Las denuncias de Ron DeSantis contra el gobierno federal ya no giran en torno a la crisis migratoria que vive Estados Unidos en la frontera sur con México. Este jueves, el gobernador de Florida anunció que presentó una demanda contra la administración Biden y el Departamento de Educación nacional por las agencias de acreditación, que son las encargadas de controlar la ayuda federal que se ofrece a los estudiantes.

La decisión de un juez federal de EE.UU. que podría convertirse en un futuro revés para DeSantis

El documento, que se presentó un día antes en una corte en Fort Lauderdale, cuestiona una ley federal que establece que los institutos educativos deben presentarse ante acreditadores privados para calificar para la obtención de fondos. Estas asociaciones están previamente aprobadas por el Departamento de Educación.

De acuerdo con la normativa federal, las agencias de acreditación privada deciden qué colegios y universidades son elegibles para la distribución de cerca de 112 mil millones de dólares, según consignó AP. Este tipo de dependencias se encargan de fijar los parámetros que los centros educativos deben seguir para mantener la acreditación de forma sostenida en el tiempo.

En contexto, la presentación de la demanda en la corte floridana ocurre mientras DeSantis avanza en su postulación para convertirse en el candidato del Partido Republicano con miras a ocupar la Casa Blanca a partir de 2024.

El gobernador, que se mantiene en el cargo mientras recorre el país dando mítines para recaudar fondos, deberá competir contra el expresidente Donald Trump, el senador Tim Scott, el exvicepresidente Mike Pence, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, el dos veces gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y otros políticos y empresarios que ya anunciaron su interés en la presidencia estadounidense.

A principios de este año, el gobernador republicano nombró a seis nuevos administradores para el New College of Florida, una pequeña institución de unos mil estudiantes en Sarasota, conocida por su pensamiento progresivo y su oferta de cursos creativos. La nueva junta tiene como objetivo convertir el lugar en una escuela de artes liberales clásicas, siguiendo el modelo de la escuela universitaria conservadora Hillsdale College en Michigan.

Entre los argumentos que sostuvo DeSantis con relación a la demanda, dijo que se negaba a “inclinarse ante acreditadores que no rendían cuentas y que pensaban que estaban facultados para administrar las universidades públicas de Florida” y pidió a la corte que se decretara la inconstitucionalidad de la normativa federal.

Por su parte, un portavoz de la Casa Blanca sostuvo que, a través de la demanda, el gobernador traía al espectro nacional “sus guerras culturales como la prohibición de libros” y manifestó que el sistema actual, que tiene larga data “ayudaba a garantizar que los estudiantes recibieran una educación universitaria de calidad”.

Una de las leyes de DeSantis puede obligar a empresas clave a abandonar Florida

DeSantis ya había dado un paso adelante el año pasado, cuando promulgó una ley que prohibía que los colegios y universidades fueran acreditados por la misma agencia o asociación por varios ciclos consecutivos. Asimismo, también facultaba a las universidades a demandar a los acreditadores por daños y perjuicios.