Por Alejandro Di Biasi

El próximo martes 30 de mayo vence la conciliación obligatoria en la discusión salarial de los choferes de colectivos y el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que si para esa fecha no se llegó a un acuerdo, el miércoles 31 habrá un cese de actividades a nivel nacional, en demanda de un básico que llegue a los 300.000 pesos. El gremio que encabeza Roberto Fernández anunció que retomará las medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones que se llevaron a cabo en dependencias del ministerio de Trabajo.

En el marco de las discusiones salariales con las cámaras patronales, el 19 de mayo pasado la UTA había dispuesto un paro nacional que la cartera laboral que dirige Raquel "Kelly" Olmos evitó aplicando la conciliación obligatoria. Al finalizar el encuentro, Fernández sostuvo que "nuestra posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente".

También hay que señalar que el gremio vive una dura interna donde la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Miguel Angel Bustinduy, también había anunciado una huelga porque no les permitían asumir autoridades en unas cinco seccionales. Dicha fracción levantó la protesta pero la UTA la ratificó por la demanda salarial, aunque finalmente acató la resolución ministerial.

UTA: diferencias entre la demanda del gremio y la oferta empresarial

Por ahora, las diferencias entre lo que exige el gremio y lo que ofrecen los empresarios son considerables; casi imposible de acordar. Los choferes argumentan que el acuerdo firmado en febrero pasado quedó desfasado por el impacto inflacionario, por lo que solicitan que se apliquen una serie de mecanismos de compensación para sostener el nivel de ingresos. 

Concretamente reclaman un aumento retroactivo, para que el básico desde abril último sea de 262.000 pesos. A esto pretenden sumarle un bono por única vez, no remunerativo de 32.000 pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector. Con los porcentajes, en mayo el salario inicial debería ser de 284.000 pesos y en junio de 320.000 pesos.

Frente a esto, los empresarios sostienen que no pueden hacerle frente porque no están recibiendo los fondos por los subsidios que adeuda el Estado, al tiempo que plantean la necesidad de una actualización, que sería imprescindible para que puedan incrementar los salarios de su personal en consonancia con la suba del costo de vida.

Dirigentes de UTA buscan cobrar un salario básico de 300.000 pesos. Si su oferta no es aceptada, pararán el 31 de mayo.

Empresarios del transporte exigen el pago y actualización de los subsidios

Al respecto, los directivos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) informaron que hasta el momento no recibieron respuesta del ministerio de Transporte "en relación a las deudas impagas de subsidios" y agregaron que desde la cartera laboral tampoco tuvieron contestación sobre "el persistente atraso en los cálculos de los mismos (que cubren el 85 por ciento de los costos), debido a la erosión inflacionaria".

Los empresarios agregaron que, ante la falta de ingreso del dinero de parte del Gobierno "no hay posibilidad de avance" en las negociaciones salariales y exhortaron "a la responsabilidad de las autoridades de Transporte para que den cumplimiento a su propio marco normativo, para que la continuidad de los servicios y fuentes laborales sea posible".

Finalizada la reunión en Trabajo, la UTA emitió un breve comunicado donde informó que "no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que, de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la conciliación obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día miércoles 31 de mayo, en todo el territorio del país".

El sindicato acusa a las patronales y a las autoridades nacionales y provinciales

Fuentes gremiales consultada por iProfesional remarcaron que "este conflicto se debe a la exclusiva responsabilidad del sector empresario, las máximas autoridades del ministerio de Transporte de la Nación, los responsables del Transporte en las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la falta del acuerdo salarial".

La crisis en el transporte automotor evidentemente se profundiza por el cóctel entre inflación, reclamo salarial y subsidios. La semana pasada la UTA advirtió a las cámaras que nuclean a las compañías prestadoras de servicios de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que era "difícil" brindar el servicio por el atraso salarial, por lo que ratificaron el "estado de alerta", al tiempo que solicitaron al ministerio de Transporte que se activara una "urgente actualización" de la tarifa, para adecuar los subsidios del Fondo Compensador y poder cubrir la diferencia operativa.

El sindicato subrayó además que "la medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos "dañosos" que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública".