“El estado permanente de emergencia que gobierna la economía desde hace años, obliga a establecer prohibiciones que son un campo fértil para este tipo de maniobras. Cuando se impone una regulación distorsiva como el cepo, aparecen delitos oportunistas. Este tipo de ´negocios´ ya dejaron su huella en Tribunales por medio las millonarias defraudaciones con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). No es gratuito que quienes exportan cobren la mitad por su producto y que quienes importan paguen la mitad de lo que cuesta, a costa del Estado”.

Así, en parte de una resolución donde procesó sin prisión preventiva a dos sospechosos por el delito contrabando y fijó embargos de entre 250.000.000 y 1.300.000.000 de pesos sobre los bienes de los imputados, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a la investigación sobre simulaciones de importaciones para acceder al dólar oficial para después girar las divisas a cuentas al exterior.

La causa se hizo pública el lunes pasado, cuando detectives de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) hicieron una serie de allanamientos en estudios contables y bancos de la City Porteña.

Según informó en su momento la PFA en un comunicado de prensa, la investigación puso foco en una organización criminal que se dedicaba a fundar empresas para simular importaciones.

“Si bien, todavía resta analizar la documentación secuestrada, la prueba obrante en el sumario es contundente para sostener, con el grado de certeza propio de este estadio procesal, que las cinco firmas investigadas fueron utilizadas para simular importaciones y así acceder a un dólar a precio más favorable en el mercado y, asimismo, tener el beneficio adicional de poder girar esas divisas a cuentas del exterior”, sostuvo el juez Aguinsky en la resolución citada.

Uno de los procesados sin prisión preventiva trabajaba en un banco público. Los investigadores lo definieron como un “empleado infiel”.

Al explicar el modus operandi de la empresa criminal, el juez Aguinsky afirmó: “En el caso de las cinco empresas investigadas, se adulteraron impresiones del sistema informático Malvina de la DGA, insertando datos de declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) inexistentes, con números de contenedores y otros datos falsos y se simulaba que la declaración SIMI estaba en estado de ´salida´. Esta documentación se presentaba en cada entidad bancaria donde las empresas tenían radicadas sus cuentas. Además, se acompañaron facturas y despachos de importación falsos. Mediante esta maniobra ardidosa y sin que su hubiera realizado ningún tipo de importación, la entidad bancaria autorizaba el giro de divisas a precio oficial al exterior indebidamente, a la cuenta del supuesto proveedor”.

La investigación comenzó tras una denuncia de la División Sumarios de Prevención de la DGA. La semana pasada, tras los operativos en la City, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, y el jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, comisario general Alejandro Ñamandú, dieron una conferencia de prensa para dar detalles del caso.

“Es una denuncia de Aduana, pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas. Falsificaron las SIMI , las anteriores herramientas para importar, que con documentación trucha, facturas truchas, con la documentación aduanera trucha, giraban al exterior y no importaban nada. Estamos hablando de una asociación ilícita”, sostuvo Michel en la cita conferencia de prensa.