Guatemala se halla inmersa en una gran tormenta política en pleno proceso electoral para designar a su nuevo presidente. La intervención del Ministerio Público, que pidió la suspensión de uno de los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta de los comicios, desató una oleada de reacciones dentro y fuera del país centroamericano.

Los resultados de la primera vuelta del pasado 25 de junio dieron el pase a segunda vuelta en primer lugar a la líder de la centroderechista Unidad Nacional, Sandra Torres, y a Bernardo Arévalo, del novel socialdemócrata Movimiento Semilla que hizo campaña con eje en la lucha contra la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei.

Arévalo, el candidato que se intenta dejar fuera de juego, calificó la acción de los fiscales de “golpe de Estado técnico”. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea alertaron sobre graves riesgos para la ya cuestionada democracia guatemalteca y reclamaron al gobierno de Giammattei el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y al proceso electoral guatemalteco.

Fuera de todo pronóstico, el paso de Arévalo al ballottage, como líder de un partido nuevo, sorprendió. Los analistas explicaron su rápido ascenso en que recogió el hartazgo social ante los negociados y corruptelas del gobierno guatemalteco, proponiéndose como el candidato que busca rescatar el sistema de justicia en el país.

El intento de afectar el proceso electoral mediante la solicitud del Ministerio Público de suspender la personería jurídica de uno de los dos partidos finalistas para la segunda vuelta encendió el amplio rechazo de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Entidades empresariales, gremios, científicos, universitarios, asociaciones de prensa, constitucionalistas, la Conferencia Episcopal y ciudadanos, en pleno ejercicio de sus garantías de libertad de expresión, de petición y de acción, alzaron la voz.

Al inhabilitar a Arévalo, el actual presidente y la clase política tradicional pretendieron que a la segunda vuelta llegasen Sandra Torres y el candidato oficialista, que sorpresivamente obtuvo el tercer lugar.

En su condición de máxima autoridad en materia electoral y con pleno apego al principio de legalidad, cabe celebrar que el Tribunal Supremo Electoral declarara la validez de la elección para presidente y vicepresidente del pasado 25 de junio. Lo resuelto no pretende defender a ningún partido político en particular, sino resguardar un proceso amenazado por oscuros intereses que al desconocer el resultado de las urnas atentan contra la institucionalidad del país.

Es de esperar que las instituciones del Estado, las organizaciones políticas y la sociedad civil en general garanticen el desarrollo de los comicios, el derecho al voto libre y el respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía guatemalteca.