En medio de una campaña electoral en la que prácticamente no hay puntos de contacto entre la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) y las distintas versiones de Juntos por el Cambio (JxC), los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y Patricia Bullrich exhiben una inédita coincidencia: los tres están de acuerdo en bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores, para hacerle frente a una de las aristas más preocupantes del flagelo de la inseguridad.

Las 14 medidas que Horacio Rodríguez Larreta anunció para combatir la inseguridad y el narcotráfico en la Argentina

Para Massa, la iniciativa es una de sus banderas desde la constitución del Frente Renovador en 2013 y la sostiene pese a que hay sectores de UP, como el que encarna su competidor de cara a las PASO, Juan Grabois, que rechazan ese proyecto. Mientras que en JxC los equipos de Larreta y Bullrich tienen visiones similares en materia de seguridad. El alcalde porteño hizo este jueves una avanzada desde Rosario, donde presentó un plan junto a Maximiliano Pullaro, la nueva estrella política de Santa Fe.

El octavo punto de una larga lista que el líder porteño enumeró a viva voz fue una sustitución del sistema de responsabilidad penal juvenil. “Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos”, sostuvo Larreta y agregó: “También es cierto que un chico que cometió un crimen, un asesinato, tampoco puede estar en la calle conviniendo como si no hubieses pasado nada”.

La reforma implicaría una baja en la edad de imputabilidad del actual régimen penal juvenil instaurado en 1980 durante la última dictadura. Se trata de un régimen tutelar que le otorga a los jueces de ese fuero discrecionalidad entre los 16 y los 18 años. Aunque desde las filas larretistas aclaran que la reforma no se agota en la reducción etaria y subrayan su carácter integral. “Lo más importante es la creación de un régimen penal juvenil. En el país no hay lugar para contenerlos. No es solo la baja en la edad de imputabilidad”, aclaran.

La inseguridad es uno de los principales problemas de la provincia de Buenos Aires, en especial del conurbano. Por eso no sorprende que las iniciativas para bajar la edad de imputabilidad de los menores lleven la firma de dirigentes que o bien compiten electoralmente en ese distrito o lo representan en el Congreso.

Sobre esta temática, existen tres proyectos en danza en la comisión de Legislación penal de la Cámara de Diputados. Uno impulsado por el “ala dura”, que lleva la firma de Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense; otro impulsado por el massismo -con el sello del diputado Ramiro Gutiérrez- y el tercero fue presentado por Diego Santilli, el precandidato a la gobernación de Rodríguez Larreta.

Los tres proyectos, que están frenados en la comisión presidida por María Luján Rey, buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores. El de Santilli, a diferencia de los otros que buscan fijarla en los 14 años, solo la estira un año, ubicándola entre los 15 y los 18 años. En la región sudamericana el promedio de imputabilidad de los menores es de 13 años. El proyecto impulsado por Gutiérrez, un diputado del riñón del ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo a punto de unificarse con aquel que impulsa el exministro de Seguridad Ritondo, algo que finalmente no ocurrió.

Aunque eludieron confirmar cuál será la postura que finalmente sostendrá públicamente Massa en el tema, ante la consulta de LA NACION fuentes cercanas al precandidato de UP aludieron al proyecto que presentó en 2022 el diputado massista. Es que se presume que generaría incomodidad con sus socios del kirchnerismo, que tienen una mirada más garantista y menos punitivista sobre los delitos en general y los cometidos por menores en particular.

En el proyecto por Gutiérrez, aparte de la baja de la edad, se busca recortar el amplio margen de discrecionalidad con el que cuenta el juez bajo el régimen actual. “Se establecen 10 medidas cautelares durante el proceso que el juez podrá imponer al joven infractor desde el primer momento de la investigación”, entre las cuales se destacan el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país o de asistir a determinar reuniones, la conducción de vehículos; entre otras. A su vez, los padres del menor no escapan al alcance de las cautelares: embargos y depósitos preventivos que oscilan entre los 50 mil y los 10 millones de pesos, son algunas de las maniobras avaladas por el proyecto.

Además, el juez podrá disponer de un abanico de recursos que van desde tareas comunitarias hasta la restricción de la libertad en centros de rehabilitación para los casos más graves como el homicidio o la violación. Los antecedentes juveniles se mantienen una vez que el joven cruce el umbral de la mayoría de edad.

“Es un histórico proyecto de Massa de hace varios años, que volvimos a recrear. La edad es la posibilidad de comprensión, un joven a los 14 años comprende perfectamente que un arma es un instrumento capaz de matar a otro”, dijo Gutiérrez al hablar de su proyecto. Massa habló sobre el tema en 2013, 2015, 2017 y 2019, siempre en años de campaña. En 2019 lo hizo hasta febrero, poco antes de acercarse al kirchnerismo. Sin embargo, ahora el escenario es diferente, como admiten distintas fuentes consultadas.

Pese a ello, cerca de Massa insisten con que el tema será un eje en la campaña y recalcan que: “Sergio tiene su propia mirada en seguridad, los números de Tigre que lo avalan y un sistema que después copiaron todos, como la implementación de cámaras y centros de monitoreos”.

El otro proyecto que circula en el recinto es impulsado por Ritondo, quien fuera ministro de Seguridad durante la gobernación de María Eugenia Vidal. “El objetivo es poder contener al menor y darle una nueva oportunidad en lugar de dejarlo abandonado en el delito”, refieren. “En los supuestos de los delitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, el fiscal podrá instar a procedimientos de mediación y acuerdos restaurativos”, se indica en el proyecto, que contempla al igual que el proyecto impulsado por el massismo una serie de medidas cautelares preventivas que van desde la amonestación o una reparación hasta el “internamiento en un centro especializado”.

“De ninguna manera puede entenderse que aquí esté la solución integral de ese problema, porque también requiere de medidas estatales que acompañen al menor después”, se afirma en los fundamentos. “Este proyecto trata de alejarse de soluciones edulcoradas que, detrás de discursos que ensalzan las delicias de la infancia y aborrecen el punitivismo, devuelven a los menores a la calle donde seguirán perdiendo esa infancia y quizás hasta la vida”, se sentencia en otro tramo del documento, que en relación a la edad de imputabilidad sostiene “es un dramático pedido de protección, un reclamo de nuestra sociedad”.

Desde el larretismo, en relación al proyecto oficializado hoy en Rosario, difundieron un comunicado en el que se sostiene que la ley vigente tiene un carácter “inquisitivo y tutelar”, que no hace posible “distinguir entre los niños que necesitan atención y protección por encontrarse en estado de vulnerabilidad y los que infringieron una ley penal”. En el equipo del alcalde porteño advirtieron: “Necesitamos un sistema que le haga ver a todo joven que infringió la ley penal que sus actos tienen consecuencias, acordes a la infracción y a la edad del chico”.