Últimamente preocupa un proceder judicial que amenaza extenderse y provocar un grave retroceso en materia de derechos fundamentales en un juicio justo. Muchos jueces y fiscales, generalmente en el marco de divorcios, le niegan un juicio justo al cónyuge masculino. Ello, luego de haber sido denunciados dichos cónyuges ante la Justicia por el cónyuge femenino, por supuesto abuso sexual cometido contra un hijo.

Este tipo de casos se repite, y suele tener como origen el despecho, luego de haberse descubierto episodios de infidelidad marital. Entonces, la prueba central del supuesto abuso es la palabra de una de las presuntas víctimas, a la que se le da carácter de plena prueba. Del otro lado, el imputado niega los hechos, afirma que la denuncia es falsa y clama por su inocencia, pero a esta palabra no se le da el mismo valor que a la del cónyuge denunciante. Así, el proceso pasa a caracterizarse, principalmente, por la negación de la presunción de inocencia y la entronización de la presunción de culpabilidad, que se asume a priori y sin mayores posibilidades de discusión, en desconocimiento del principio fundamental del debido proceso. La defensa en juicio, baluarte indiscutible del Estado de Derecho y garantía fundamental de los ciudadanos, se ve de este modo negada, y las pruebas de descargo, rechazadas sin fundamento válido.

En muchos de esos casos, el excónyuge denunciado puede llegar a ser encarcelado con una prisión preventiva que se extiende, por lo general, más de un año, sin importar que ningún juez haya confirmado la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, únicos motivos para encerrar a alguien que no ha sido declarado culpable por sentencia firme. Cuando esto ocurre, la libertad del imputado, el derecho fundamental que aquellas garantías procuran preservar, son aniquiladas, en contra de todos los criterios del derecho constitucional nacional e internacional de los derechos humanos: se asume sin discusión que la denuncia es verdadera; se asume sin discusión que la defensa es falsa.

Esta situación, que viene repitiéndose dramáticamente en el quehacer de muchos operadores del sistema judicial, descalabra el sistema de protección que los ciudadanos tenemos frente el abuso de poder y nos remite a épocas oscuras de la historia de la humanidad. Paradojalmente, este escenario aparece en un contexto de lucha por los derechos de las mujeres contra la violencia o el abuso de poder de una sociedad tradicionalmente patriarcal. Los principios establecidos en las convenciones internacionales de derechos de las mujeres deben ser afianzados, y con el respeto a todos los principios del debido proceso. Proceder de manera contraria no hará otra cosa que distorsionar los valores legítimos de aquellos principios.