La libertad de prensa recibió un nuevo golpe en Guatemala con el cierre de El Periódico, medio que ganó renombre por su incansable búsqueda de rendición de cuentas por parte del gobierno guatemalteco. Este cierre es otro grave revés para la democracia cada vez más frágil de este país de América Central, mientras el presidente Alejandro Giammattei dirige al país hacia una mayor represión, apuntando a los críticos, incluidos los medios de comunicación, los políticos de la oposición y el poder judicial.

Desde que Giammattei asumió la presidencia en 2020, El Periódico publicó numerosos artículos de investigación enfocados en la corrupción gubernamental, incluidos el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Sus investigaciones sobre abusos de poder durante varias gestiones lo han puesto en la mira del gobierno.

Cabe recordar que, a fines de julio de 2022, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue detenido en medio de un proceso sumamente controvertido. Aunque las autoridades lo acusaban de lavado de dinero y aseguraban que el caso no tenía nada que ver con su labor periodística, las cuentas bancarias de El Periódico, el medio de comunicación que dirigía, fueron congeladas y varios de sus empleados detenidos y procesados.

Las imputaciones del Ministerio Público en contra de Zamora fueron conducidas por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo acusaciones de corrupción. Además, alrededor de 20 periodistas dejaron el país tras ser amenazados o acusados judicialmente por coberturas incómodas al poder.

Hace pocos días, una misión de organizaciones internacionales de prensa expresó su preocupación por la situación en la que los periodistas y comunicadores ejercen su labor en Guatemala. Concluyeron que en el país se intensifica la intimidación, el silenciamiento y las restricciones al libre ejercicio del periodismo: “Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas” afirmaron.

Los gobiernos populistas y autoritarios enfrentan a los medios de comunicación libres mediante el lawfare o guerra jurídica.

Los periodistas se convierten en objetivos y pueden ser citados a declarar para exigirles revelar sus fuentes o ser incluidos en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Son todas estas circunstancias que se replican fielmente y con todo vigor en nuestro país.

En vísperas de elecciones presidenciales por realizarse el 25 de junio se profundiza -como lo señaló la organización Freedom House- un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo que pueden afectar la credibilidad del resultado del escrutinio. Sin prensa libre e independiente no puede haber elecciones libres y justas, instancias indispensables para cimentar una democracia verdadera.

Ninguna sociedad que respete el Estado de Derecho puede utilizar de manera ilegítima la fuerza del Estado y sus organismos de control y represión para amedrentar, enjuiciar y encarcelar a periodistas independientes. El libre y sano juego democrático encuentra en la libertad de prensa e información un insustituible aliado. Cualquier intento de silenciamiento debe ser duramente denunciado y repudiado para frenar así abusos y procederes al servicio de peligrosas autocracias.