Uno se encargaba del “embozado”, la técnica aplicada para ingresar los datos en las tarjetas de débito y de crédito que falsificaban en la “oficina” o “galpón”; otro cumplía el rol de “carpetero”, encargado de organizar la documentación para generar identidades falsas y también captar y utilizar a personas, generalmente de bajos recursos, para abrir cuentas bancarias y sociedades; y estaban los “compradores de calle”, los que se ocupan de hacer las transacciones comerciales con los “libros” y los tuning, como denominaban a los DNI y los plásticos adulterados. El siguiente eslabón estaba reservado para el responsable del traslado, guardado y venta de la mercadería obtenida tras estafar a los comercios y entidades bancarias. Toda la operatoria, según un expediente judicial, era dirigida por Javier Greco, alias el Tano, señalado como jefe de la asociación ilícita, que, hasta su detención, vivía en un exclusivo club de campo de Pilar.

“La organización criminal estaría dedicada a cometer una innumerable cantidad de delitos, fundamentalmente vinculados con la falsificación de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas, así como también la falsificación de tarjetas de crédito y/o débito para así, mediante la usurpación de identidad de terceros ajenos a la organización y la utilización de cartulares apócrifos, llevar a cabo una gran cantidad de defraudaciones cometidas a través de distintos ardides o engaños que perjudicaron patrimonialmente a numerosas personas físicas, entidades bancarias y financieras y comercios, en operaciones realizadas con tarjetas o mediante la adquisición de productos bancarios y/o bienes en locales ubicados en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en la resolución con la que procesó a Greco, de 51 años, y a otros seis sospechosos.

El magistrado, además, trabó un embargo sobre los bienes del presunto jefe de la banda hasta cubrir la suma de 100.000.000 de pesos. Entre los siete procesados figuran dos hijos del Tano Greco, identificados como Sergio y Sabrina.

La banda, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, habría operado desde, al menos, el 18 de mayo de 2019 hasta el 6 de este mes, cuando, por orden del juez González Charvay, detectives de la División Falsificación de Moneda Policía Federal Argentina (PFA) hicieron una serie de allanamientos en las ciudad de Buenos Aires, en Pilar y en Pinamar, entre otros lugares.

“Los detectives policiales, en tan solo seis meses, lograron detectar y constatar el domicilio del jefe de la banda, situado en un club de campo de Pilar”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Sobre el Tano Greco, En la resolución de 125 páginas, donde lo procesó con prisión preventiva, el juez González Charvay sostuvo: “Era el encargado de controlar y dirigir los movimientos de los demás miembros que actuarían bajo sus órdenes, gestionando por sí y/o a través de ellos, entre otras cosas, la obtención de datos personales de distintas personas físicas para la posterior confección de documentos nacionales de identidad apócrifos, así como de las tarjetas bancarias que luego serían utilizadas para las compras que se realizarían en distintos comercios y/o a través de internet, y siendo este sujeto informado de todos los movimientos y/u operaciones de forma continua por sus subordinados”.

En el fallo, el magistrado dio por acreditadas 22 estafas concretadas con las tarjetas de crédito y los DNI que falsificaba la organización criminal en sus “laboratorios”, que iban mudando para evitar ser descubiertos.

Los falsificadores hicieron compras de aparatos de TV, teléfonos celulares, aires acondicionados, soldadoras y ropa, entre otros electrodomésticos y artículos de electrónica.

“Los distintos miembros de la banda, pero fundamentalmente Javier Greco, Raúl Villalba y Sergio Greco, utilizaron a lo largo de esta extensa investigación distintos lugares de reunión en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires a los que llamaban ‘la oficina’, ‘el kiosko’ o ‘el galpón’, y que iban cambiando seguramente con el objeto de no ser detectados en las maniobras ilícitas que practicaban en forma habitual”, explicó el magistrado en la citada resolución.

Entre los sospechosos detenidos y procesados está “el encargado de la obtención de tarjetas vírgenes (con banda magnética, chip de contacto y/o proximidad, a las que los distintos integrantes de la organización se referían como ‘plasticolas triple acción’), para luego ser adulteradas o realizarles el ‘embozado’ y de ese modo llevar adelante las compras de manera fraudulenta con dichas tarjetas adulteradas, a las que los miembros de la banda llamaban ‘tuning’, y la utilización de los cartulares apócrifos”.

En el citado comunicado de prensa, la PFA explicó que la investigación comenzó en 2019, cuando fue detenida una persona que intentó pagar una compra con un DNI falso. Pronto se supo que detrás del sospechoso había una organización sofisticada que intentaba no dejar nada librado al azar.

La organización criminal también estaba integrada por “los ‘compradores de calle’, es decir, quienes se ocupaban de la adquisición de los diferentes productos. En tal sentido, si bien todos los integrantes de la banda realizaban aportes imprescindibles para la materialización de las defraudaciones que se cometían, a lo largo de esta extensa pesquisa se determinó que eran distintas personas –que se iban reemplazando– las que se apersonaban en los comercios munidos de los ‘libros’, (término utilizado por la organización para referirse a los documentos nacionales de identidad apócrifos), y las ‘tuning’, tarjetas de crédito/débito adulteradas, para concretar estas maniobras ilícitas”, sostuvo en el fallo el juez González Charvay.