La justicia porteña autorizó a uno de los asesinos de José Luis Cabezas, Gustavo Prellezo, a ejercer como abogado, título que consiguió en la cárcel, mientras cumplía prisión perpetua. El expolicía bonaerense se había recibido en el año 2020, sin embargo un fallo del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) lo excluyó de la matrícula. La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa decisión el miércoles por la tarde.

“Escándalo”, escribió Gabriel Michi, el periodista que junto a Cabezas cubría la temporada de verano en Pinamar para la Revista Noticias, cuando el reportero gráfico fue asesinado. Prellezo fue dejado en libertad el año pasado, tras cinco años de estar en libertad condicional.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal permitirá de esta manera que un criminal que fue condenado a perpetua y estaba inhabilitado por los artículos 44 y 45 de la Ley 23187 pueda ejercer como abogado, algo que le habían denegado en Provincia y CABA. Un escándalo.

En ese sentido, y en un breve hilo de tuits, Michi explicó: “La Cámara en lo Contencioso Administrativo permitirá de esta manera que un criminal que fue condenado a perpetua y estaba inhabilitado por los artículos 44 y 45 de la Ley 23187 pueda ejercer como abogado, algo que le habían denegado en Provincia y CABA. Un escándalo”.

Tras ello, consideró que se trata de “una nueva afrenta a la memoria de José Luis Cabezas, a su familia y a toda la sociedad argentina”, pero especuló con que la Corte Suprema podría hacer lugar a un recurso extraordinario que podría presentar el CPACF. “Mientras tanto, cuidado porque hay un asesino suelto en Tribunales”, expresó el periodista.

En el año 2020, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) resolvió excluir de la matrícula de abogados a Gustavo Prellezo, el que había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato Cabezas, ocurrido en Pinamar el 25 de agosto de 1997.

En ese momento, la decisión fue tomada por unanimidad por 15 jueces (de los cuales 12 emitieron votos propios y tres adhirieron a los demás) en respuesta a un planteo de la familia de Cabezas, que reclamaba que Prellezo no ejerza como abogado matriculado hasta tanto cumpla la totalidad de la sentencia.

Anteriormente la familia Cabezas había advertido que Prellezo ejercía como abogado matriculado desde el 22 de agosto de 2018.

El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras la fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.

Para la Justicia, el reportero gráfico fue secuestrado por la llamada “Banda de Los Horneros” en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevado hasta una cava en un camino rural de General Madariaga, al otro lado de la ruta 11, donde Prellezo lo asesinó de dos tiros en la cabeza; el cadáver fue hallado horas después, carbonizado, dentro del Ford Fiesta que el reportero y su compañero, Gabriel Michi, usaban para trabajar durante el trabajo en la costa.

La investigación judicial determinó que el empresario Alfredo Yabrán fue el autor intelectual “mediato” del crimen de Cabezas, que casi un año antes le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el exsargento del Ejército Gregorio Ríos fue el autor ideológico “inmediato” del homicidio. En el juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como “autor material”.

En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad y en 2010, a Prellezo le otorgaron la prisión domiciliaria por problemas de salud.

El 8 de enero de 2017, el expolicía salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores.