El equipo de legal de Cristina Kirchner solicitó este lunes que Rossana Caputo, hermana de un exministro del gobierno de Mauricio Macri, sea indagada en el marco de la causa en la que se investiga el accionar violento de Revolución Federal. La vicepresidenta apunta a esa organización como detonante del ataque que sufrió el 1° de septiembre y sostiene que la empresa Caputo Hermanos se encargó de financiarla.

La presentación, formalizada por los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, está basada principalmente en la declaración testimonial de un empleado de Caputo Hermanos que contó que fue Rossana quien, de modo inhabitual, se ocupó del vínculo entre la firma y Jonathan Morel, supuesto dueño de una carpintería en Boulogne y líder de Revolución Federal, según informaron fuentes del caso a la agencia Télam.

“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, había señalado la titular del Senado en octubre del año pasado en un escrito presentado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Jonatan Morel, el líder del espacio, reiteró a principios del mes pasado que no tiene “nada que ver” con el pedido de indagatoria.

La declaración testimonial que motivó a la querella a solicitar la indagatoria corresponde a un empleado de Caputo Hermanos, de apellido Nudelman, que contó que su trabajo para esa firma radica en “contabilizar y efectivizar las órdenes de pago de los proveedores de los fideicomisos que están en obra”, pero aclaró que lo habían corrido de esa función para el caso de Espacio Añelo, en Neuquén.

La supuesta contratación por parte de Caputo Hermanos a la carpintería de Morel fue, a los ojos de la querella, la excusa formal para esconder el financiamiento a Revolución Federal que en el mismo período de tiempo del año 2022 desplegó actividades violentas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, varias de ellas contra dirigentes kirchneristas.

“Toda esta oscuridad en torno de Morel se explica porque lo que se hizo fue financiar a Revolución Federal. A Nudelman lo desplazaron de la compra de muebles para Añelo en abril de 2022. Ahí quedó a cargo Rossana Caputo, solo controlada por Flavio y (su hija) Jimena Caputo”, argumentaron los abogados de la vicepresidenta. Rossana es la hermana de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Cambiemos.

Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira reclamaron en este contexto “que se indague a Rossana Caputo y que se profundice la investigación relativa al accionar de Flavio Caputo”. Y añadieron: ”Ahora sabemos que la contratación de Morel para hacer muebles en Añelo tiene características que la hacen única. Fue en este único caso en el que Flavio Caputo desplazó a Nudelman de encargarse de presupuestos y le dijo que específicamente de la mueblería se encargaría Rossana Caputo”.

Según la presentación, Nudelman contó que Caputo Hermanos “no se encarga de mueblería” y, segundo, afirmó que “Rossana Caputo no trabaja en Caputo Hermanos”. Detalló que el único caso en el que se hizo mueblería “no pasó por los circuitos normales, y ese único caso lo llevó adelante Rossana Caputo, con pagos aprobados por Flavio y Jimena Caputo: todo en familia”.

”Ese único caso es en el que se contrató a una carpintería inexistente de Boulogne para hacer trabajos en Neuquén, que casualmente pertenecía al que devino en líder de una agrupación decidida a eliminar al kirchnerismo como sea: ‘muertos o exiliados’”, indicaron los letrados al hacer alusión a una de las consignas que había levantado meses antes del atentado los miembros de Revolución Federal.

“Morel fue el único que no transportó los muebles que vendió con la transportadora usual, sino que pidió furgones especiales en los que él debía viajar con los muebles y de los que se ocupó él y no el personal de Caputo Hermanos”, indicaron. Y sumaron: ”Todo se hizo de manera irrastreable. A esto se suma que la explicación de que tenía que ir en el furgón (para controlar que los muebles no se dañen ante una eventual lluvia) parece ser mentira: sabemos que Morel viajó a Añelo en avión. Lo único que queda, entonces, es el intento de evitar la fiscalización de trabajadores regulares de la empresa”, expresaron.

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron, además, un documento con una línea de tiempo que da cuenta de la presunta contemporaneidad entre el surgimiento de Revolución Federal, su despliegue y los flujos de dinero que circularon desde Caputo Hermanos hacia Morel y su entorno. La reconstrucción inicia en mayo de 2022, cuando se creó el perfil de la organización en Facebook, el mismo mes en el que Rossana Caputo habría contratado a Morel, precisaron.

La Cámara Federal confirmó en febrero los procesamientos de cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal, pero les redujo los cargos. Quedaron acusados de incitación a la violencia colectiva, que se pena con hasta 6 años de cárcel, y no del delito de tratar de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que contemplaba un castigo de hasta 8 años de prisión.

Con este fallo, además, el embargo, que era de 9 millones de pesos, quedó reducido a 4 millones. Los acusados son Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile. Todos ellos seguirán en libertad.

Los imputados estaban acusados de “incitar la renuncia de los personajes públicos escrachados, alentar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio”. Martínez de Giorgi señaló que fueron uno “de los actores” que “agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la vicepresidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el 1° de septiembre”.

Ahora, los camaristas entendieron que si bien la Constitución Nacional consagra el derecho a la libertad de expresión, en este caso hubo una vulneración de otros derechos y esta libertad “encuentra ciertos límites que se compadecen con el debido resguardo que también se debe a esas otras esferas”.

Los camaristas resolvieron que Revolución Federal “no parecería poseer en principio la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, como había sostenido Martínez de Giorgi, “mas alá del uso de expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo”. Y destacaron la poca gente que convocaban en sus marchas.

Sin hablar del atentado a Cristina Krichner de manera explícita, Bruglia y Bertuzzi sí lo hicieron de manera implícita al afirmar: “La prueba producida en autos no permite tener por corroborada la generación de efecto alguno derivado de la conducta reprochada a los imputados, descartándose toda aseveración que al respecto se ha efectuado en el auto de mérito apelado”.

Con información de Télam