¿De qué nos habla una joven que se estrella la cabeza contra el vidrio de un patrullero para presentarse ante las cámaras, con el rostro ensangrentado, como víctima de una represión que no existió? Nos tranquilizaría pensar que fue un acto de desequilibrio y desvarío individual. Sin embargo, el episodio ocurrido la semana pasada en Jujuy, en medio de un brutal ataque contra las instituciones democráticas, tal vez encienda una alarma sobre un peligro que acecha en la Argentina: el del activismo lumpen. ¿Es un fenómeno con “vida propia” o está estimulado y financiado desde esferas del poder? La dirigencia “dura y combativa”, ¿ve en ese cabezazo una conducta desquiciada o un acto de coraje y de valor? ¿Fue un simple arrebato psicópata o una acción política premeditada? ¿Ante quiénes buscaba exhibirse esa suerte de inmolación militante?

Son preguntas inquietantes, porque la escena remite a algo que parecía superado: el cruce de la política con la locura, y la utilización de la vida, propia y ajena, como herramienta de acción militante. Pero al mismo tiempo se ensambla con algunos rasgos de esta época: la manipulación de la verdad, la ignorancia de los hechos y la fabricación de relatos que hasta suelen incluir mártires imaginarios, como ocurrió en un caso que podría considerarse testigo: el de Santiago Maldonado.

El de la mujer que se hiere a sí misma en la cabeza podría verse como un hecho aislado, pero expresa, en realidad, distorsiones que contaminan la vida pública hasta extremos patológicos: fanatismo y descontrol, victimismo y manipulación, violencia y mentira. Todo se combina en un cóctel explosivo que algunos sectores de la política parecen agitar con rampante irresponsabilidad. Esta joven estuvo a cinco milímetros de convertirse en “símbolo de la represión” y en el rostro de una bandera contra un gobierno opositor. Si eso no llegó a ocurrir, fue por una casualidad: un teléfono celular pudo captar con nitidez la escena real y completa, cuando un canal militante, C5N, ya recortaba la imagen y presentaba a “la víctima” como prueba de la “brutalidad policial”. La operación fue desenmascarada, además, por el periodismo profesional, que alertó sobre la falacia y retrató la historia de la mujer: antecedentes por delitos menores, vínculo con las drogas, desempleo intermitente, precariedad habitacional. Un cuadro de vulnerabilidad en el que operan ciertas organizaciones políticas y sociales, como las de Milagro Sala en Jujuy o la de Emerenciano Sena en el Chaco, que han convertido a la marginalidad en un negocio y también en una maquinaria extorsiva.

Cuando se cierra el plano sobre la violencia desatada hace una semana en Jujuy se observa precisamente este paisaje: actores marginales, muchos con prontuario policial, a los que aparentemente recurren determinados sectores políticos para utilizarlos como agitadores y fuerzas de choque que salen a la calle a desplegar violencia y provocar la represión. El caso de la mujer que se autolesiona deja en evidencia el verdadero propósito: estigmatizar a las fuerzas de seguridad y, junto con ellas, a cualquiera que exprese una noción de orden democrático. La victimización suele ser efectiva: ¿a quién le habríamos creído si no hubieran existido las imágenes? ¿A la mujer que sangraba o a un policía que dijera que en realidad se había lesionado a propósito?

El episodio cobra relevancia porque nos muestra, quizás, un fenómeno novedoso: la incorporación al activismo político de grupos marginales que, con poco o nada que perder, salen a “poner el cuerpo” hasta el límite de lo autodestructivo. Se entronca con la tradición de una militancia violenta de ciertos grupos de izquierda, pero incorpora un nuevo actor, más cercano al lumpen que al militante moldeado en los prejuicios y dogmatismos ideológicos. Es un sujeto que combina rasgos de marginalidad con esa cultura del odio que explicitó alguna vez el piquetero Luis D’Elía: odio “a la yuta”, odio al “oligarca”, odio “al otro”.

Salir a buscar la represión, con el objetivo inconfesable de “producir una víctima”, podría ser la estrategia de sectores radicalizados para desestabilizar a un próximo gobierno. Eso es, al menos, lo que muchos temen hoy al analizar los hechos de los últimos días. Y por eso es que la escena de Jujuy merece ser mirada en un contexto más amplio.

Cuando se pone la lupa sobre las periferias urbanas, en las provincias y en el Gran Buenos Aires, se ve un entramado promiscuo en el que la política se mezcla con el delito. Es una telaraña en la que se desdibujan las fronteras partidarias y se consolida una cultura de la anomia en la que cualquier límite normativo resulta difuso. La “violencia rentada” aparece como un fenómeno derivado de un piqueterismo estructural. Ya no solo se convalida el pago por asistir a las marchas. A algunos se les ofrece financiamiento extra por “ir a romper” y a arrojar piedras. ¿Corren ofertas aún más tentadoras por “romperse” a uno mismo con el objetivo de adulterar la realidad? ¿Se busca fabricar víctimas o mártires falsos para alimentar relatos y erosionar a opositores? No hay respuestas claras, pero los hechos resultan tan extraños como sugestivos. ¿Podría haber, en los submundos de la política, algo parecido a aquellas mafias “rompehuesos” que retrató y denunció el cine en la película Carancho? Tal vez no sean circuitos organizados, pero si se tirara de la cuerda del caso de la mujer que se golpeó contra el patrullero tal vez aparecerían, del otro lado, sectores que lucran con el caos callejero y con una suerte de victimismo fake.

Todo adquiere una mayor gravedad cuando se observa la reacción del Gobierno y del propio Presidente frente a los hechos de la semana pasada: ni una sola palabra de condena a esa violencia desatada contra las instituciones, pero sí un “enérgico repudio” a la represión de la policía jujeña. No importa que se haya buscado “fabricar” una víctima ni que se haya intentado incendiar la Legislatura provincial, ni que resultaran heridos con piedras y fierros 42 uniformados. El poder salió a avalar esta lógica de la provocación.

Claro que los excesos represivos deben ser investigados y condenados. Las fuerzas de seguridad están obligadas a actuar con profesionalismo frente al desafío de la violencia callejera. Combinar prudencia, razonabilidad y firmeza es una exigencia básica para policías o gendarmes. Pero la pasividad y la inacción no son una alternativa. Una cosa es la protesta, otra el salvajismo. ¿Qué debería haber hecho la policía provincial según el gobierno nacional? ¿Dejar que quemaran la Legislatura? ¿Mirar sin hacer nada mientras incendiaban autos y arrojaban piedras contra personas y bienes?

Los hechos de Jujuy ofrecen, tal vez, la oportunidad de un debate de fondo: ¿cómo reacciona la sociedad frente a la violencia política? Por supuesto que la Argentina no enfrenta hoy, como en los 70, el trágico desafío de guerrillas urbanas ni de organizaciones armadas, aunque sí debe lidiar con la romantización de aquel pasado, que derivó luego en el terrorismo de Estado. La amenaza hoy proviene de esta suerte de “activismo lumpen” capaz de incendiar los símbolos mismos de la democracia y de apedrear a policías a cambio de unos pesos. Se puede reaccionar como el Presidente, que eligió mirar los hechos con un solo ojo, el de la conveniencia oportunista, para condenar “la violencia del Estado” sin mirar a los que fueron a buscarla y provocarla. Se puede actuar como aquellos gremios docentes que se apresuraron a anunciar un paro “contra la represión en Jujuy”, como ya habían parado tantas veces “por la desaparición de Maldonado”. O se puede actuar con la sensatez de una sociedad democrática que quiere vivir en paz, en un país donde las diferencias no se diriman con piedras ni con palos, donde las fuerzas de seguridad garanticen el orden siempre dentro de la ley, donde el “victimismo” no se convierta en un negocio ni en una herramienta extorsiva y donde se valoren las instituciones, gobierne quien gobierne.

Aquella mujer que se hirió a sí misma para convertirse en “víctima” muestra, en una escala pequeña pero simbólica, el germen de la locura asociado a la política. Dependerá de la dirigencia, por supuesto, pero también de la sociedad, evitar que esa semilla germine.