Gun Violence Archive, organización no gubernamental que cataloga incidentes de violencia armada en Estados Unidos, reportó 199 tiroteos masivos en lo que va del año. Se definen así cuando cuatro o más personas resultan heridas o muertas. La frecuencia de estas tragedias se ha vuelto tan apabullante que se puede decir que casi se han normalizado, convirtiéndose en un fenómeno que encuentra a una población cada vez más anestesiada.

Estados Unidos paga un precio muy alto por la cantidad de armas de fuego que circulan en su territorio y la facilidad con la que los estadounidenses tienen acceso a ellas. El país tiene más armas individuales que habitantes: uno de cada tres adultos posee al menos un arma y casi uno de cada dos vive en una casa donde hay una.

La política de armarse para prevenir ser atacado no ha demostrado reducir la inseguridad en ningún país y, en cambio, sí ha propiciado otros tipos de violencia. Garantizar la seguridad no consiste en permitir acumular armas, sino más bien en resolver problemas de fondo como los conflictos y tensiones sociales inherentes a cada país.

Año tras año, los nombres con que se bautizan las masacres (Sandy Hook, Parkland, Virginia Tech, Columbine, Nashville,) se van apilando en la memoria sin que las autoridades estadounidenses encuentren las respuestas oportunas, a pesar de los cambios de gobiernos. El Congreso está dividido y los republicanos se han negado a aprobar cualquier ley federal que toque a la Segunda Enmienda de la Constitución, que considera el uso y posesión de armas como un derecho.

El último de los episodios de violencia ocurrió en un centro comercial de la ciudad de Allen, Texas. Imágenes de video que circulan en internet muestran a un hombre saliendo de un automóvil en el estacionamiento del Allen Premium Outlets y abriendo fuego contra las personas que caminaban cerca y causando la muerte de ocho personas, incluido un niño de 5 años, y múltiples heridos.

Algunos estados han impuesto un mayor control sobre las armas de fuego dentro de sus fronteras. Así, por ejemplo, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, promulgó una nueva ley que exige que se realicen revisiones de antecedentes penales para la compra de fusiles y escopetas, considerando que antes el estado sólo los requería de quienes compraran pistolas. Por su parte, el congreso del estado de Washington aprobó una prohibición de decenas de tipos de fusiles semiautomáticos.

En sentido contrario, en lugar de acoger la propuesta de la Casa Blanca para que se apruebe una ley de control de tipos de armas de combate, que actualmente se adquieren con gran facilidad, el gobernador de la Florida y aspirante presidencial, Ron De Santis, promovió una dispensa para permitir en ese estado la portación de armas sin restricciones.

A nivel federal, el presidente Joe Biden promulgó una norma respaldada por los legisladores demócratas y republicanos que tiene como objetivo fortalecer la verificación de antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de 18 a 21 años y establecer un mejor control de la venta ilegal de armas y el financiamiento de programas dedicados a la salud mental.

La gran paradoja es que la tenencia de armas, fundamentada originalmente en razones de seguridad, es en realidad un nido permanente de inseguridad, causa de un sinfín de tragedias que son un desafío moral en una sociedad irreconciliablemente dividida por este tema.

El presidente Biden exhortó nuevamente al Congreso a presentar un proyecto de ley que prohíba de una buena vez las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y formuló una pregunta que denota la impotencia de una sociedad ante tan dramático problema: “¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería?”.