Hace dos meses, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó sin prisión preventiva a cuatro personas por haber sobrefacturado la importación de “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”, en una maniobra que les reportó ganancias por la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el contado con liquidación. Para avanzar en la investigación fue clave la información aportada por los Estados Unidos por medio de un acuerdo de intercambio de datos tributarios. Ahora, el magistrado rechazó un pedido de las defensas para acceder a un legajo de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“En el marco de la presente pesquisa, la UIF se expidió, tanto en oportunidad de remitir el informe incorporado al legajo como al responder la vista conferida en su carácter de tercero interesado, indicando que debía mantenerse la reserva de la información obtenida de fuentes extranjeras. No resulta ocioso señalar que el incumplimiento de los lineamientos establecidos por el Grupo Egmont (que agrupa a 167 Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo) en su Carta y Principios es considerado pasible de sanciones que van desde advertencias hasta suspensión o cancelación de la membresía”, explicó el juez González Charvay al rechazar el pedido de acceso al legajo reservado.

El magistrado agregó: “El análisis efectuado respecto de las normativas internacionales, la postura del más alto tribunal, así como también el derecho interno, me llevan a concluir que no es el suscripto quien cuenta con las atribuciones necesarias para despojar de la reserva otorgada por la Unidad de Información Financiera a la información que fuera remitida por ese organismo y que se encuentra agregada al legajo de investigación al que la defensa pretende acceder”.

Como informó oportunamente LA NACION, el expediente a cargo de González Charvay se inició en junio del año pasado, tras una denuncia de la División Sumarios de Prevención dependiente de la Dirección de Investigaciones de la DGA. En un primer momento, la causa tramitó en el fuero penal económico, pero después, por una cuestión de competencia, quedó radicada en el Juzgado Federal de Campana.

Se investigó una sobrefacturación en la importación desde los Estados Unidos de “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”. La maniobra fraudulenta detectada, según la Dirección General de Aduanas (DGA), ascendería a los 83 millones de dólares.

Hace dos meses, en una resolución de 102 páginas, González Charvay trabó un embargo sobre los bienes de los cuatro procesados de entre 2500 y 5000 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.

Las cuatro personas bajo investigación (tres empresarios y una despachante de aduanas) quedaron procesadas de los delitos de contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. La sospecha es que, con el producto de la sobrefacturación, giraban dólares al valor oficial y los reingresaban a través de sociedades de bolsa a la cotización del “contado con liqui”, para sacar un millonario provecho con la diferencia cambiaria, del orden del 100 por ciento.

“Al efectuar un cotejo entre los valores declarados en la aduana norteamericano y la aduana argentina a través de los 24 despachos de importación correspondientes, se detectaron sustanciales diferencias. Es decir, los valores declarados en la Argentina, US$100.451.157,33, resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América: US$17.367.633″, según se desprende del expediente.

La empresa importadora de la maquinaria pesada es NRG Argentina, que según su página web le ofrece a la industria del petróleo y el gas “insumos estratégicos: arena natural y agente sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la obtención de resultados exitosos en el desarrollo energético de la Argentina”.

Según informó la DGA en un comunicado de prensa, “la fiscalización de Aduana detectó sustanciales diferencias en los valores de la maquinaria adquirida por NRG Argentina a un proveedor en los Estados Unidos –Marull Heavy Equipment LLC– que, incluso, quedaron plasmadas en los documentos de exportación de esa firma.

Pero la información que llegó desde el extranjero merced al acuerdo de intercambio de información tributaria es que uno de los socios de NRG era, a su vez, apoderado de una cuenta bancaria ligada a Marull, desde donde se autorizaron giros por 43 millones de dólares que retornaron a la Argentina por medio de sociedades de bolsa, y se sospecha que fueron liquidados a valores del ‘dólar contado con liquidación’ (CCL) para hacerse de la diferencia cambiaria”.

Además de los procesamientos y los embargos millonarios, el juez González Charvay dispuso que “se arbitren los medios necesarios a los efectos de proceder en busca de e identificación de bienes y productos bancarios en los Estados Unidos, hasta cubrir los 92.339.773 de dólares” a nombre de los sospechosos imputados.