El PAMI incorporó al menos 70 personas en los últimos 90 días a pesar de la prohibición de altas que impuso Sergio Massa cuando llegó al Ministerio de Economía. Detrás de estás incorporaciones, surge otro dato novedoso y que genera polémica con la oposición: el organismo que conduce La Cámpora avanza con los gremios en la elaboración de una cláusula de estabilidad que bloquearía eventuales despidos.

Solo entre el último 1° de marzo y el 5 de mayo el PAMI registró el pase a planta de ese grupo de empleados, la mayoría para el área de PAMI Escucha. El PAMI es uno de los organismos manejados por La Cámpora, junto con Anses, Aerolíneas Argentinas e YPF y está liderado por Luana Volnovich, de extrema confianza de Máximo Kirchner. En tanto que entre marzo, abril y mayo de este año aparece la contratación de 1128 personas que representan un total de más de 330 millones de pesos en sueldos por mes.

El tema no queda allí y puede tener alcances a futuro. Según pudo saber LA NACION de distintas fuentes, se trabaja entre la dirección y los sindicatos para introducir una cláusula que dé estabilidad al personal y los proteja de posibles despidos.

Por su constitución el PAMI es un ente público no estatal, cuyo personal, a diferencia de lo que sucede en otras áreas del Estado, no tiene estabilidad y puede ser factible de despedido con causa e indemnización. El objetivo del punto, cuya eventual homologación deberá pasar por el Ministerio de Trabajo, encerraría una doble posibilidad. Si se concreta, podría poner a salvo y dar estabilidad a muchos trabajadores, pero también imponer un problema a la próxima administración que se encargue del Instituto en caso de querer achicar la planta de trabajadores. Algo que hicieron tanto el actual oficialismo, como el anterior cuando asumieron funciones en la dependencia.

“La Cámpora busca asegurar la guarida para más de 3 mil militantes de la agrupación y lo piensan hacer mediante un acuerdo con los dirigente sindicales, modificando a través del convenio colectivo la forma que establece la ley de PAMI para la inclusión de personal”, dijo en diálogo con este diario la legisladora de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña. “El PAMI es un ente público no estatal por lo cual las relaciones laborales dentro de la institución se rigen por la ley de contrato de trabajo”, completó.

Ante la consulta de LA NACION por la eventual incorporación de la cláusula, desde el organismo evitaron definiciones y apuntaron a que “los sindicatos han expresado sus demandas y el próximo mes se llevará a cabo la paritaria anual. Ahí se discutirán los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores”.

Por su parte Ocaña sostiene que “La Cámpora está urdiendo con los dirigente sindicales establecer un sistema que le dé estabilidad a todo el personal de PAMI para que nadie pueda modificar. Hay que recordar que el PAMI ha aumentado dramáticamente el personal dedicando una cantidad enorme de recursos no ha brindar prestaciones sino a pagar la militancia política de La Cámpora, a los cursos sobre fake news que organizan para explicar qué es lo que un jubilado o pensionado puede escuchar que es solamente por supuesto la voz de Cristina se le sumaron los centros de jubilados truchos creados durante la pandemia y los subsidios a los centros de jubilados que eran de La Cámpora”.

Después completó la idea: “Ahora no les basta con eso y preocupados porque próximamente abandonan el poder quieren dejar en el PAMI una cantidad de trabajadores que no corresponden, no tienen que ver con las tareas asistenciales, sino que gran parte de ellos se vinculan a tareas administrativas que básicamente tienen que ver con su militancia en La Cámpora y no en la función que cumple la institución”.

Desde el PAMI sostuvieron respecto de las contrataciones que en “el único lugar en el que todavía hay casi mil trabajadores bajo la modalidad de contrato es en los hospitales propios de PAMI”. Resaltaron que “estos trabajadores de la salud (profesionales, médicos, enfermeros, radiólogos, técnicos laboratoristas, entre otros), hacen un trabajo destacable todos los días y, además, fueron vitales durante el bienio de la pandemia”. Agregaron que no obstante eso, “PAMI, al igual que todos los organismos del Estado, se encuentra limitado en su capacidad para contratar personal de acuerdo al decreto 426/2022. Y apuntaron que “la regularización de la situación contractual de los trabajadores no es una decisión unilateral del organismo sino que requiere la autorización del Poder Ejecutivo Nacional”.

Detallaron que, a grandes rasgos, los ingresos se dan en base a altas por bajas y completaron sosteniendo que asumieron la gestión “con una planta permanente de 14.456 trabajadores y hoy con un aumento significativo en la cantidad de afiliados, la puesta en marcha de tres nuevos hospitales, la duplicación de camas y el 70% más de atención telefónica, el PAMI posee una planta de 12.767 personas”. De acuerdo a la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades (que estableció Massa a cargo del Indec) el Instituto tiene una dotación total de 14.431, un número similar al que tenían cuando empezó la gestión, de los cuales 12.796 personas en convenio colectivo de trabajo; 19 fuera de convenio y 1.616 como “otros”.

Desde el PAMI resaltan que en 2019 recibieron el organismo “con 19 mil millones de pesos de deuda y 800 millones de déficit mensual. Hoy, saneamos las cuentas: no tenemos deudas y alcanzamos el superávit financiero”.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, es decir en poco más de dos años de gestión, el PAMI realizó 1363 incorporaciones bajo contrato de locación de servicios, y 1356 incorporaciones bajo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 697/05 “E” y CCT N° 122/75. La explicación oficial del Instituto es que “una gran cantidad de las incorporaciones de personal fueron destinadas a los Hospitales que se abrieron en esta gestión, los cuales se encontraban prácticamente terminados pero estaban cerrados por falta de personal dispuesto por la gestión anterior”, en referencia al macrismo. También detallan que “se destinó al personal contratado a los Centros de vacunación por Covid-19, y para reemplazar a las bajas del personal por jubilaciones y fallecimientos”.