Las sesiones de la Comisión de Juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son otra de las muestras más palmarias de la degradación de la política argentina, propia de una democracia de baja intensidad como la que no reconoce en la Constitución el límite que la ley fija al poder.

Si a eso se le suman las tan irracionales como extraviadas declaraciones del Presidente por cadena nacional atacando a la Corte por el simple hecho de ejercer su incuestionable papel de última garantía e intérprete de la Constitución nacional, poco queda para comentar. Solo decir que aparece más que clara la denodada estrategia del Gobierno por pretender dinamitar el sistema republicano en defensa de las aberraciones y delitos que cometen sus allegados. El pésimo ejemplo de Alberto Fernández se replica hacia abajo: varios de sus funcionarios han salido a suscribir aberraciones institucionales dignas de un lego en toda materia, de un mero provocador o, lo que es peor, de un destituyente.

Respecto de la Comisión parlamentaria acusadora, los miembros del oficialismo han incurrido en numerosos disparates. Cuestionan, entre otras cosas, tres fallos del alto tribunal: la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura sancionada por el Congreso en 2006, la rebaja de la coparticipación a la ciudad violando la Constitución y el fallo sobre el “caso Muiño”, que no solo aplicó la ley entonces vigente, sino que, también, respetó precedentes de sentencias anteriores asegurando los derechos humanos a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Y, por último, la acusación también refiere al manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

En los tres primeros casos se pretende juzgar por el contenido de las sentencias, fallos que precisamente revelan la independencia del Supremo Tribunal. Seguramente esta sana autonomía sorprende a muchos legisladores nacionales representantes de provincias en las que la separación de poderes es una mera ficción, mientras que los integrantes de las Cortes provinciales y Superiores tribunales de Justicia son prácticamente empleados del gobernador, como venimos señalando desde estas columnas.

En cuanto a la cuestión de la Obra Social, la causa se cae por el simple hecho de que la comisión de delitos es causal objetiva que habilita el juicio político si, y solo si, existe una condena previa en sede penal. En este, caso ninguna pesquisa ha impactado sobre los jueces de la Corte Suprema dado que el estatuto de dicha obra social establece la responsabilidad personal de los miembros de su directorio –no de la Corte– por los actos que suscriban y realicen así como también por sus consecuencias. Es preocupante, además, porque evidencia la dudosa calidad de numerosas facultades de derecho, a juzgar por la escasa formación en la materia que muestran algunos diputados, comenzando por la legisladora oficialista por Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, quien preside la Comisión de Juicio Político, prestándose a esta vil maniobra junto con el siniestro espía Rodolfo Tailhade, emergente de los sótanos más oscuros de la democracia.

Se investiga precisamente el escandaloso espionaje a todos los jueces de la Corte y a magistrados de otras instancias, que involucra, entre otros delitos, la contratación de falsas líneas telefónicas a partir de sustituir identidades para plantar conversaciones que los afectaran en su honestidad y buen nombre.

Este lamentable espectáculo circense no tendrá el resultado que busca el oficialismo por no contar con el número de votos necesarios para destituir a los ministros de la Corte, en busca de impunidad y con la complicidad de un grupo de genuflexos que deshonran el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución nacional; el andamiaje es tan insostenible como deleznable.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, ha dejado evidenciado que su modelo es la autocracia electiva. Reiteradamente, se ha manifestado sin eufemismos contraria a la división de poderes del Estado. Tantos excesos no quedan limitados solo a procederes corruptos, sino que se asientan, además, en la creencia de que el voto popular les concede la facultad de ubicarse por encima de la ley. Poco les importan los principios de libertad e igualdad que fijaron los padres fundadores de nuestra nación. Pretenden subordinar todo a la búsqueda de impunidad. Urge volver a poner las cosas en su sitio y devolverle a la Justicia la independencia y el prestigio que aseguran la supervivencia republicana.