CÓRDOBA.- Mariela Flores y Martín Sperani, los padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado por su amigo de 13 el jueves pasado en Laboulaye, se reunieron con el juez Penal Juvenil, Sebastián Moro, quien está a cargo de la causa. Fueron acompañados por su abogado, Raúl Frencia. El chico acusado de homicidio está -“para su resguardo”- en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) que depende del Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba. Por su edad es inimputable, por lo que no irá a la cárcel.

En diálogo con LA NACION, Frencia explicó que con Moro tuvieron una charla “informal” en la que les indicó las medidas tomadas y los peritajes que están en marcha. Este miércoles se constituirán como parte querellante. La causa está bajo secreto de sumario por lo que, por el momento, no tendrán acceso.

Fuentes relacionadas con el expediente aseguraron a LA NACION que los investigadores siguen analizando imágenes de cámaras, contenido de teléfonos y tomando testimonios, pero que -por el momento- sigue confirmada la participación solo del menor de 13 años, conocido judicialmente como “L” para resguardar su identidad, quien era compañero de colegio y amigo de la víctima. Las dudas de la familia sobre la posibilidad de que hayan sido más se vinculan con la virulencia con que lo golpeó e incluso con la astucia posterior.

Después se encontraron con el intendente, César Abdala, quien les ofreció lo que esté al alcance de su gestión para colaborar con la familia. El pedido de urgencia fue asistencia psicológica para los padres y los tres hermanos menores de Joaquín.

La víctima y el menor que confesó haberlo matado habían sido compañeros en la escuela primaria y este año, se reencontraron en el secundario. “L” iba a una escuela agrotécnica, pero se cambió de colegio al IPEM Malvinas Argentinas, donde cursaban juntos tercer año.

Todos los testimonios, incluidos los de la familia de Joaquín, coinciden en calificarlos como “íntimos”, “muy compañeros”, de compartir tiempo juntos. Incluso los padres de ambos se conocían y se frecuentaban. No tuvieron más contactos desde el sábado pasado, aunque sí habían hablado y se habían visto después de que Joaquín desapareciera el jueves.

El Régimen Penal de Minoridad argentino establece que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, es decir que los menores no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito. Es el caso del chico de 13 años que se autoincriminó por el asesinato de Joaquín, que fue golpeado con un hierro y bloques de hormigón. La víctima recibió 10 golpes, según determinó la autopsia.

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“L” incluso mintió a la policía cuando le preguntaron como testigo; mencionó que su amigo estaba cansado de lo “estricto” que eran en su casa, que se quería ir. Todo empezó a desarmarse cuando el papá de Joaquín visualizó imágenes de cámaras de seguridad y observó cuando a ese adolescente se le cayó un celular e identificó el teléfono como el que portaba su hijo en el momento de la desaparición; esa situación quedó grabada en el momento que el ahora sospechoso regresaba solo a la escuela. Minutos antes había salido con su compañero.

LA NACION contactó a referentes del área Penal Juvenil, quienes subrayaron la “excepcionalidad” del caso; hay pocos antecedentes en el país. Existen homicidios a manos de menores en el contexto de inseguridad, pero pocos casos marcados por una relación de amistad.

La institucionalización del menor no es una alternativa porque, dicen los expertos, sería aplicar una privación de libertad lo que no está previsto por la ley. Lo primero es terminar con los peritajes y estudios psicológicos, familiares y ambientales que se deben ordenar para, después, determinar la manera en que el Estado debe darle “protección integral y multidisciplinaria”.

El juez penal de menores, en este caso Moro, será el responsable de resolver las medidas que no apuntarán al castigo; buscarán cuidarlo de sí mismo y también proteger a terceras personas. La decisión puede llevar a restituirlo a su familia o bien destinarlo a un espacio para menores no punibles.

Si regresara con sus padres -es hijo único- las fuentes consideran que la Justicia podría aconsejar que la familia se mudara del lugar, ya que vive a pocos kilómetros de la de Joaquín.

En cambio, si se detectaran problemas de salud mental puede ordenar su internación siempre que sea peligroso para sí mismo o para otros, ya que eso es lo que establece la ley de Salud Mental en vigencia.

Los especialistas insistieron en que podría hacerse un parangón entre el caso de Laboulaye y el de los dos crímenes cometidos en escuelas en la Argentina pero, aun así, advirtieron que no se trata del mismo encuadre y que hay diferencias.

Las referencias son al hecho de agosto del 2000 en la Escuela de Enseñanza Media N° 9 de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown (Buenos Aires), cuando Javier Ignacio Romero mató a un compañero en la puerta del colegio. Tenía 19 años y dijo haberlo hecho cansado de las hostilidades y cargadas que recibía; lo llamaban “Pantriste”, por el personaje de un dibujo animado tímido y melancólico.

El joven fue absuelto en un juicio oral ya que, según los peritajes, no comprendió la criminalidad de lo que había hecho. Se ordenó su internación. Pasó por cuatro cárceles comunes y un neuropsiquiátrico hasta que, a finales de 2018, un juez dispuso su liberación.

Aunque la mamá de Joaquín habló de que habría sufrido bullying, en la escuela descartaron que hubiesen existido agresiones o burlas sistemáticas y afirmaron que hace 20 días, por única vez, Flores fue a plantear que a su hijo le faltaban hojas de las carpetas. Los compañeros, según la directora del Malvinas Argentinas, indicaron que él las regalaba.

El otro caso es el del 28 de septiembre de 2004, cuando un chico de 15 años que cursaba el primer año del ciclo polimodal en la Escuela 202 “Islas Malvinas”, de Carmen de Patagones, llevó el arma reglamentaria de su papá, agente de la Prefectura Naval Argentina, y disparó dentro del aula contra sus compañeros. Mató a tres chicos e hirió gravemente a otros cinco, que lograron sobrevivir a la primera masacre escolar de América Latina.

Ese adolescente fue declarado inimputable por su edad. Durante tres meses permaneció en la base de la Prefectura de Ingeniero White hasta que lo derivaron a un instituto de menores en Ensenada. Luego estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Durante mucho tiempo su paradero fue un secreto. Sigue en tratamiento.

En otros países se considera en forma diferente la imputabilidad de menores. Dos de los casos más emblemáticos al respecto fueron tratados por la justicia británica. En 1993 fueron condenados dos chicos de 10 años, Robert Thompson y Jon Venables por la muerte de un niño de 2, James Bulger. Fueron liberados al cumplir 18 años y se les tregó nuevas identidades. Algo similar había pasado en 1980, cuando salió de la cárcel Mary Bell, después de pasar 12 años encerrada por dos asesinatos de menores. En el momento de esos homicidios tenía 11 años.