PURMAMARCA-. Desperdigados sobre la ruta, fragmentos de rieles oxidados -arrancados de las vías de un tren que dejó de pasar hace 30 años- forman la primera barricada. De un lado del corte, medio centenar de personas adoran al sol invernal con las manos en alto. Un líder con altoparlante dirige la ceremonia. Rezan por la tierra, por sus comunidades. También por los gobernantes, “para que sepan discernir”, predica el guía, comunero de un pueblo originario de la puna.

Del otro lado del corte, el ambiente no sabe de ritos ni de serenidad. La congestión nace en el cruce de las Ruta Nacional 9 y la 52 y termina perdida entre los cerros, a más de un kilómetro y medio de distancia. Ya pasaron cinco horas desde que los manifestantes permitieron por última vez el paso de vehículos, y entre los autos de turistas, las camionetas que transportan mineros y los camiones de alimentos varados, vendedores ambulantes se pasean con canastos de empanadas. El negocio nunca fue tan fructífero: desde hace más de una semana que esta ruta, al igual que otras ocho de la provincia, permanece cortada, con pequeños lapsos de apertura cada tres, seis o incluso doce horas, dependiendo el día.

“El viernes pasado, salimos temprano de San Salvador hacia Tilcara. Nos agarraron tres cortes y, cuando quisimos pegar la vuelta, a las 17, fue imposible. Estuvimos en la ruta hasta las 3 de la mañana”, recuerda Alejandro, que maneja un camión con mercadería general para almacenes y restaurantes. Hoy se encuentra nuevamente en el corte, y decidió bajar de su vehículo para socializar con otros conductores. No se conocen, pero en este contexto, encontrar tema de conversación es simple.

“El problema, en verdad, es que nunca se sabe con anticipación cuándo van a abrir. Llegamos a las 7:30 y nos enteramos de que habían abierto a las 6. Ahora, hasta las 12 no se puede pasar”, suma Edgardo (53) maquinista de una planta de extracción de oro en el límite con Bolivia.

“Es la única forma que tenemos para visibilizar”

Felipe Carlos, comunero de un pueblo originario del norte de Jujuy, hace guardia junto a la primera barricada. “Vamos a dejar de cortar las rutas cuando bajen la reforma”, dice con firmeza, parado de frente a los autos.

Sin embargo, minutos después otros dos manifestantes -seleccionados por la asamblea general para contestar las preguntas de LA NACION- apuntan otras dos condiciones necesarias para el cese de la medida de fuerza. Además de la derogación de la reforma, exigen “que renuncie el gobernador y que se deje de perseguir a los comuneros de los pueblos indígenas”. “Nos están aplicando una causa por los cortes”, afirma uno de ellos.

Los manifestantes hoy presentes forman parte del Tercer Malón de la Paz, un nuevo grupo conformado por comunidades originarias jujeñas. Las une, entre otras cuestiones, su oposición a la reforma constitucional, firmada el martes pasado y votada por una Convención Constituyente. Su nombre hace honor a la histórica marcha de pueblos originarios jujeños que tuvo lugar en 1946 para exigir los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban.

“Esta es la única forma que tenemos para visibilizar nuestros problemas -enfatiza una de ellos-. Mucha gente se acerca y nos dice: ‘¿Por qué nos perjudican a nosotros acá? Vayan a manifestarse a la Casa de Gobierno’. Tienen razón, a nosotros tampoco es que nos gusta estar acá. Pero las veces que fuimos, el gobernador valló todo el edificio, puso a la policía y no apareció. Todas las notas que presentamos no sé a dónde fueron a parar porque nunca nos respondieron”.

La realidad es que el conflicto entre pueblos indígenas y el Gobierno no parece estar cerca de un desenlace pacífico. Sobre posibles soluciones a la problemática actual, desde la Secretaría de Asuntos Indígenas afirman que el Gobierno espera el accionar de Gendarmería, que ya fue solicitado.

A su vez, Sonia Ochoa, quien dirige la secretaría, afirma que el diálogo con las comunidades está abierto y que hace días que su equipo visita comunidades, especialmente en la zona de la puna, donde se encuentra la mayor resistencia a la nueva Carta Magna, para reunirse en asambleas con miembros de las comunidades. Aunque a esta altura del conflicto los grupos que encabezan los cortes no parecen estar dispuestos a dialogar, acepta.

Según Ochoa, el conflicto actual “forma parte de una situación de desinformación o información malintencionada en cuanto a la reforma”. También sostiene que los responsables de esta “confusión” en torno al documento constitucional son “miembros políticos y partidarios opositores”.

La influencia externa en Purmamarca, dicen desde el gobierno de Morales, se hizo visible especialmente el sábado pasado, el día de mayor conflicto en este corte de la Ruta 9, que terminó con represión policial, decenas de heridos -de ambos lados del enfrentamiento- y de detenidos, y al menos dos causas judiciales contra los manifestantes.

Denuncias, campañas de “desinformación” y presuntos infiltrados

El sábado pasado, en este mismo corte de ruta, considerado el más importante de la provincia por las limitaciones a la circulación que provoca, ocurrió un enfrentamiento violento entre policías y manifestantes. Cada bando tiene visiones radicalmente opuestas de lo que sucedió. Mientras que las poblaciones indígenas denuncian haber sido agredidas sin causa por las fuerzas policiales, sectores de seguridad y fuentes gubernamentales relatan otra versión: sostienen que ese día, a diferencia de los anteriores y los que siguieron, había gran cantidad de manifestantes que no pertenecían a las poblaciones locales y que eran “extremadamente radicales” en cuanto al corte de la ruta.

“No permitían el paso ni a las ambulancias. Había autos con embarazadas, con niños, con personas discapacitadas, y no los querían dejar pasar”, dice una fuente, quien además asegura que ese accionar no es propio de los pueblos originarios de la zona. Actualmente, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy investiga dos denuncias, una iniciada por el SAME y la otra por una empresa privada, ambas por la privación del paso de sus vehículos durante esa jornada, según hizo saber a LA NACION el fiscal Walter Rondón.

Respecto a las acusaciones, los asambleístas del Tercer Malón de la Paz aseguran que las denuncias son infundadas, que nunca se le negó el paso a una ambulancia. Aunque aceptan que hay militantes que se unen a su causa e intentan incidir en su accionar.

Ayer, durante la visita de LA NACION, se llevó a cabo una reunión de comuneros en la que participaron dos invitados que viajaron de Buenos Aires para acompañar la medida de fuerza: se trataba de dos dirigentes de FeTIA, Federación de Trabajadores de la Industria y Afines, cuyo secretario general es cercano al kirchnerismo. En la reunión, uno de los dos visitantes tomó la palabra y habló sobre Derechos Humanos y, en el medio de su discurso, despotricó contra Mauricio Macri.

“Es verdad que meten política. Hay mucha tergiversación de la lucha en sí. Pero bueno, el reclamo nuestro sigue siendo el mismo: abajo la reforma”, comenta la asambleísta indígena. “Nosotros no nos llevamos por lo que dicen. Tratan, tal vez, de implementar sus ideas, pero nosotros no nos prendemos a su juego. Esta es una lucha que siempre va a ser nuestra. Solo les decimos que está bien el acompañamiento, pero hasta ahí nomás. Han venido hermanos que se han solidarizado con nuestra causa, pero acá somos nosotros, los pueblos indígenas, los que decidimos finalmente, en asamblea soberana”, suma su compañero.

La reforma, según visiones radicalmente opuestas

El Gobierno y el Tercer Malón de la Paz tienen visiones opuestas sobre la reforma. Los primeros aseguran que los artículos ligados a la posesión de tierras y a las comunidades originarias, que finalmente fueron suspendidas por el revuelo ocasionado, sumaban derechos, los segundos argumentan lo contrario.

“Hubo confusiones en la interpretación -suma Ochoa-. Por ejemplo, muchos entendieron que con la reforma no iban a poder manifestar sus derechos. No es así. Pero los cortes de ruta son un delito, están tipificados así. La reforma de la Constitución no viene a traer novedades respecto a ese tema”.

Pero el Tercer Malón de la Paz dice oponerse al documento no solo por su contenido, sino también por la manera en que fue ejecutado -según creen, “a espaldas de las comunidades y de la sociedad jujeña en general”-. Afirman que no hubo una consulta Libre, Previa e Informada con los pueblos indígenas, como establece la ley internacional. “Gerardo Morales dice que esta es una reforma dialoguista, que se debatió. Pero es mentira”, afirma la asambleísta.

Mientras Morales sostiene que hubo reuniones informativas sobre el documento en las que participaron miembros de 158 de los 274 pueblos originarios jujeños que tienen personería jurídica, la abogada Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, subraya: “Hubo una manipulación de las comunidades por parte del gobierno de Morales. La consulta es mucho más que firmar un acta. Las comunidades están criticando toda la reforma, primero, porque no les consultaron de la manera correcta, y segundo, porque los afecta en todos los aspectos de su vida”. Además, afirma que se dejó fuera de la discusión a cientos de poblaciones indígenas.

Entre los principales reclamos de las diferentes comunidades agrupadas, se encuentra la extracción de litio y de otros recursos naturales y el acceso al agua.

El Litio, bandera del gobierno jujeño y enemigo del Tercer Malón

Uno de los cortes de ruta más severos de Jujuy está ubicado en el del ingreso a la empresa Minera Exar S.A (conformada por Lithium Americas Corp, Ganfeng Lithium y JEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que se dedica al desarrollo y a la producción de litio en Jujuy, específicamente en el Salar Cauchari-Olaroz.

El litio está presente en diferentes proyectos gubernamentales, por ejemplo, en el del tren solar con baterías de litio que, según se anunció, se inaugurará a fines de año y volverá a conectar Purmamarca con la capital. En los últimos días, en medio del conflicto por la reforma de la constitución, Morales ha argumentado públicamente los beneficios de la extracción de este recurso natural para la producción de energías renovables.

Pero el litio es, a su vez, uno de los enemigos principales de las comunidades del Tercer Malón de la Paz. “Para su extracción se necesita muchísima cantidad de agua. ¿Qué va a producir a futuro eso? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nos vamos a quedar sin agua dulce, se van a secar las plantas, va a cambiar el ecosistema, los animales van a morir. Entonces, es como matar nuestro espacio de vida, a nuestra Pacha Mama”, dice una referente, y suma: “Durante décadas hemos tenido explotación de los mal llamados recursos naturales, porque nosotros consideramos que son bienes. ¿Qué le queda a la provincia y al país de toda esta riqueza? Le brindamos los recursos a las empresas extranjeras y acá no hay progreso, no hay desarrollo. La gente sigue en la pobreza”.

Sobre las energías renovables que se producen con litio dice: “Están declarando a toda esta zona zona de sacrificio. Sacar el litio implica sacrificar nuestro territorio. Nosotros somos guardianes ancestrales de estos territorios. Es nuestra madre la tierra”, sostiene la referente.

Pero ni siquiera entre los pueblos indígenas no hay consenso sobre la extracción de recursos naturales. Hay quienes se oponen, como los miembros del Tercer Malón por la Paz, y quienes se muestran a favor. Incluso hay pueblos enteros que viven de las ganancias y los puestos de trabajo generados por estas empresas. Tampoco hay consenso a nivel científico sobre los efectos del litio en el ambiente a largo plazo. Y entonces solo queda escuchar los argumentos de unos y los contraargumentos de los otros, mientras el conflicto no cesa.