Hay secretos que se esconden muy bien a la vista de todos. Uno de ellos se construyó entre el domingo y el martes pasados. El resultado de las elecciones en Chaco había consolidado un batacazo de Juntos por el Cambio contra Jorge Capitanich y un andar pobre de los candidatos de Javier Milei. El lunes fue feriado en Estados Unidos, pero al día siguiente, cuando abrió Wall Street, las acciones argentinas volaron. La tendencia se repitió el miércoles en Buenos Aires después del fin de semana extra large. Fue una pésima noticia para Cristina Kirchner.

El mercado se atribuye capacidades premonitorias. Si se expresa de manera descarnada, lo que ocurrió esta semana sugiere que los dueños del dinero descuentan un buen desempeño de la oposición moderada en las elecciones primarias de agosto. Su lectura está en línea con las curvas que muestran algunos sondeos recientes. Estos trabajos sostienen que en las últimas semanas Juntos por el Cambio recortó la caída que venía mostrando en las encuestas.

La sorpresa de anteayer profundiza la lectura anterior. Con Eduardo De Pedro desplazado por Sergio Massa, secundado a su vez por Agustín Rossi, hoy asociado al presidente Alberto Fernández, no hay rastros de kirchnerismo en la fórmula presidencial oficialista.

Una lectura extendida ayer entre círculos de poder financiero sugería que la propia Cristina Kirchner le había simplificado la elección a Patricia Bullrich, la preferida por una porción del mercado. Eso se debe a que Massa y Horacio Rodríguez Larreta tienen ahora que hacer esfuerzos adicionales para distinguirse entre sí y convencer al electorado de centro.

En cualquier caso, la fórmula convalidada por la vicepresidenta reconoce una derrota que ya está sufriendo. Por primera vez desde que el kirchnerismo es un movimiento potente a nivel nacional, será representado al máximo nivel por un candidato promercado.

El sector financiero suele tener información privilegiada que le permite anticipar lo que ocurrirá en el futuro cercano con la economía. La suba de las acciones argentinas pronostica un futuro aumento de tarifas, uno de los primeros puntos a aplicar en un plan de estabilización que reorganice la relación de precios relativos.

La prueba de eso encierra una paradoja: entre los más beneficiados con las apuestas en contra del oficialismo de esta semana están Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, los empresarios cercanos a Sergio Massa que son dueños de Edenor. La empresa valía el último viernes unos US$650 millones, un 16% más que hace siete días.

El final de la gestión Fernández/Kirchner llega en el principio de lo que parece ser un nuevo ciclo mundial. El dinero está volviendo a mirar hacia los países emergentes, en parte por el giro en ciertas decisiones. Nigeria, por ejemplo, devaluó y parece virar hacia un camino más ortodoxo. Turquía y Egipto estarían en la misma lista. Un lugar de ese grupo será para la Argentina.

La fórmula del oficialismo aporta información fundamental para empezar a entender la economía del año próximo. Con Sergio Massa en la competencia grande, todos los candidatos con chances en la carrera presidencial piensan en aplicar un plan de estabilización. Consiste en un ajuste fiscal que reduzca de forma sensible el déficit público, un aumento importante en las tarifas de luz, agua y gas, la restricción de la emisión de dinero, tasas de interés positivas frente a la inflación, por ejemplo, para los plazos fijos, y que se inicie el camino hacia la unificación del tipo de cambio, lo que implica una devaluación.

El ala ortodoxa del equipo económico, liderada por el viceministro, Gabriel Rubinstein, se quedó con las ganas de aplicarlo en esta gestión. Lo evaluaron en septiembre del año pasado, pero no encontraron respaldo político para avanzar porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner les bajaron el pulgar. Se sabe, de todas maneras, qué haría Massa con mayor autonomía.

Con diferencias importantes, hay allí puntos de contacto con el pensamiento de los economistas Hernán Lacunza (Rodríguez Larreta), Luciano Laspina (Bullrich) y Carlos Melconian, que desde la Fundación Mediterránea prepara un plan para el próximo gobierno.

La cercanía al final de este ciclo político encierra otros fantasmas. Muchos de ellos sobrevuelan a Sergio Massa, que seguirá al frente de Economía mientras hace campaña hasta las primarias.

El ministro es el centro de un universo que está prendido con alfileres. En un esquema que depende de levantar el teléfono, pedir favores o reclamar el cumplimiento de ciertos acuerdos, cualquier pérdida de poder puede resultar muy peligrosa con relación a su capacidad de influencia sobre el sector privado. Él mismo lo advertía.

Es una regla que se aplica siempre a la política y se puede expresar en lenguaje llano. ¿Quién respetará el mando de alguien que no tendrá nada para darle en el futuro? O, ¿por qué apostar una ficha a una gestión que se despide en lugar de reservarla para recibir al que viene?

Hay ejemplos que delatan la dificultad para dominar el timón. Desde hace tiempo, el Gobierno tiene problemas para sostener Precios Justos, uno de sus programas para combatir la inflación.

Entre diciembre de 2022 y abril pasado, el cumplimiento de los stocks en grandes supermercados osciló entre el 61% y el 72%. Esos números están muy por debajo del acatamiento del acuerdo de precios.

En otros términos, los números de hoy pueden anticipar un recrudecimiento de la falta de productos en el futuro, a menos que se les suelten las amarras a los precios.

La pérdida de poder suele funcionar como un acelerador de todas las cosas malas que condujeron a la derrota. En ese sentido, el ascenso de Massa le da un oxígeno que se creía perdido el último jueves. La dificultad allí es que se puede consumir rápidamente según el resultado de las primarias.

Ayer probó una dosis de su nueva realidad vertiginosa. Por la mañana estuvo en Economía para atender urgencias de la semana próxima, pasó por el Congreso para discutir los nombres de las listas y volvió al Ministerio para seguir con la agenda de la mañana.

El kirchnerismo da más señales de prepararse para ver las cosas desde otro lugar, cobijado en la provincia de Buenos Aires y en la militancia. Eduardo Valdés, diputado de diálogo frecuente y descarnado con Cristina Kirchner, anticipó que si la oposición llega al gobierno, habrá convulsión social, como ahora ocurre en Jujuy. Valdés dijo mucho, pero también mucho más de lo que se cree.

Jujuy es el centro de una de las grandes apuestas de la oposición para estabilizar la economía mediante el ingreso de dólares genuinos. Todo gira alrededor del litio, un negocio millonario que se puso de moda desde hace algunos años porque constituye un material fundamental para las baterías de los autos eléctricos, entre otros dispositivos.

Una situación de la vida cotidiana preelectoral es ilustrativa. Ocurrió hace 15 días en un hotel céntrico. Luciano Laspina, coordinador de los equipos económicos de Patricia Bullrich, le describía a su jefa un futuro relativamente positivo para el país en caso de implementar un plan a partir del 10 de diciembre. “Y eso que no te estoy mencionando las inversiones en minería”, le dijo, mientras le mostraba su celular, como quien recibe promesas de negocios a futuro.

La reserva jujeña más importante está en las denominadas Salinas Grandes, un lugar que hasta ahora no fue explotado industrialmente por la oposición de varias comunidades aborígenes. Gerardo Morales está en el camino de desatar ese nudo. Asume que tiene el visto bueno de las comunidades Lipán y El Moreno, la llave para conversar con las demás.

Los episodios alrededor del ataque a la Legislatura norteña encendieron un clima peligroso contra esa actividad millonaria. Lo corroboró en persona Juan Carlos Abud Robles. El Tucán, como se lo conoce al ministro de Economía jujeño, recorrió el lunes pasado diversas comunidades sorteando los piquetes. Notó el resurgimiento de un entorno de antipatía que antes no se registraba entre las comunidades cercanas a los proyectos Cauchari-Olaroz, que están en funcionamiento. Cada uno representa una inversión de US$1000 millones.

En Catamarca, donde gobierna el peronista Raúl Jalil, la industria avanza sin la protesta de la militancia relacionada con el kirchnerismo. Es un ruido con el que parece convivir bien el Gobierno. El desarrollo del litio es malo o bueno según el color político que maneje el territorio.

A medida que se agota el mandato de Alberto Fernández, se acelera el arqueo para determinar qué deja en la caja. Esa cuenta va de la mano de una disputa por mejorar la herencia, mala de por sí, que recibirá el próximo gobierno.

Los equipos de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta están preocupados por la asistencia que pueda venir de Washington. Al menos uno de esos dos grupos se puso en contacto para conocer de primera mano la situación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un egoísmo comprensible: nadie quiere que lleguen al país ahora dólares que les serían muy útiles en el futuro.

Bullrich y Rodríguez Larreta, además, están de acuerdo en otro punto. La situación económica actual, deteriorada en distintos niveles, será mucho peor en sus fundamentos cuando llegue el cambio de mando, más allá de qué candidato gane la carrera.

El kirchnerismo mantiene la tradición de agotar los recursos del Banco Central, acumular deudas con el exterior y detener la actividad por la falta de importaciones para evitar el costo político atado a una devaluación. Ese precio, en general, lo paga el que sigue. Si se continúa con la tradición peronista, en 2024 se repetirá el escenario que le dejó Cristina Kirchner a Mauricio Macri: un país sin reservas. Otra paradoja: aunque las encuestas no lo avalan, Massa podría ser víctima de sí mismo.

La pelea por los dólares tiene un capítulo destacado en Washington. La discusión está trabada, según fuentes privadas con acceso al FMI, en que falta un acuerdo para determinar qué porción del dinero que llegue en los próximos meses podrá usarse con cierta libertad para controlar el tipo de cambio.

La oposición teme, además, que una eventual derrota electoral le quite a Alberto Fernández y a Sergio Massa los últimos estímulos para evitar un desorden mayor en las cuentas nacionales. En otros términos, hay que hacer un esfuerzo para buscar razones por las cuales una conducción en retirada decida sostener la reducción del gasto, aumentar las tarifas de servicios públicos y favorecer la llegada genuina de divisas. Sería facilitarles el problema a los sucesores.

Los equipos técnicos de la oposición hacen cálculos cada vez más finos con respecto al Estado que recibirían. Estiman un rojo fiscal real proyectado para 2024 no menor al 4% del PBI, entre el déficit inercial y saldos impagos de distinto tipo.

Aunque no lo diga, la gestión Fernández/Kirchner le haría una devolución de gentilezas al que la siga en un rubro sensible. Según cálculos privados en base a datos públicos, sin contar intereses, el gobierno kirchnerista recibió de Mauricio Macri una deuda con el FMI de US$44.100 millones. Hasta mediados de esta semana, ese número había aumentado hasta los US$48.300 millones. De manera que recibió un financiamiento neto de US$4200 millones de manos del organismo internacional que suele ser objeto de las críticas de Cristina Kirchner.

Más allá de la incomodidad ideológica del dato anterior, se trata de un complejo precedente para el que siga. Eso se debe a que el problema de la deuda, justificación de casi todos los males desde diciembre de 2019, no fue siquiera parcialmente resuelto en los últimos cuatro años. De hecho, la gestión de Alberto Fernández lo empeoró.

El Departamento del Tesoro norteamericano da por hecho que el próximo gobierno deberá volver a negociar, además, la deuda privada. Eso retrotrae al país a la situación de 2020, cuando el entonces ministro, Martín Guzmán, era todavía presentado como un economista virtuoso por La Cámpora y el propio Sergio Massa.