El gobierno que asuma en diciembre próximo va a tener que ser generoso con el campo si quiere un aliado que, más allá de aportar recursos económicos, continúe generando desarrollo en el interior productivo.

Que tenga que ser generoso no implica necesariamente una cuestión de plata, sino de animarse a adoptar medidas que lo vuelvan a poner en el carril de la competitividad. Sabido es que el actual gobierno al llegar subió las retenciones y luego avanzó con medidas restrictivas como el cepo a la carne , los volúmenes de equilibrio para la exportación de trigo y de maíz y se abrazó a una brecha cambiaria que hace estragos y distorsiona los números de la actividad agrícola. Este Gobierno también se enamoró de instrumentos dañinos como los fideicomisos para la harina de trigo y el aceite y los precios “cuidados”.

Las retenciones, el impuesto al precio por cual el campo ya transfirió más de US$175.000 millones desde su reinstalación en 2002, figura al tope de los reclamos. Pero también se ha vuelto profundamente corrosiva la brecha cambiaria y en esa línea se han multiplicado los pedidos de que algo habrá que hacer desde los primeros minutos del próximo gobierno.

“Una gran apuesta”: suben los precios para alquilar campos por las expectativas con un nuevo gobierno

Los ejemplos de su impacto sobran y las alarmas suenan cada vez más fuertes. En un trabado titulado “El actual esquema de comercialización de granos compromete la competitividad de la Argentina en los mercados internacionales”, Sebastián Salvaro, director de la consultora AZ-Group, vuelve sobre este tema haciendo un par de consideraciones importantes.

En el escrito, al que accedió este medio, indica: “Cuando se analizan los precios nominales de los granos para la época de cosecha se ve que, en dólares oficiales, son buenos si se los compara con los de los últimos años”. Y enseguida remarca: “El problema aparece cuando se pone la lupa en el precio en dólares y surgen, por un lado, la brecha cambiaria, y por otro, las retenciones que, en conjunto, hacen que la producción argentina pierda competitividad”. Según Salvaro, con una brecha cambiaria que se ubica en torno del 100%, “los precios reales se deprimen en la misma magnitud” y esto incluso afecta las proyecciones para la nueva campaña que le llegará de lleno al nuevo gobierno.

Así lo explica: “Por ejemplo, la soja para la posición mayo de 2024, que cotiza 330 dólares oficiales por tonelada, equivale a 173 dólares MEP por tonelada. El trigo diciembre de 2023 pasa de 227 dólares oficiales por tonelada a 118 dólares MEP. El maíz posición cosecha 2023/24 pasa de 196 a 102. En todos los casos el valor real cae a la mitad aproximadamente”. El mismo Salvaro recuerda que los precios FAS a los que se hace referencia ya están afectados por el impacto de las retenciones.

Esto genera una pérdida de competitividad con otras actividades del país, como la producción y exportación de energía que, recuerda Salvaro, “gozan de regímenes impositivos y cambiarios más amigables”. Pero, también, aflora la diferencia si se realiza una comparación con la misma agricultura de países vecinos. “Si el agricultor argentino se compara con el brasileño, por ejemplo, el primero recibe a mucho menos precio. Eso provoca menor creación de resultados, lo que repercute directamente en menor creación de valor”, precisa el experto.

En este marco, Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios, puso el foco en la política restrictiva que se llevó adelante con la excusa de asegurar la “mesa de los argentinos”. Según remarcó, las trabas se han fundamentado en cumplir con el abastecimiento interno cuando históricamente se produce tres veces más de trigo del que se requiere y más cantidad de maíz y carne de la que hace falta. “En resumen, la Argentina produce para proveer kilocalorías para alimentar más de 10 veces nuestra población y estas medidas atentan en contra de la productividad por la pérdida de ingresos a los productores”, señala.

“Cuando se prohíbe, suspende o se exime de la obligación del cumplimiento de los embarques a la exportación y, además, los exportadores ya realizaron las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior y pagaron los derechos de exportación, se generan costos adicionales financieros y económicos que se descuenta del precio al productor, deprimiendo aún más el precio interno. Para colmo es sabido que estas medidas no favorecen al consumidor; la inflación está descontrolada”, dice Ambrosetti. El gobierno que llegue tendrá que liberar al campo de las ataduras actuales.