Una de las discusiones sobre competencia más acaloradas de los últimos años, que se amplificó luego de que un artículo en la revista The Economist llamara a la información el nuevo petróleo, es si la recolección y uso de información a gran escala puede generar problemas de competencia. En este momento hay más de quince países que investigan si este tipo de acciones por parte de distintas plataformas puede infringir regulaciones de defensa de la competencia.

Quienes creen que la recolección y el uso de información pueden atentan contra las leyes de competencia se enfocan en dos problemas potenciales.

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El primero es que las empresas con poder de mercado recolecten más información de la que deberían porque no tienen competidores que los disciplinen. Quienes defienden esta visión creen que la recolección de información perjudica a los usuarios quienes, si tuvieran opciones, compartirían menos información. En otras palabras, consideran que si las plataformas enfrentaran más competencia pedirían menos información a sus usuarios (o, lo que es lo mismo, ofrecerían mejores niveles de “privacidad”, que algunos equiparan a ofrecer un producto de mayor calidad). Desde este punto de vista, sin los frenos que impone la competencia, ciertas empresas que recolectan “demasiada información” abusan de su posición explotando a los usuarios.

Esta lógica ha recibido críticas varias. Para empezar, las prácticas de recolección de información no parecen guardar relación con la posición que las distintas empresas o plataformas tienen en el mercado: la mayoría recolectan niveles similares de información sin importar su tamaño. Por eso, parece difícil sostener que el nivel de recolección es un “abuso” de las empresas que tienen poder de mercado. En segundo lugar, no está claro en qué medida compartir información perjudica a los usuarios: muchas personas no se sienten explotadas cuando se les pide que compartan información (por ejemplo, muchas comparten información sin restricciones en redes sociales), y muchas otras aceptan libremente compartir sus datos para recibir ciertos servicios sin pagar una tarifa a cambio. Por último, hay otras leyes específicamente pensadas para proteger el derecho a la privacidad, y usar las leyes de defensa de la competencia para esto podría no ser la mejor opción. Para decir que una empresa recolecta demasiada información de sus usuarios hay que entender primero cuál sería el nivel razonable o “competitivo” de recolección. Las agencias de defensa de la competencia no están preparadas para contestar esa pregunta. Las leyes que protegen los datos personales parecen más aptas para resolver los problemas vinculados con la recolección de información (aunque la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone en duda este último argumento).

El segundo problema al que apuntan quienes creen que la recolección y el uso de información pueden infringir las leyes de competencia parte de la idea de que la información puede ser un insumo crítico para competir en ciertos mercados. La preocupación subyacente es que las empresas que no tienen acceso a cierta información queden excluidas del mercado, y que las innovadoras empresas que quieran ofrecer nuevos servicios pero no tienen información equivalente no se puedan consolidar. En abstracto esta lógica funciona bien. De hecho, existen muchas situaciones en que las leyes de defensa de la competencia permiten corregir problemas vinculados con la imposibilidad de obtener insumos que son indispensables para competir.

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La debilidad de aplicar esta lógica a la información es que cuando se analizan casos concretos, el control de la información no suele generar esos problemas. En muchos mercados es posible obtener la misma información -o información equivalente- de distintas fuentes a bajo costo. Alguna información necesaria para competir es pública. Mucha información es recolectada en simultáneo por varias empresas (la información usada por las empresas para vender productos o enviar publicidad a un mismo usuario puede ser obtenida por los motores de búsqueda, por comerciantes minoristas que venden online, por las empresas que controlan medios de pagos como tarjetas de crédito o billeteras y por las redes sociales, entre muchas otras). Una gran cantidad de información se vende en el mercado. Todo eso hace difícil que la información necesaria para competir en muchos mercados pueda ser monopolizada o que su acumulación pueda dar ventajas irreplicables.

En algunos casos la clave para competir no está en el acceso a la información, sino en la forma en que las empresas la usan (esto es, no en el insumo que usan para competir sino en cómo compiten). En otros casos, en que la información sí puede resultar necesaria para competir, la falta de competencia puede ser una consecuencia de las características de los mercados, pero no necesariamente el resultado de conductas anticompetitivas de las empresas que la recolectan.

La discusión está abierta y las dudas persisten, pero la niebla está empezando a despejarse. Algunas de las investigaciones han limitado sus objeciones a contextos y usos muy específicos de información. Por ejemplo, el uso por parte de plataformas de información obtenida de ciertos usuarios (negocios que venden en la plataforma) para competir contra esos mismos usuarios. Por otro lado, pareciera que se está gestando un consenso creciente en que la mayoría de las prácticas de recolección y uso de información por parte de plataformas no deben ser objetadas buscando violaciones a las leyes de competencia, sino que requieren de regulación específica. La Unión Europea ha empezado a recorrer ese camino, y otras jurisdicciones prometen seguirla.

El autor es socio del Estudio Beccar Varela y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.