WASHINGTON.– El juicio contra Donald Trump por el escándalo de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca ya tiene fecha: finales de mayo de 2024. Para ese entonces, Estados Unidos ya se habrá metido de lleno en la campaña presidencial para decidir el futuro del país, y Trump ya podría haber conseguido el respaldo suficiente en las urnas durante las primarias como para ser ungido nuevamente como el candidato presidencial del Partido Republicano.

La jueza federal Aileen Cannon, designada por el propio Trump durante su presidencia, anunció este viernes su intención de comenzar el juicio en su tribunal federal en Fort Pierce South, ubicado al norte de Miami y de West Palm Beach, a partir del 20 de mayo del año próximo, aunque esa fecha puede variar debido a la avalancha de mociones que, se prevé, presentarán los abogados defensores. La estrategia de Trump es postergar el proceso para después de la elección presidencial para evitar problemas políticos durante la campaña, pero, sobre todo, para conseguir cobertura legal con un eventual triunfo.

La fecha del inicio del juicio a Trump por el caso de los documentos clasificados era una de las grandes incógnitas del proceso, y fue motivo de una áspera audiencia, esta semana, en la cual los abogados de Trump dejaron en claro su deseo de postergar el inicio más allá de las elecciones. Cannon eligió una fecha que cae después del grueso de las primarias republicanas, incluido el decisivo “supermartes” de principios de marzo, pero unos meses antes de la Convención Nacional Republicana en la cual se nombrará al candidato.

Los fiscales federales del Departamento de Justicia buscan un juicio rápido, y aspiraban a que comenzara antes, en diciembre, a sabiendas de la estrategia de la defensa de Trump.

La jueza Cannon justificó su decisión en su orden publicada este viernes al afirmar que el proceso de difusión y revisión del material del juicio es “extremadamente voluminoso y requerirá tiempo considerable para revisarlo y digerirlo”.

Cuando faltan seis meses para el inicio de las primarias, Trump aparece como el gran favorito para capturar la nominación presidencial del Partido Republicano al marchar primero en las encuestas con una ventaja de dos dígitos.

A principios de junio, Trump fue acusado por fiscales federales de Estados Unidos de llevarse indebidamente, retener y divulgar documentos clasificados de la Casa Blanca con secretos militares altamente sensibles, incluida información sobre el arsenal nuclear, y de “poner en riesgo la seguridad nacional” del país y de sus aliados, la incriminación más grave a la que se ha enfrentado hasta ahora el magnate, quien compite por volver a la presidencia en 2024.

Es la segunda causa a la que se enfrenta Trump. A principios de abril, Trump se declaró inocente en Manhattan en la causa por el pago secreto de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para impedir que divulgara un affaire entre ambos. La causa de los documentos clasificados es mucho más seria y ha puesto a prueba el teflón político que le ha permitido a Trump salir ileso de todos los escándalos que atravesó en su convulsionada carrera política.

Esta semana, Trump reveló además que sus abogados le informaron que es un “blanco” en la investigación federal sobre el asalto trumpista al Congreso del 6 de enero de 2021, ampliamente visto como el peor ataque contra la democracia de Estados Unidos en la historia moderna, y, para muchos, el problema más grave de todos los que enfrenta el exmandatario.

En los tres casos, Trump, sus abogados y sus aliados políticos han acusado al Departamento de Justicia y al gobierno de Joe Biden de lanzar una ofensiva judicial con fines políticos para sacarlo de la pelea por la presidencia. Pero Trump puede competir por la presidencia aun si fuera hallado culpable y es condenado, y varias figuras republicanas, incluidos dos rivales en la interna, Nikki Haley y Chris Christie, han relativizado la noción de una persecución política en los últimos meses y han comenzado a marcar distancia respecto del magnate.

La explosiva acusación del fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, imputó a Trump con 37 cargos vinculados al escándalo de los documentos clasificados hallados por agentes del FBI en Mar-a-Lago, su resort de Palm Beach, Florida, la residencia de Trump desde que dejó Washington. La acusación afirma que el magnate expuso secretos militares y vulnerabilidades de Estados Unidos, sus aliados y de otros países; planes del Pentágono, y que “pudo poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sus vínculos internacionales, la seguridad de las fuerzas militares y las fuentes que aportan información a la inteligencia norteamericana.

“La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados pudo poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, las relaciones exteriores, la seguridad de los militares del país, y fuentes humanas y la viabilidad continua de los métodos de recopilación de inteligencia confidencial”, afirma el escrito.