La inflación de mayo, expresada por el aumento mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, resultó del 7,8%. Es un valor inferior al de abril pasado, pero que confirma el sostenimiento del fenómeno. Se destaca una diferencia con las mediciones de las consultoras privadas, cuyos valores resultaron entre 8,5% y 9% para la inflación minorista de mayo.

La composición del aumento muestra importantes disparidades. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas traccionó esta vez hacia abajo. En esto influyó la carne, con un muy bajo movimiento de precios después del fuerte aumento del mes anterior. El incremento oficial acumulado en los últimos 12 meses arroja 114,2%, una inflación anual que no se había alcanzado desde 1991.

Se mantiene una alta inflación a pesar de los diversos anclajes ensayados por el Gobierno. Tal vez el de mayor efecto es el retraso ex profeso del tipo de cambio aplicado al comercio exterior y las operaciones financieras.

El programa de Precios Cuidados es inoperante y dañino, aunque pueda serle útil al Gobierno para la exposición estadística de un índice morigerado

Mientras el IPC creció 5,7 veces desde diciembre de 2019, la cotización administrada del dólar oficial lo hizo sólo 3,8 veces. Naturalmente esta política cambiaria no ha sido inocua. Se ha convertido en un deporte nacional conseguir los dólares del Banco Central a la mitad del precio que debe pagárselos en el mercado informal. Para ello se recurre a diversos arbitrios tales como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones. Inexorablemente, el Banco Central se queda sin reservas disponibles. La consecuencia es la limitación forzada de importaciones y el desabastecimiento con su previsible impacto recesivo.

Otro de los instrumentos aplicados es el del control de precios. Con seguridad, el programa de Precios Cuidados es en la realidad inoperante y dañino, aunque pueda ser útil al Gobierno para la exposición estadística de un índice morigerado. Otro instrumento de anclaje ha sido el congelamiento o el retraso de las tarifas de servicios públicos. Por ser precios regulados, deben ser respetados por los operadores y su consideración en el índice es en este caso apropiada. Sin embargo, la consecuencia es un creciente monto de compensaciones o subsidios hacia las empresas prestadoras, que incrementan el déficit fiscal, la emisión y por consiguiente la inflación. Es el fenómeno de la frazada corta. Si por un lado se logra reducir la inflación medida por el Indec, por el otro se genera un componente reprimido que en algún momento futuro se recuperará. Cualquier política de estabilización que instrumente el próximo gobierno deberá ser precedida por una normalización de las tarifas y, en general, de todos los precios relativos que han sido expresamente retrasados.

La realidad es que la persistente inflación está alimentada por un alto ritmo de emisión monetaria que es consecuencia a su vez de un déficit fiscal que no cede y que dista de cumplir con los límites establecidos en el presupuesto y los acordados con el Fondo Monetario Internacional. La reabsorción operada por la colocación de letras remuneradas del Banco Central no ha sido suficiente a pesar de haber alcanzado un stock que supera los 15 billones de pesos. La contracara de esta deuda es el enorme gasto cuasifiscal por el pago de intereses. El efecto inflacionario de esta expansión monetaria puede potenciarse, y de hecho sucede, con el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Este fenómeno resulta del comportamiento de la gente frente a la percepción de la inmediata desvalorización del dinero y la desconfianza sobre la capacidad del gobierno para controlarla. Esta es la mayor amenaza sobre la gente y también para el actual gobierno, que solo podrá eludirla si en las próximas primarias surge la evidencia de un triunfo de la oposición en las elecciones de octubre. Es una paradoja de las tantas que nos regala el populismo.