informe, que se elaboró con un grupo de referentes por provincia que se comprometió a volcar en un calendario común cómo se desarrollaban los días de clase previstos en cada jurisdicción, detalla que, el promedio nacional de jornadas en las aulas es 52, y el porcentaje de cumplimiento es 84,18%.

Estos datos cobran relevancia en un contexto de alta tensión política y social en el que por los violentos enfrentamientos que se desataron en Jujuy entre la policía y los manifestantes, a partir de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el Gobierno local, dos gremios que nuclean a docentes porteños, la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), decidieron parar esta semana por 48 hs “en solidaridad” con el pueblo jujeño. Según fuentes de la Ciudad, el paro del miércoles alcanzó un acatamiento del 20%.

En la provincia, el paro masivo de 48 horas convocado por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Suteba y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), tuvo ayer su día más fuerte, con una alta adhesión de los docentes, por lo que no hubo clases en la mayoría de las escuelas públicas bonaerenses. Se calcula que más de tres millones de chicos no tuvieron clases.

Bajo la consigna “Basta de represión a la docencia y al pueblo jujeño”, los sindicatos adheridos a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y CTERA, a cargo de Sonia Alesso, decretaron paro docente nacional y convocaron a sumarse a la movilización en el Obelisco.

Otros gremios como la Unión Docentes Argentinos (UDA), a cargo de Sergio Romero, repudiaron los hechos de violencia ocurridos esta semana, pero dijeron que si bien apoyan el paro en Jujuy, no participarán de ninguna medida de fuerza a nivel nacional.

Según datos del Gobierno porteño, con estos últimos reclamos por parte de los trabajadores de la educación, se contabilizarán 11 jornadas de paro de UTE y Ademys con menos del 50% de adhesión en la ciudad de Buenos Aires en lo que va del año, entre los que se cuentan: el 27 de febrero, en el que pidieron un 100% de aumento salarial; el 8 de marzo por el Día de la Mujer; el 14 de marzo por la ola de calor; el 30 de marzo por la “crisis de infraestructura”; el 12 de abril para pedir por la equiparación salarial; el 25 de abril en repudio al acuerdo con el FMI; el 8 de mayo para protestar por “la violencia contra la docencia y la escuela pública”; el 17 de mayo para pedir un aumento salarial; el 15 de junio en apoyo a los docentes de Salta, Tucumán, Misiones, Chubut y Santa Cruz; y el 21 y 22 de junio “en solidaridad” con las protestas en Jujuy.

Desde la cartera educativa porteña detallaron a LA NACION que por estas 11 jornadas sin actividad educativa, a los docentes sin antigüedad de jornada completa que se adhirieron a la medida se les descontaron $104.101,53. Mientras que para aquellos que cuentan con la máxima antigüedad el descuento fue de $122.137,84.

“A los gremios docentes de la Ciudad que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se les descuenta el proporcional del salario por día no trabajado”, indicó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, a través de sus redes sociales.

Si bien LA NACION trató de pedir el mismo detalle a las autoridades de la cartera educativa provincial, al cierre de esta nota no había recibido una respuesta.

El caso más impactante es el de la provincia de Salta, que pasó de ser una de las que presentaba, hasta el mes pasado, una asistencia perfecta, a ser una de las que peor nivel de cumplimiento presentó, con 19 jornadas sin clases.

La razón por la que en la provincia gobernada por Gustavo Sáenz, cercano al actual ministro de Economía Sergio Massa, ha tenido solo un día real de clases en mayo, fue por una escalada de tensión entre el ejecutivo y la agrupación de docentes autoconvocados, que no están alineados con el sindicato mayoritario, la Asociación Docente Provincial de Salta (ADP).

Si bien la medida de fuerza comenzó por un pedido de mejora salarial y de las condiciones edilicias, el conflicto se intensificó después de que se presentara y se aprobara en 48 hs., y sobre tablas, la iniciativa conocida como ley antipiquetes, que buscó regular el derecho a la protesta. Fue luego de que el gobernador vetó parcialmente sus artículos más controversiales, a principios de junio, y con más de cinco semanas de paro en las escuelas, que el dictado de clases se retomó con normalidad.

Respecto de la adhesión a estas medidas de fuerza, Cristina Fajre, representante salteña de la Coalición por la Educación precisó a LA NACION que no está claro cuál es el porcentaje de docentes que representan. “Mientras que el Gobierno provincial dice que son un 20%, los mismos docentes autoconvocados hablan de un 90%”.

“Hubo un acatamiento del 85% de los docentes que no han asistido a clases por la petición que le hicieron al Ministerio de Educación”, precisó Sandra Ortiz, profesora de arte de la provincia de Salta.

La cartera educativa local desmintió esta información y precisó a LA NACION que el acatamiento del paro tuvo, en promedio, un 25% de adhesión a lo largo de las cinco semanas en las que se tomaron las medidas de fuerza. “Solo el 29 de abril hubo un 60% de acatamiento”, indicaron.

Y sumaron: “Salta es una de las provincias en la que los docentes cobran uno de los mejores sueldos del país. De hecho, destina más del 40% del total de su presupuesto a Educación”. En junio, detallaron, un docente sin antigüedad recibe un salario de $199.925,81, mientras que para julio se prevé que llegue hasta $203.642,18.

El Gobierno local resolvió, a través de una resolución ministerial, que los días de clase perdidos tendrán que ser recuperados en un plan que tendrán que presentar en los próximos días los mismos huelguistas.

Santa Cruz, con 38 días de conflictos gremiales, es la provincia con mayores dificultades en el dictado de clases, seguida por La Rioja, Tucumán, Río Negro y Neuquén, todas ellas con paros docentes que impidieron cumplir con el calendario escolar pautado.