Un empleado administrativo del Ejército argentino, que trabajaba en el Batallón de Arsenales 603, en San Lorenzo, en Santa Fe, fue procesado con prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro de un joven, hijo de un empresario, por el que los captores llegaron a exigir 200.000 dólares como rescate y que, finalmente, fue liberado sin que se pagara el dinero pedido por los delincuentes.

El secuestro había ocurrido el 14 de abril pasado. La víctima, un joven de 27 años, con una discapacidad e insulino dependiente, fue capturado cuando salía de trabajar del Bar Galvense, en Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe-

El joven fue interceptado por dos delincuentes cuando volvía a su casa en bicicleta. Fue maniatado, le cubrieron la cabeza con una capucha y lo obligaron a subir a un Ford Focus de color gris.

La primera llamada extorsiva, donde los delincuentes exigieron 200.000 dólares para liberar al joven, fue hecha desde el teléfono celular de la víctima a las 6.40. Los padres del joven hicieron la denuncia en el número de emergencias 911.

“En poco tiempo se activó un operativo de rescate, encabezado por el fiscal federal Gustavo Onel, que tuvo la colaboración de detectives de la Policía Federal Argentina (PFA)”, explicó una fuente de la investigación.

Desde Buenos Aires, en helicóptero, investigadores del Departamento Antisecuestros de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, viajaron para sumarse al equipo de trabajo que, finalmente, logró resolver el caso.

Con los teléfonos intervenidos para hacer escuchas en forma directa y la colaboración del personal policial, la familia de la víctima negoció con los captores y logró bajar la exigencia del rescate a 5.000.000 de pesos.

Después de 12 horas, la banda de secuestradores liberó a la víctima sin que se pagara el rescate. Se sospecha que, tras las negociaciones con la familia y el paso del tiempo, decidieron abortar el cobro del dinero porque como el joven cautivo era diabético insulinodependiente y no tenía la medicación, su estado de salud no era el mejor.

El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado en una zona rural de Ricardone, en un camino entre la ciudad de San Lorenzo y la localidad de Andino, cerca del domicilio donde estuvo secuestrado.

Con el avance de la investigación, fueron detenidos dos hermanos, vecinos de la víctima, que fueron los dos primeros procesados de la causa.

Pero, los detectives policiales lograron identificar a un tercero sospechoso que, entre otras cosas, habría aportado una casa en construcción donde la víctima estuvo cautiva. Fue detenido y en las últimas horas fue procesado.

El juez federal Reinaldo Rodríguez consideró al agente civil del Ejército como “responsable de secuestro extorsivo, agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por ser el nombrado agente de una fuerza de seguridad y por la cantidad de intervinientes (tres personas); y por ser partícipe necesario en los delitos de “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda y lesiones leves”.

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, tras el análisis de los registros telefónicos, las filmaciones de una cámara de seguridad y la investigación de los detectives de la PFA “se pudo corroborar que el empleado del Ejército está casado con la hermana de los dos primeros detenidos sindicados como los captores. La mujer tiene una vivienda en la localidad de Andino, en Santa Fe, cuyas características coincidían con las relatadas por la víctima como el lugar donde estuvo cautivo”.

Tras las evidencias reunidas, el fiscal Onel solicitó la detención del empleado del Ejército. Para el representante del Ministerio Público el sospechoso puso a disposición la casa en Andino para mantener cautiva a la víctima., quien estuvo presente en el allanamiento hecho en el inmueble y reconoció una serie de objetos.

Además, el teléfono celular del sospechoso “había interactuado el día del hecho en varias ocasiones con los dos celulares de los presuntos secuestradores. Se tomó en cuenta que durante la mañana del 14 de abril pasado, el móvil del imputado, entre las 09.27 y hasta las 11.23, se activó en Andino. En ese mismo lugar estuvo posicionado el teléfono celular de uno de los primeros detenidos”, según el expediente judicial.

“En definitiva, la presencia del sospechoso durante el lapso de dos horas aproximadamente, corroborado por los reportes de su línea móvil y la filmación del vehículo que se encuentra autorizado a conducir, en inmediaciones de la vivienda que se encuentra registrada a nombre de su pareja, donde se presume que la víctima estuvo cautiva, sumado a las llamadas que registró el mismo día del hecho con los autores materiales del secuestro extorsivo, permite concluir que, cuanto menos, puso a disposición el inmueble en cuestión como lugar donde poder mantener oculta y retenida a la víctima mientras exigían el pago de un rescate para su liberación”, sostuvo el magistrado en el procesamiento con prisión preventiva.