Luego de varias semanas de protestas en rechazo a la reforma de la Constitución de Jujuy, el gobierno provincial informó que comenzarán a aplicarse multas de hasta dos millones de pesos a los manifestantes. Hasta el momento, “hay más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas”.

Según explicó el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, “las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Aclaró, además, que los importes a pagar van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”.

Los procesos en cuestión están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo respuesta policial, incluida la del 20 de junio, fecha en que el gobernador Gerardo Morales presidió la jura de la reforma en medio de los reclamos sucedidos en distintos puntos de la capital jujeña.

Jujuy, una provincia sitiada por las protestas que respira una calma incómoda después del caos

“La policía de la provincia va a seguir con los trabajos cada vez que se corten las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, agregó el funcionario y aclaró que los montos “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.

Por su parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que había comenzado a denunciar ante la justicia local “la perpetración de delitos” en todo el territorio desde el sábado 17 de junio, día en que ocurrió “una primera represión policial en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.

Según informa la agencia Télam, los hechos denunciados fueron “perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional”.

“De ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas. Se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva”, expresó.

El objetivo de este accionar, donde “el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales”, es que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito, tanto para los autores materiales, cómplices e instigadores”, que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.

En esa sintonía, la idea es “embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos”, a quienes “se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial”. De acuerdo a la información oficial, los pérdidas se traducen en “una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos”.

Con información de la agencia Télam