La carga impositiva representa más de la mitad del valor de un automóvil 0 kilómetro en la Argentina. Constituye el 54% del precio de la unidad, según calculó Adefa, la asociación de terminales. El dato es duro, tanto por su condición de verdad como por lo que significa hacer frente al costo de acceder a un vehículo recién salido de fábrica. Y se hace todavía más impactante si se tiene en cuenta que la presión tributaria en los países vecinos es llamativamente menor: en Chile apenas ronda el 27% y en Brasil el 30%.

El desglose de los impuestos y tasas que debe pagar el flamante propietario de un 0 kilómetro en la Argentina es asfixiante. Agota el simple ejercicio de enumerar esos rubros y causa preocupación hacer un rápido cálculo mental a medida que se van sumando los porcentajes que encarecen el monto final.

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Se impone respirar profundo y prepararse para una tediosa enunciación: Impuesto al Valor Agregado (IVA), 21% para autos y 10,5 para utilitarios; Ganancias, 4,50%; Impuesto interno (popularmente conocido como “impuesto al lujo”), 20% para las unidades de más de $8.400.000 de precio al público y 35% para las que superen los $15.500.000 (montos que rigen entre el 1° de marzo y el 31 de agosto); Impuesto sobre los débitos y créditos, 0,6%; Ingresos Brutos, 10% sobre el margen del concesionario en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y 2,3% en provincia de Buenos Aires; Impuesto de sellos, 3% y Tasa de Seguridad e Higiene municipal, 1%.

La oferta de las concesionarias tiene un elevado componente de unidades fabricadas fuera del país. Si los autos provienen del Mercosur, la buena noticia es que se los considera como producción nacional y en ese caso es posible eludir el 35% de Derecho de Importación.

Se podría decir que una vez se asumieron todos esos tributos termina la primera parte de un proceso que se antoja interminable. Es que, cuando es posible pensar que ya se pagó todo lo que había que pagar, aparecen otros rubros tan importantes como los anteriores.

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La pesadilla continúa: patente (5% a pagar en cuotas), inscripción del vehículo -lo que se conoce como transferencia- (2% para los autos importados y 1,5 para los nacionales) y pequeños ítems que engrosarán el desembolso final como el título, la cédula verde, la chapa patente, el alta en rentas, los formularios 01, 12 y 13 que entregan los concesionarios y la oblea que exime de la VTV por los primeros dos o tres años de la unidad. Claro, una vez cumplido ese último plazo también habrá que hacer la verificación cada dos años en CABA y al cabo de 12 meses en la Provincia.

Adquirir un vehículo nuevo es una experiencia gratificante. Sin dudas lo será más si la operación va de la mano con una presión tributaria mucho menor. El mercado automotor les da esa posibilidad a los compradores de Brasil y Chile.

El primero de esos países, que además es el principal productor del Mercosur, tiene una política que tiende a alentar el desarrollo de la industria automotriz. Y también la comercialización de las unidades. Por esa razón, a mediados de 2021 hizo que los aranceles que pagan los autos europeos para ingresar en su territorio pasen del 35% al 17,5.

Esta medida tiene vinculación directa con la evolución de la industria brasileña. Cuando el stock de fabricación interna baja, se facilita el ingreso de unidades provenientes del Viejo Continente. En momentos en los que, por el contrario, la actividad productiva alcanza para satisfacer la demanda del mercado, se incrementa la tasa de importación.

En cuanto a la fabricación local, en Brasil los tributos van de la mano con el tipo de motor de cada rodado. Según la cilindrada y el combustible utilizado (nafta o mezcla de ese producto y etanol y eléctricos) los porcentajes de carga impositiva van del 7 al 12%. Los vehículos de trabajo y transporte público son los que menos pagan. A eso habría que sumarle el IVA, que en ese país oscila entre el 17 y el 19%.

En Chile todos los autos son importados. Eso representa una diferencia comparativa muy importante con los otros mercados, puesto que no existen acciones para fomentar la producción local. Se aplica un impuesto conocido como “derecho ad valorem” que alcanza al 6% del valor de un patrón denominado CIF, que tiene en cuenta variables tales como el costo del flete, el seguro y el precio de lista. Además, se paga un 19% de IVA, que también se establece según el parámetro CIF.

En ese país, al igual que en la Argentina, se fijó un tributo del 2% para las unidades de lujo. Está destinado a los autos cuyo valor fluctúe entre los 45.956.136 pesos chilenos y 90.429.816, es decir entre los $11 millones y los $23 millones argentinos.

Al tratarse de un segmento acotado de autos, no todas las operaciones están sujetas a ese tributo. En cambio, desde 2017 se fijó lo que se conoce como “impuesto verde” y que apunta a fomentar el uso de vehículos menos contaminantes.

Lo pagan por única vez todas las personas que compren un 0 kilómetro y aunque se calcula en función del rendimiento urbano del vehículo, la emisión de monóxido de nitrógeno y el precio de la unidad, aproximadamente ronda el 2% de valor de la unidad.

Por supuesto en Brasil y Chile se debe registrar -transferir, según el hábito argentino- y verificar regularmente los autos, además de cumplir con los requisitos legales para circular. Pero la misión se torna menos demandante, dado que el punto de partida en esos territorios resulta menos oneroso por la presión tributaria más reducida.

Y sí, las comparaciones son odiosas y demuestran que la carga impositiva en la Argentina es sustancialmente más alta que en Brasil y Chile. Casi se podría decir que mientras en nuestro país el Estado es dueño de la mitad del valor de un auto, en las naciones vecinas apenas es un compañero de viaje.