Si algo pudo demostrar Ron DeSantis es que no se rinde cuando se traza un objetivo a conseguir. En 2022, el gobernador de Florida emprendió una batalla legal contra Disney relacionada con el distrito fiscal especial en el cual opera el gigante del entretenimiento y sobre el cual están construidos los parques temáticos. Este año dio un paso adelante mediante la firma de una ley con la que sustrajo a la compañía el régimen de autogobierno con el que contaba desde la década de 1960. Este lunes, el republicano pidió a un tribunal federal que desestime la demanda presentada en su contra por la empresa, en la que se alega que existen represalias ilegales por una disputa política.

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Sin embargo, para comprender la disputa es necesario retrotraerse a principios de 2022. Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando el entonces director ejecutivo de la corporación, Bob Chapek, expresó públicamente su decepción tras la aprobación del proyecto de ley HB 1557 de Florida, apodado Don’t Say Gay (no digas gay) por sus críticos, mediante el cual se prohibía a los distritos escolares la enseñanza de orientación sexual e identidad de género hasta el tercer grado escolar.

Luego de emitir aquella opinión, Disney se convirtió en acreedor de la ira de DeSantis y el gobernador pasó a ser un enemigo acérrimo de la compañía. En abril de 2022, por medio de una ley, este eliminó el distrito especial sobre el cual operaba la empresa, conocido hasta entonces como Reedy Creek Improvement District. Tras la aprobación de esa norma, se puso fin a la autonomía virtual en el desarrollo de decenas de miles de hectáreas en el centro de Florida, donde se ubican sus parques temáticos.

En febrero de este año, los legisladores del estado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que le otorgó a DeSantis el control efectivo sobre una junta que supervisa los servicios municipales y el desarrollo del distrito especial. “Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin”, expresó el gobernador en su oportunidad cuando firmó la norma en el Parlamento estatal.

De esa manera, la legislatura del estado votó para disolver la junta anterior sobre el distrito y crear en su lugar un Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central designado por DeSantis.

Ahora bien, en la demanda presentada por Disney, la compañía asegura que, después de la sanción de la ley No digas gay, DeSantis se valió de todos los recursos a su alcance para hacerse del control del distrito fiscal especial de Orlando.

En la moción presentada por la defensa del gobernador se sostuvo que tanto él como el secretario del Departamento de Oportunidad Económica de Florida eran “inmunes” a la demanda, según consignó ABC News, que refirió que tuvo acceso al documento.

La estrategia de los abogados de DeSantis consiste en insistir en que la demanda carece de mérito para que pueda avanzar en los tribunales. “Ni el gobernador ni el secretario hacen cumplir ninguna de las leyes en cuestión, por lo cual Disney no tiene derecho a demandarlos”, sostuvo la defensa, que agregó en que gobernador tenía derecho a la inmunidad legislativa, que protege sus acciones como jefe del gobierno en Florida, así como a los legisladores en la propuesta, formulación y aprobación de proyectos de ley.

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Mientras un equipo legal defiende al gobernador en un tribunal federal floridano, DeSantis recorre el país como parte de su campaña de postulación como candidato en las elecciones primarias del Partido Republicano, con el objetivo claro de llegar a la Casa Blanca en 2024.