No sin esfuerzo, Sergio Massa consiguió adjudicarse un papel protagónico de cara a las elecciones PASO. Pero no tiene una tarea fácil en las próximas semanas. No sólo deberá hacer piruetas para fingir concordia entre los socios que componen Unión por la Patria, sino que además deberá disimular los enormes desequilibrios económicos que jaquean a su gestión.

Con años de experiencia, construir un relato desde la política parece ser un arte que domina como pocos. La escena que se ocupó de difundir hoy, en las puertas del Palacio de Hacienda, con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, su otrora enemigo, es sólo una pequeña muestra.

Más desafiante será para Massa, un osado administrador, apuntalar el relato desde lo económico. Su plan, sin embargo, ya comenzó a ejecutarse. El objetivo de máxima es llegar al 13 de agosto sin una devaluación abrupta del tipo de cambio y con una inflación que, al menos temporariamente, comienza a ceder.

Con un fuerte respaldo de Washington, Massa espera en las próximas horas anunciar un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al menos, así lo deja trascender en privado. Pagando con fondos propios mañana el vencimiento de US$2700 millones que la Argentina tiene con el organismo de crédito, el Ministro de alguna manera también condiciona a los técnicos del Fondo a terminar de sellar un acuerdo que garantice llegar a agosto.

Massa utilizará para pagarle al FMI el equivalente a US$1600 millones que tiene el Banco Central en Derechos Especiales de Giro –la moneda del Fondo–, y además consiguió que el organismo aceptara por el monto restante yuanes que la Argentina tomó prestados de China. Esto último es toda una novedad, aunque el FMI ya considera al Yuan como una moneda estable, tan es así que forma parte de la canasta de monedas que conforman un DEG. No importa demasiado en este caso que la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, haya hecho esta semana en París una férrea defensa del uso del dólar como moneda de intercambio internacional y presagiado su continuidad como divisa líder en el futuro, pese al reclamo de los países que integran los Brics. El Fondo necesita que su principal acreedor pague.

Pero la geopolítica no puede soslayarse en ningún momento. Alcanza con seguir lo que sucede por estos días con la empresa canadiense Alpha Lithium, dueña de una mina de litio en la Argentina. El grupo Techint, que ya realizó dos ofertas para quedarse con la compañía, para lo cual requiere la aprobación del gobierno de Canadá, tuvo que manifestar su compromiso de “desarrollar responsablemente los activos de litio de Alpha como parte de la cadena de suministro integrada de baterías occidentales”.

También esta semana el prestigioso matutino británico Financial Times responsabilizó a varias empresas europeas de seguir manteniendo a flote el negocio de exportación de diesel ruso. Según reveló, la trader suiza Trafigura, dueña en la Argentina de PUMA y con yacimientos en Vaca Muerta, recibió un cargamento de diesel ruso en un puerto argentino la semana pasada. Las potencias occidentales no han prohibido este tipo de operaciones por parte de sus empresas, pero han puesto topes a los precios que pagan por los derivados rusos con el objetivo de reducir sus ingresos y por ende su capacidad de fondear a sus Fuerzas Armadas. Otras compañías europeas como Shell y BP, más sensibles al escrutinio público y político, han decidido directamente cortar sus vínculos con Rusia.

A partir del pago, contablemente, las reservas brutas del BCRA, que se miden en dólares, caerían por debajo de los US$30.000 millones. A cambio de las divisas, se evaluó en algún momento que el BCRA reciba del Tesoro una letra intransferible, pero finalmente se habría optado por la opción de que el Central financie con pesos la compra de los fondos, mediante adelantos transitorios; una minucia contable que sin embargo generó fuertes debates en los equipos técnicos del Gobierno.

Si bien desde el Gobierno aclararon que no usarán dólares para el pago –muchos economistas ya consideran que las reservas netas son negativas, con lo cual en tal caso se usarían dólares de los depositantes encajados en el BCRA–, la realidad es que el desembolso también le quitará momentáneamente poder de fuego al Central, que usa los yuanes para pagar importaciones y supuestamente también puede volcarlos al mercado de cambios; en el pasado, incluso ha llegado a utilizar los DEG para intervenir en el mercado de cambios.

Aunque arriesgado, la realidad es que el costo de no pagarle al FMI y entrar en mora era demasiado alto, aún para un Gobierno acostumbrado a jugarle al fleje. Según el reglamento del FMI, para volver a sentarse a negociar un acuerdo con un país moroso, éste antes debe ponerse al día con los créditos, con lo cual para la Argentina eso hubiera significado de todas formas salir a buscar un prestamista en algún país amigo.

La esperanza de Economía es que el FMI reponga los fondos apenas termina de aprobar la revisión del acuerdo para el primer trimestre de este año. Según el cronograma establecido en el acuerdo que ideó Martín Guzmán, se supone que el FMI debía desembolsarle al país este mes US$4000 millones, que le servirían para terminar de cubrir el vencimiento de mañana y parte del de julio, por US$2627 millones. Pero, pese a la banca de los Estados Unidos, accionista principal del FMI y el único en el directorio con poder de veto, la realidad es que las negociaciones con el organismo estaban siendo mucho más complejas de lo esperado por Massa y su equipo. Ya nadie cree que el Fondo vaya a adelantarle a Massa la millonada con la que se ilusionaba al comienzo, y mucho menos, que lo habilite a usar el dinero para intervenir en el mercado de cambios. Se espera más bien que el Fondo avance con el cronograma de desembolsos previsto, lo que no es menor considerando que ya la Argentina había incumplido todas las metas del acuerdo firmado en 2022. (Ahora en junio, se anunciará un rojo fiscal de $900.000 millones, por lo que cada vez luce más imposible la meta fiscal de todo 2023 de 1,9% del PBI).

“La Argentina no tiene mucho tiempo ya para seguir postergando un acuerdo con el FMI, y el organismo lo sabe –admitió una fuente diplomática–. Porque a mediados de julio tiene el próximo vencimiento, que puede postergar hasta finales de mes, como hizo ahora en junio, pero para entonces ya no puede volver a plantear pagar con recursos propios, teniendo tan pocas reservas”, evaluó. Algún deber va a tener que hacer la Argentina –fiscal y cambiario– para lograr que el staff del Fondo termine por aprobar la revisión del programa al primer trimestre y, con ella, libere los desembolsos comprometidos. Está claro –y en el board del FMI lo saben– que no será tan arduo como indican los manuales del organismo. Pero, al mismo tiempo, hay una premisa que hace meses se repite en Washington: ningún accionista del Fondo quiere cargar con la responsabilidad de influir sobre las elecciones argentinas, ni a favor ni en contra de ningún candidato. En tal sentido, soltarle la mano al país sería hundir a Massa, mientras que entregarle todo lo que pide sería elevarlo a un estatus que tampoco desean.

El nerviosismo en el equipo económico en los últimos días era palpable. Tan es así que en estas semanas, con la mejora de las cotizaciones de los bonos soberanos, en la City trascendió que hombres cercanos a Massa volvieron a estudiar la posibilidad de buscar un préstamo entre bancos internacionales para fortalecer reservas. La Argentina no sólo debe en julio pagarle al FMI, sino que también tiene un vencimiento de cupones de bonos reestructurados por unos US$1100 millones. Además, la sangría de dólares del BCRA sigue firme: en junio fueron US$700 millones. Como tantas otras veces, no obstante, esa idea no termina de despegar. Los bonos argentinos siguen valiendo poco y el costo de garantizar un crédito semejante es demasiado elevado.

De conseguir cerrar el acuerdo con el FMI, Massa ya tendrá una parte del plan hasta las PASO adentro. Sin billetera para avanzar con el clásico plan platita electoral, el otro objetivo es intentar mostrar una inflación en descenso. Los números preliminares de junio, aunque todavía extremadamente altos, lo ayudarían a sostener ese relato. Para cerciorarse que la tendencia continúe en julio, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, apunta a un cuasi congelamiento generalizado de precios clave en las próximas semanas. Con los laboratorios, que se habían comprometido a congelar los precios por 15 días hasta fin de mes, acordó ahora -aunque sin firmar nada- que pueden subir precios en julio un punto menos que lo que aumente el IPC del Indec. A muchas empresas de alimentos, bebidas, higiene y limpieza directamente les hizo llegar para que firmen una adenda del acuerdo de Precios Justos, en la que les habilita un aumento de apenas 5% a partir del 15 de julio, sin más incrementos hasta el 15 de agosto, esto es, pos PASO. “El mensaje es: olvídense de más aumentos hasta las PASO. De hecho, prácticamente no está habiendo reuniones con Comercio. Nos está costando que nos reciba. No hay margen de negociación”, reconoció el ejecutivo de una multinacional líder en su rubro. También consiguió un congelamiento de precios con empresas de línea blanca, electro, celulares, calzado, indumentaria, motos y bicicletas. Mientras que a los bancos, que estaban exigiendo conseguir un aumento de tasas de interés para el programa Ahora 12, que vence a fin de mes, les adelantaron que el programa se renovará sin modificaciones en el costo de financiamiento. “Son tiempos electorales”, esgrimieron ante los banqueros. Quien asuma en diciembre no deberá sorprenderse si días antes se registra un sinceramiento generalizado de precios. Será uno más de tantos…