Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dio una clara victoria al gobierno demócrata del presidente Joe Biden, que da prioridad a la deportación de inmigrantes que signifiquen un peligro mayor para la seguridad pública o capturados en la frontera. Por ocho votos contra uno, los jueces autorizaron al gobierno a aplicar la política en materia de deportación.

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De esta manera, el alto tribunal rechazó la apelación presentada por los estados gobernados por republicanos de Texas y Louisiana, contra una norma que, de acuerdo con la administración Biden, reconoce que no hay dinero ni personal suficiente para deportar a los 11 millones de personas que entran sin permiso al país.

Los dos estados republicanos habían argumentado que la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar también a aquellos que significan escaso riesgo. No obstante, la corte sostuvo que los estados no tenían derecho a demandar en este caso.

La sentencia de este viernes permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1° de noviembre de 2020. “No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de los inmigrantes indocumentados”, defendió Mayorkas, en una visión distinta a la ofrecida por el expresidente Donald Trump. Esta medida fue impugnada ante la justicia por las autoridades de Louisiana y Texas. Un juez falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó que se implementara la política.

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Entonces, el gobierno de Biden recurrió a la Corte Suprema, que finalmente logró el acuerdo. “Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla”, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal, en declaraciones citadas por la agencia AFP. “En aplicación de este principio fundamental (...), concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda”.

Asimismo, el magistrado recalcó que esta decisión no puede ser interpretada como una sugerencia para que el Ejecutivo actúe con libertad completa en la materia, con lo que dejó la puerta abierta a futuras demandas. El único voto diferente fue del juez Samuel Alito, quien sostuvo que la medida favorece al presidente sobre el Congreso y vuelve impotentes a los estados agobiados por los efectos de la inmigración ilegal masiva.

Posturas opuestas y debate, las diferentes reacciones a la decisión de la Corte Suprema

Tras conocer la resolución, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, afirmó que se trataba de una decisión escandalosa. En su cuenta de Twitter, escribió que la Corte Suprema daba “carta blanca a la administración Biden” y prometió seguir con el despliegue de la Guardia Nacional en su estado para disuadir a los migrantes.

Por otro lado, el grupo de derechos civiles Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) respondió con satisfacción a la respuesta “sensata” de la Suprema Corte a la iniciativa de Texas y Louisiana de “obligar al gobierno a implementar la política de control de inmigración más draconiana”.

La inmigración ilegal es un punto de debate para los estadounidenses. Desde ahora, mientras se perfilan los candidatos para las elecciones de 2024, se proyecta como uno de los asuntos principales en las campañas.