Cristina Kirchner recusó al fiscal que investiga su atentado, Carlos Rívolo, por una supuesta filtración de información que le adjudica a su fiscalía y la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, rechazó el planteo de la vicepresidenta “in límine”; es decir, sin darle trámite. Lo consideró “manifiestamente improcedente”, informaron fuentes judiciales.

Los abogados de la vicepresidenta ya habían intentado, sin éxito, correr a Capuchetti y todavía tienen un planteo contra ella en la Corte Suprema. Nunca, hasta ahora, habían cuestionado la participación del fiscal.

Mientras tanto, a instancias de Rívolo, se secuestró un segundo teléfono de Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias del diputado de Pro Gerardo Milman que el día antes del atentado estaban con él en el bar Casablanca cuando un asesor del kirchnerismo dijo haberlo escuchado decir: “Cuando la maten, estoy camino a la Costa”. Gómez Mónaco y la otra joven, Ivana Bohdziewicz, negaron que Milman les hubiera dicho eso. Los abogados de la vicepresidenta pidieron, desde la primera citación como testigos de ambas, que les secuestraran sus teléfonos. En aquel momento la jueza se negó, pero la Cámara Federal hizo lugar a la solicitud de Cristina Kirchner y las jóvenes aceptaron entregarle a Rívolo sus celulares, que fueron peritados.

La nueva medida se debe a que el viernes pasado Bohdziewicz, que ya no trabaja para Milman, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y relató que Gómez Mónaco tenía otro celular que no había entregado a la Justicia. Es por eso que Rívolo pidió el secuestro de ese aparato como parte de un conjunto de medidas de prueba que justificaron que se dispusiera el secreto del sumario, que rige desde el lunes pasado.

Promovida por Milman, Gómez Mónaco, exMiss Argentina, fue funcionaria de la Escuela de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad cuando la ministra era Patricia Bullrich. Milman, hoy diputado, es un dirigente muy cercano a Bullrich y era su jefe de campaña. Desde que se lo involucró con este caso, bajó mucho su perfil.

Los nuevos movimientos en la causa del atentado se dan cuando el expediente atraviesa su tramo final en instrucción. Ya empezaron los trámites para elevar el caso a juicio, en contra de lo que pretende la querella de Cristina Kirchner, que se opone a que la causa sea enviada a los tribunales orales sin más acusados que los tres procesados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Esa oposición se formalizará la semana que viene. Como parte del proceso de elevación, los abogados de la vicepresidenta tienen hasta el miércoles próximo para dar su opinión. Se van a oponer, adelantaron fuentes cercanas a la querella. Después opinarán la fiscalía y las defensas, y resolverá la jueza. La decisión de elevar la causa no es apelable.

El jueves de la semana pasada, el abogado de Bohdziewicz, Rafael Benedicto Díaz Flaqué, presentó un escrito en la fiscalía de Rívolo (que la semana pasada estuvo de licencia, en un congreso en España) en el que pidió que se citara a declarar a su representada. Un dato llamativo de ese escrito es que decía, impreso, que pedía una ampliación de la “indagatoria”, como si Bohdziewicz fuera acusada y no testigo (la indagatoria es la declaración de un imputado, condición que Bohdziewicz nunca tuvo); con una tachadura, el propio Díaz Flaqué rectificó el error y aclaró que pedía una nueva testimonial.

Los abogados de la vicepresidenta sostienen que Gómez Mónaco y su abogado, a quien Bohdziewicz identifica como “Diego”, se enteraron de esa solicitud el mismo día que la presentó Díaz Flaqué y antes de que se hubiera incorporado al expediente, y que presionaron a Bohdziewicz con la intención de controlar lo que iba a decir.

Según la querella, fue la fiscalía la que le filtró el dato que provocó que Gómez Mónaco le reenviara a Bohdziewicz un mensaje (que Bohdziewicz exhibió el viernes) en el que “Diego” le advertía a su clienta sobre la inminente declaración de su excompañera. LA NACION le preguntó a José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Kirchner, por qué afirman que la responsable de la filtración fue la fiscalía y no cualquier otro que se hubiera enterado, por ejemplo, el propio abogado de Bohdziewicz. “El abogado no tendía ningún interés”, respondió. “El interés de la fiscalía -sostuvo- es que estamos hablando de un encubrimiento, le dan información a la contraparte”. Por contraparte, Ubeira se refiere al entorno de Milman.

Capuchetti rechazó la recusación del fiscal esta mañana, dos días después de recibida, informaron fuentes de la causa. Como la juzgó “manifiestamente improcedente”, no le dio siquiera trámite. En los tribunales de Comodoro Py dijeron que en paralelo con las medidas de prueba ordenadas, seguirán adelante ahora los trámites para que la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta sea elevada a juicio.