Joaquín Morales Solá

Las principales rutas de Jujuy siguen cortadas por grupos de piqueteros, la mayoría de ellos identificados políticamente con el kirchnerismo. En la mañana de este martes, un grupo de manifestantes estuvo a punto de tomar, con la intención de incendiar, la Legislatura de la provincia. La protesta es por la reforma constitucional y, más precisamente, por sus artículos 50, referido a los derechos y garantías de los pueblos indígenas, y el 36, cuya ampliación actualizaba el derecho a la propiedad privada. La reforma de esos artículos fue anulada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como una forma de tender un puente con los revoltosos. No hubo caso. El vandalismo continuó y hasta se agravó. Ambos artículos tendrán ahora la misma redacción de 1986, que, extrañamente, en el caso del de los pueblos aborígenes es menos amplio y más superficial que el que se suprimió. La reforma constitucional de Jujuy fue aprobada por un acuerdo de la coalición gobernante en la provincia (que lidera Gerardo Morales, presidente a su vez del comité nacional del radicalismo) y el peronismo local. Solo la izquierda quedó fuera del acuerdo. El gobernador Morales, debe reconocerse, promovió el acuerdo con el peronismo a pesar de que tenía los votos necesarios en la Asamblea Constituyente como para aprobar con su propia fuerza política la reforma a la Constitución local. El mandatario provincial, que es también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, ordenó la represión con balas de gomas y gases lacrimógenos cuando los manifestantes amenazaban con destruir la sede de la Legislatura provincial; de hecho, algunos manifestantes que lograron entrar al recinto parlamentario comenzaron a prender fuego. Los desmanes se trasladaron luego a la calle, donde los revoltosos incendiaron y destruyeron varios automóviles particulares. En ese contexto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, redactó documento donde repudia solo la violencia de gobierno de Jujuy. Parece una sátira de ellos mismos, pero la gravedad consiste en que no es una sátira. Sucede lo mismo con la CGT, que también escribió un documento en el que habla solo de la violencia de la represión, no de los hechos que promovieron la reacción del Estado provincial.

Morales mantuvo en el nuevo texto de la Constitución la prohibición de cortar las rutas provinciales. Esa disposición es ahora el centro de las violentas protestas. Fue considerada por el kirchnerismo y la izquierda como un menoscabo del derecho a la protesta. Sin embargo, ese artículo de la nueva Constitución jujeña está respaldado por la Constitucional nacional, que garantiza la libre circulación de los argentinos, y por el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a cualquiera que estorbe o impida el “transporte por tierra, aire o mar”. Morales ganó ampliamente las elecciones del primer domingo de mayo pasado, hace menos de un mes y medio, en las que se impuso como gobernador un candidato que proviene también del radicalismo jujeño, Carlos Sadir, impulsado por el mandatario saliente, de quien fue ministro de Hacienda. No obstante, pocas semanas después el kirchnerismo y la izquierda (siempre funcional a los seguidores de Cristina Kirchner) montaron un espectáculo de violencia descontrolada en Jujuy por una diferencia política insustancial.

Advertencia a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, que proyectan profundas reformas estructurales en el país con el único respaldo de un eventual triunfo en las próximas elecciones presidenciales. La violencia de Jujuy es el anticipo de la violencia nacional que promoverá el kirchnerismo ante una política económica ortodoxa si ganara las presidenciales cualquier fuerza política racional, y cuando ya el país no tolera más el sistema de prueba y error en el manejo de la economía argentina. “Hay ingenuidad en Juntos por el Cambio cuando prevén el futuro”, se sinceró ayer un dirigente importante de esa coalición. Por eso, los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio cometerían un grave error si vieran en los estragos de Jujuy solo una desdicha política de Gerardo Morales; es, por el contrario, el vaticinio de lo que podría sucederle a cualquier eventual presidente de Juntos por el Cambio. Wado de Pedro y la CGT lo anticiparon con sus sesgados documentos sobre los destrozos de Jujuy. Es también lo que le pasó a Mauricio Macri en 2017. En octubre de ese año, Macri ganó cómodamente las elecciones de mitad de mandato, pero en diciembre debió enfrentar una violenta insurrección del kirchnerismo; le arrojaron varias toneladas de piedras en la plaza del Congreso cuando se trataba ahí una reforma a los aumentos de las remuneraciones a los jubilados. Insignificante reforma si se la compara con el actual ajuste de las cuentas públicas que se está haciendo con la inflación y el salario de los jubilados.

Resalta también la diferencia de trato que el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner le aplica a Jujuy en comparación con el Chaco, donde hay una mujer desaparecida desde hace 20 días y supuestamente asesinada por el clan Sena, estrechamente vinculado al gobernador kirchnerista de esa provincia, Jorge Capitanich. Emerenciano Sena, el patriarca de esa poderosa familia y el remedo chaqueño de la jujeña Milagro Sala, se hizo rico e influyente durante el largo liderazgo provincial de Capitanich. Cristina Kirchner ya lo criticó públicamente a Gerardo Morales, porque ordenó reprimir antes de que los vándalos tomaran y destruyeran la Legislatura jujeña, pero nunca se pronunció sobre la desaparición y casi segura muerte de Cecilia Strzyzowski, esposa de un hijo de Sena, con el que habría tenido diferencias económicas. Alberto Fernández lo mandó a Jujuy al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, o este fue por su cuenta -quién lo sabe-, para denunciar la supuesta violación de los derechos humanos por parte de Gerardo Morales. Nadie fue a Chaco. Solo la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que el Presidente habló con Capitanich para ofrecerle ayuda del gobierno nacional. Alberto Fernández también calló hasta ahora sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Pietragalla explicó que las “cuestiones de género” estaban fuera de su área desde que se creó el Ministerio de la Mujer. Lo que sucedió en Chaco con Cecilia Strzyzowski no es una cuestión de género; es, al parecer, un homicidio hecho y derecho, presuntamente perpetrado por un socio político y económico del Estado, que es lo que es Emerenciano Sena. Fue una clara violación de los derechos humanos, que se agrava porque la víctima es (¿o era?) una mujer indefensa.

Tanta hipocresía explica, a su vez, la indiferencia social y la impotencia de la dirigencia política en las vísperas de elecciones presidenciales. Por primera vez en 40 años de democracia, el país se acerca a comicios cruciales para elegir a un presidente de la Nación sin que la sociedad conozca, a cuatro días de que venza el plazo para inscribir candidatos, una sola fórmula presidencial integrada con el precandidato a vicepresidente. Peor: nadie sabe todavía quién será el candidato presidencial de Cristina Kirchner (¿Massa? ¿Wado de Pedro? ¿Axel Kicillof?) ni muchos menos quién será el candidato vicepresidencial. Presuntamente se conocerán este miércoles esos nombres, si es que se conocen. En Juntos por el Cambio, ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta ni Gerardo Morales ni Facundo Manes ni Miguel Ángel Pichetto ni Elisa Carrio, todos ellos precandidatos presidenciales, anunciaron quiénes serán sus candidatos a vicepresidente. Tampoco se conocen los nombres de las cabezas de listas a senadores y diputados nacionales en los principales distritos del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El peligroso ausentismo o anulación del voto que se viene observando en las elecciones provinciales tiene su razón de ser en la indolencia de la propia dirigencia política.

Cristina Kirchner puede hacer daño todavía, como lo está haciendo en Jujuy, pero su debilidad política es cada vez más conmovedora. Sus críticos dentro del peronismo no son solo Juan Schiaretti, Florencio Randazzo o Juan Manuel Urtubey, que ya lo eran desde hace mucho tiempo; ahora se les agregaron Alberto Fernández, Daniel Scioli y Aníbal Fernández, todos viejos obsecuentes de Cristina Kirchner. Scioli anticipó que no aceptará ninguna presión para desistir de su candidatura presidencial (habrá que ver si preserva esa posición ante un llamado de Cristina) y agregó algo peor: que aprendió de la experiencia de 2015, cuando aceptó todas las exigencias de Cristina Kirchner. Por ejemplo, cuando le impuso a Carlos Zannini como candidato a vicepresidente y a Aníbal Fernández como candidato a gobernador de Buenos Aires, elección que perdió frente a María Eugenia Vidal. ¿Qué aprendió Scioli? No lo dice, pero puede deducirse que asimiló la lección de que las órdenes de Cristina Kirchner terminan siempre en una derrota. Scioli está auténticamente convencido de que le ganara las elecciones internas a cualquier candidato de Cristina Kirchner. ¿Qué podrían significar frente a un hombre como él que lleva 40 años de exposición mediática, deduce sin decirlo, candidatos con poco conocimiento público como Wado de Pedro o Axel Kicillof o responsable de la insoportable inflación actual, como Massa? Scioli se entusiasma no solo con esa supuesta victoria, sino también con la independencia política que podría obtener de ese eventual triunfo. Aníbal Fernández los amenaza a los Kirchner, madre e hijo, con llevarlos ante la Justicia. Alberto Fernández resiste sentado, como un Buda, la presiones de Cristina y de Massa para que haya un candidato único del peronismo, como antes resistió las presiones del kirchnerismo para que cancelara las elecciones primarias y obligatorias de agosto próximo. Es la rebelión de la lapicera, la misma que Cristina lo espoleó a que la usara. La usa, pero en contra de los intereses políticos de su mentora. En esas pobres sublevaciones se cifra la colosal debilidad de quien fue la mujer más poderosa el país durante casi dos décadas.

Por Joaquín Morales Solá