El juez federal Leopoldo Bruglia, trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri a la estratégica Cámara Federal porteña, demandó el viernes pasado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. Lo acusa de haberlo difamado y le reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos.

Según Bruglia, el Presidente debe retractarse de sus dichos porque fue el responsable de una “difamación pública” en su contra “con argumentos falaces y ataques a la investidura” de juez federal, y porque eso le causó “daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral– daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.

El juez acusa a Fernández de haber propagado sus falsas acusaciones, vertidas en Twitter, “exponencialmente” y “sin límite alguno”. Dice que el Presidente llegó con su mensaje “a la comunidad toda” y que incluso transgredió “los límites nacionales” con “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad de juez.

“Provocando además -afirmó Bruglia-, daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad, dañando diversos aspectos de mi vida por la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada por el accionado en la red social Twitter, a través de la publicación de una sucesión de tweets, incurriendo así en la transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe, entre otros, los que deben primar en el trato entre las personas en general y en especial porque los hechos públicamente transmitidos son absoluta y totalmente mendaces, en tanto, no cuentan con asidero ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho.”

Bruglia le reclama también a Fernández “la retractación pública por el mismo medio y cuenta personal y/o mediante una publicación equivalente a la efectuada el día 02/11/2022″. Ese día el Presidente publicó los tuits que Bruglia objeta. Eran mensajes contra fallos dictados por Bruglia y Pablo Bertuzzi -también trasladado a la Cámara Federal por Macri- relacionados con el atentado contra Cristina Kirchner, cuya investigación Bruglia y Bertuzzi ordenaron elevar a juicio de inmediato, sin esperar a que se determinara si hubo autores intelectuales aún no identificados. “Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”, dijo el Presidente en el primero de los tuits de la cadena que dedicó a los camaristas. “Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, añadió.

Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.

Bruglia dijo en su demanda, presentada el viernes pasado en la justicia civil: “El demandado es abogado, hijo de Juez, profesor universitario y Presidente de la Nación Argentina; características que lo convierten en un personaje especialmente cualificado, lo que provoca que su conducta asuma ribetes que no son ordinarios, así como tampoco las consecuencias dañosas de sus dichos. Y su escondida motivación solo él la sabrá, tal vez intentar agradar, quedará solo en el campo de lo condicional y de las suposiciones. Lo que ya no puede conjeturarse fue la clara intención política; por su consecuencia que fue la degradación verbal a la que sometió al suscripto y el origen del enojo, que determinó el desborde de sus expresiones”.

Entre las medidas de prueba que solicitó Bruglia hay un pedido de informes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para determinar “si el Dr. Alberto Angel Fernández DNI: 13.482.686 se desempeña como profesor en dicha Facultad, informando fecha del alta y situación al momento de responder el pedido de informes”. Bruglia explicó por qué pedía esa consulta. “Esta medida probatoria se justifica en cuanto a que su especialidad y desempeño como docente de la Universidad de Buenos Aires determina una capacidad mayor de motivarse, conocer la juridicidad de los actos, alcances, gravedad y evaluar con mayor o menor precisión cuestiones jurídicas. Incide efectivamente sobre la magnitud del aspecto subjetivo en la intención de dañar y por ende en la prueba de la intencionalidad de su voluntad de ofender, repercutiendo también sobre la extensión del daño. Algo interesante para discutir en el presente”, afirmó el juez.

Bruglia sostuvo que el Presidente, con sus conocimientos de derecho, no podía desconocer que la Corte Suprema había convalidado su permanencia en la Cámara Federal.

El juez también solicitó que se cite a declarar como testigos a Elisa Carrió, Daniel Sabsay y Pablo Tonelli, entre otras personas.