Tradicionalmente, en la mayoría de los países el tipo de cambio se determinaba por el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Algunas experiencias como las que llevaron a cabo Estados Unidos y Gran Bretaña, que buscaban la estabilidad del dólar y la libra esterlina, fijándolos en relación al oro, terminaron fracasando. En Gran Bretaña, el “patrón oro” tuvo su apogeo entre 1872 y 1914, cuando tuvo que abandonarlo debido a que a raíz de la Primera Guerra Mundial necesitó imprimir dinero para financiar su campaña bélica y no pudo sostener la convertibilidad. En Estados Unidos, casi al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se reúnen en Breton Woods 44 países y deciden establecer un patrón con el dólar vinculado al oro, bajo la condición de que la Reserva Federal sostuviera ese patrón. Funcionó hasta 1971, cuando se abandona definitivamente. A partir de entonces, todas las monedas fluctuaron libremente ente si y principalmente en relación con el dólar estadounidense.

Con el paso del tiempo, las corrientes comerciales fueron perdiendo terreno frente al incremento en el flujo de capitales entre países. Más allá de la Inversión Extranjera Directa (IED) destinada a proyectos fabriles o de infraestructura, los movimientos de capitales responden generalmente a variaciones en las tasas de interés. Así, por ejemplo, cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés para tratar de bajar las presiones inflacionarias, aumenta el atractivo del dólar y hace subir el tipo de cambio frente al euro, a la libra o al franco suizo y a las monedas de otros países, que ven la posibilidad de aumentar sus exportaciones a Estados Unidos.

En los países más estables y con un mercado financiero desarrollado, estas fluctuaciones cambiarias no tienen un efecto muy drástico en el funcionamiento de sus economías. Pero no es el caso de la Argentina, donde las sucesivas devaluaciones -que le hicieron perder trece ceros al peso- hicieron perder la confianza en la moneda y redujeron el tamaño de su mercado financiero a niveles ínfimos en relación al PBI, por lo que el país ha quedado más expuesto a las variaciones en la entrada y salida de capitales externos.

En las últimas décadas, la Argentina ha sufrido una recurrente escasez de divisas. Por su débil estructura económica, necesita cada vez más de las importaciones para poder funcionar. Actualmente, más del 80% de las importaciones se destinan a la actividad productiva. Pero las exportaciones del país, respaldadas fundamentalmente en la agroindustria, no han sido suficientes para lograr un desarrollo sostenido. Lamentablemente, la industria no ha podido proporcionar las divisas que necesita para crecer. Esta es una asignatura pendiente. Al depender tanto del sector agropecuario, el país se ha visto enfrentado a crisis cíclicas debido a factores climáticos o fluctuaciones en los precios internacionales.

Pero además de los esporádicos déficits comerciales, existe otro factor más relevante y permanente que ha provocado en las últimas décadas bruscas oscilaciones en el tipo de cambio. El crónico déficit fiscal, causado por un enorme gasto público imposible de financiar, ha hecho que el país se haya visto obligado a recurrir a un creciente endeudamiento externo, ya que en el reducido mercado financiero local el Estado solo puede financiarse a corto plazo y a tasas de interés exorbitantes, que generan más déficit.

Dado que la economía no genera las suficientes divisas como para honrar el pago de capital e intereses de la deuda, la Argentina ha caído en “defaults” aproximadamente cada década, teniendo que encarar interminables renegociaciones para no quedar fuera de los mercados internacionales. Frente a estas situaciones de escasez, los gobiernos han recurrido muchas veces a los controles cambiarios, lo que ha distorsionado y frenado el desarrollo sostenido de las exportaciones, agravando la crisis. Esos controles generalmente terminaron en devaluaciones bruscas.

Por lo tanto, la primera recomendación para tener un tipo de cambio estable libre y sostenible en el tiempo, sería mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Se debe generar un superávit comercial necesario para pagar los servicios financieros, pero este superávit debería ser acompañado por un superávit fiscal que permita comprar esas divisas sin provocar inflación (los “superávits gemelos”).

En segundo lugar, el gobierno nacional no debería tomar más deuda para financiar gastos corrientes o para financiar el déficit de las empresas del Estado. Dado que el dinero es fungible, los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberían extremar los controles sobre el gobierno para que los préstamos se destinen efectivamente a infraestructura y no se utilicen para dar subsidios que terminan agravando el déficit fiscal. Igualmente, debería prohibirse a los gobiernos provinciales tomar deuda externa con el mismo propósito.

Finalmente, solo se debería permitir endeudarse en el exterior a las empresas privadas que destinen al menos una parte de su producción a los mercados internacionales.