“Si me sucede algo, responsabilizo a la Justicia santiagueña”. Con un fuerte posteo en redes sociales, el productor cordobés Oscar Amato denunció un intento de asesinato por parte de presuntos usurpadores de su campo, ubicado en la localidad de Sumampa, en Santiago del Estero.

En diálogo con LA NACION, Amato hizo el correlato de lo que atraviesa desde que en 1999 compró las 322 hectáreas. Señaló que ya lleva 40 denuncias y no entiende la inactividad del Estado que, en vez de defenderlo, “prefiere no expedirse al respecto”, dijo.

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“Adquirí el campo con todos los papeles para ponerlo a trabajar, hacer ganadería. Empecé con 50 vacas, alquilé un feedlot y sembraba sorgo para darle de comer a la hacienda. Pero en 2005, una pareja, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), se metió en el campo y usurpó un rancho que estaba en la propiedad”, remarcó el productor de 69 años. LA NACION intentó tomar contacto con representantes de Mocase, pero no obtuvo una respuesta positiva.

“Los denuncié para recuperar la posesión, pero la Justicia nunca hizo nada. Primero fueron unas cinco hectáreas que se convirtieron en la actualidad en 69, más del 20% de la superficie. Tengo los impuestos al día y las escrituras a mi nombre”, añadió.

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Año tras año, la situación conflictiva fue empeorando, a punto tal que ahora teme por su vida y la de su empleado. Según dijo, el jueves pasado por la tarde estaba trabajando arriba del tractor, cuando de repente salió del monte un individuo y, a menos de 20 metros, le apuntó con un arma de fuego y luego le disparó. Enseguida se tiró al piso de la maquinaria para que el impacto de bala no lo alcance.

“Desde hace rato me vienen hostigando, amenazando, robando herramientas y animales, destruyendo corrales, rompiendo alambrados y maquinarias. Pero esta vez, cruzaron el límite: me dispararon a la ventanilla del tractor. En total encontramos 22 perdigones de bala de escopeta de calibre16 que impactaron de lleno en el vidrio. Es la segunda vez que lo hacen; la primera pensé que solo querían intimidarme pero yo no iba a dar el brazo a torcer, porque lo único que quiero es trabajar. Invertí un millón de dólares para poner en marcha este establecimiento y me resisto a perderlo. Pero esto pasó a mayores, mi vida está en peligro y la Justicia mira para otro lado. La tercera no la cuento”, subrayó.

En este contexto, el damnificado se dirigió a la comisaría Comunitaria 33 de Sumampa para que la policía vaya al lugar y realice las pericias correspondientes. “Cuando fui a la comisaría para que la policía venga a realizar una pericia, los agentes indicaron que tenían orden de no intervenir. Me dijeron que no podían actuar si no tenían la orden de la fiscal María Luján González Garay, a cargo de la Unidad Fiscal de Tierras y Asuntos Rurales. Dijeron que la magistrada solo había dictado una prohibición de acercamiento de 300 metros e impedimento de contacto. Pero eso es ridículo porque ellos están instalados a 80 metros de donde yo estoy. Parece una burla”, indicó.

“Volví llorando de bronca e impotencia después de eso, una vez más el Estado se hacía a un lado en vez de proteger a un ciudadano que paga sus impuestos y trabaja dentro de la ley. Esa noche pensé que volverían a matarme, pero me hice fuerte y me quedé solo en el campo. Mi empleado no se animó y se fue a dormir al pueblo”, agregó.

La historia de Amato no es un hecho aislado, muy por el contrario, las usurpaciones de campos en esa provincia proliferan sin tregua. Daniel Quindt, de la región de Pinto; Ermelindo Espíndola, de la zona de Cañas Paso, y Juan Lacorte, de Quimilí, son algunos de los tantos productores que padecen desde hace mucho tiempo apropiaciones ilegales y el silencio de un Estado ausente.

“Mi sensación es que perdí todo lo que invertí. Hoy ya no puedo pagar los sueldos. Algunos se cansan y abandonan la producción para preservar su vida. Eso es lo que quieren los políticos. Pero yo seguiré aquí, defendiendo mi trabajo”, cerró.