En una decisión que promete traer polémica, la Dirección Nacional Electoral (DINE) –organismo que depende del Ministerio del Interior- desconoció una resolución de la Corte Suprema de 2020 y, en consonancia con la ley de primarias, dispuso restringir el gasto que deberá afrontar el Estado para financiar la impresión de las boletas nacionales de aquellas agrupaciones que participarán en agosto próximo.

De acuerdo a una resolución que publicó hoy, la DINE -a cargo de Marcos Schiavi- se comprometió a desembolsar un total de $8.068 millones en concepto de impresión de boletas a las 97 agrupaciones oficializadas. Todo un récord de partidos políticos que competirán en una elección y que dispara, consecuentemente, los gastos electorales que deberá afrontar el Estado.

Schiavi emitió la resolución en virtud de la ley 26571, que establece que el Estado otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir sus boletas, a razón de una boleta por elector. Sin embargo, la Corte Suprema, en un fallo de 2020, dispuso que ese financiamiento público no se limite a las agrupaciones políticas participantes, sino que debe alcanzar a cada lista interna que compite en las primarias.

La diferencia presupuestaria no es menor: si la DINE cumpliera a rajatabla el fallo del máximo tribunal, el gasto de $8.068 millones para imprimir boletas –de por sí exorbitante- podría incluso duplicarse, advirtieron funcionarios electorales a LA NACION.

Para muestra basta un botón. Según datos oficiales, se presentaron 15 alianzas electorales para competir en la categoría presidente y vice en las primarias. En su resolución, la DINE dispuso pagar $103.351.721 a cada una de esas 15 agrupaciones, más allá de cuántas listas con precandidatos compitan dentro de ellas. El fallo de la Corte, empero, dispone que cada lista interna tiene derecho a percibir el aporte para imprimir sus boletas.

Con esta lógica, el gasto se elevaría a cifras siderales, advierten en el Ministerio del Interior. Un negocio multimillonario del que se aprovechan en cada elección aquellos sellos partidarios menores, incluso ignotos, que multiplican sus listas internas con tal de obtener una tajada de los fondos públicos.

Que lo diga, si no, Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo; junto con el piquetero Luis D’Elía conformaron la agrupación Principios y Valores y presentaron nada menos que cinco listas en la categoría presidencial para competir en primarias. Según la resolución de la DINE, recibirá $103,3 millones para imprimir sus boletas; si se cumpliera el fallo de la Corte, esa cifra treparía a $516 millones.

Según los datos de la justicia electoral, suman 27 las listas oficializadas en todo el país que participarán en estas PASO con candidatos a presidente, el triple que en 2019. Si se siguiera el criterio de la Corte Suprema, el Estado debería desembolsar por todas ellas la friolera de $2800 millones para la impresión de boletas de las 27 listas. En cambio, el gasto que dispuso la DINE es bastante menor porque se limita a las 15 agrupaciones participantes: así, el monto no supera los $1550 millones.

¿Cómo reaccionará la Corte Suprema ante esta decisión de la DINE de desoír su fallo? En la justicia electoral hay cierta preocupación al respecto. “Es probable que haya agrupaciones políticas que, invocando el fallo de la Corte, presenten recursos judiciales para reclamar más dinero para la impresión de sus boletas”, indican. Habrá que ver si el máximo tribunal, ante el gasto descomunal al que se ve obligado el Estado en un contexto de crisis económica, decide revisar su jurisprudencia.

Al monto que el Estado deberá erogar para imprimir boletas en la categoría presidencial -$1550 millones-, se agregan las demás categorías. Según la resolución de la DINE, para la categoría senadores nacionales se desembolsarán $1292 millones; para parlamentarios del Mercosur nacional, otros $1446 millones; para parlamentarios del Mercosur regional, $1884 millones y para diputados nacionales, $1894 millones.

Este “incentivo económico” permite entender por qué se triplicó, en solo cuatro años, la cantidad de listas participantes en las próximas primarias presidenciales. En la grilla confluyen las agrupaciones políticas más competitivas –como Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza- con otras francamente ignotas o de escaso volumen electoral. Son los casos de Proyecto Joven o del partido LiberAr, que debutan en estas lides presidenciales nada menos que con tres listas internas cada uno.

Hay otro factor que explica semejante proliferación de agrupaciones políticas y tiene que ver con la laxitud en los requisitos que la ley exige para su reconocimiento legal.

Para crear y preservar un partido de distrito se requiere contar con un número de afiliados no inferior al 0,4% del total del padrón de electores de la provincia, hasta el máximo de un millón de electores. Esto significa que el número de afiliados requerido, para aquellos distritos que superen el millón de votantes, es de 4000. Una cifra exigua en distritos populosos como Buenos Aires y CABA, que justamente son los territorios con más espacios políticos.