EL CALAFATE.- A seis años de los disturbios en los jardines de la residencia oficial de los gobernadores donde se encontraban cenando la vicepresidenta Cristina Kirchner y la gobernadora Alicia Kirchner en Río Gallegos, la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz aceptó cambiar la carátula de la causa y pasarla de “violación de domicilio” a “tentativa de femicidio”, en tanto que ordenaron que se vuelva a realizar la instrucción. En la causa hay cuatro empleados estatales procesados.

La decisión de los integrantes de la Cámara Criminal se conoció a través de un controvertido fallo, en el cual, el presidente del cuerpo, el juez Joaquín Cabral, fue el único que se opuso a retrotraer el proceso a la primera instancia por considerar que se violaría el debido proceso y traería como consecuencia la nulidad de la causa. A la vez, consideró el pedido del fiscal Federico Heinz un “dislate jurídico”.

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Los hechos que investiga la causa ocurrieron el 21 de abril de 2017 en el predio de la casa de los gobernadores. El edificio está ubicado a metros de la gobernación santacruceña y frente a la jefatura de Policía de la provincia. Esa noche, Cristina Kirchner llegó a cenar cerca de las 21 horas junto a su nieta Helena (de 18 meses) a la residencia de Alicia Kirchner. En su interior había además dos señoras que trabajaban allí, según relató al día siguiente la vicepresidenta a través de un video en sus redes sociales.

En esos días se repetían las marchas de los estatales que reclamaban a Alicia Kirchner el pago demorado de salarios en medio de una fuerte crisis económica, en el segundo año de gestión. Los sueldos públicos se pagaban en ese entonces fuera de término y desdoblados.

En ese contexto, según las actuaciones en la causa, después de las 23 horas, manifestantes que estaban sobre la calle Alcorta “destruyeron el portón de acceso peatonal de la residencia, e ingresaron voluntariamente a los jardines haciendo caso omiso a la orden de no ingresar impartida por el personal policial, vulnerando el mismo y permaneciendo dentro del inmueble”.

Los disturbios duraron hasta la madrugada. Al día siguiente, Cristina Kirchner mostraría los destrozos y contaría en un video como se había pertrechado en el interior de la residencia porque, según dijo, temía que ingresaran. “Fue un ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia que no pudieron ser gobernador”, aseguró en ese momento Cristina Kirchner a través de un video.

El intento de cambio de carátula empezó el mes pasado: el fiscal subrogante Heinz ya lo había solicitado ante la negativa del presidente de la Cámara. Por eso ahora presentó un recurso de reposición que, esta vez, contó con la adhesión del fiscal de Estado, Fernando Tanarro, quien actúa como querellante en la causa. Tanarro es el jefe de abogados de la fiscalía donde se desempeña como fiscal, Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. Con este nuevo impulso, el pedido fue aceptado por la mayoría impuesta por los jueces Jorge Yance y María Alejandra Vila.

De este modo, el expediente, de quedar firme, volvería a la instrucción donde se abordará el caso con perspectiva de género y solicitarán, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, que podrían pedirle declaración testimonial tanto a la vicepresidenta Cristina Kirchner como a su cuñada, Alicia Kirchner -actual candidata a senadora nacional- como víctimas de los hechos que ocurrieron la noche del 21 de abril de 2017 en los jardines de la residencia.

El procedimiento implicaría también que las cuatro personas imputadas, entre los que figuran dirigentes gremiales y el actual candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, Juan Manuel Valetín, puedan ser llamados otra vez a indagatoria y según estiman desde el gremio docente del cual son afiliados tres de los cuatro procesados.

“Es una aberración jurídica, conlleva el peligro de imputarle un nuevo delito como puede ser la tentativa de femicidio, los puedan llegar a imponer la prisión preventiva mientras se realiza el juicio, de un hecho que ocurrió hace más de seis años y al que ya se había llamado a juicio oral el año pasado”, consideró el abogado de los defendidos Enrique Papa a LA NACION quien adelantó que en los próximos días presentará un recurso de Casación.

Desde el gremio docente, a través de un comunicado de prensa, reaccionaron con dureza: “Es evidente que la decisión política es llevar presos a nuestros compañeros, banalizando la figura de femicidio en una causa totalmente armada por el Gobierno para continuar profundizando la criminalización de la protesta social”.

Y consideraron que el cambio de carátula, tiene el objeto de “victimizar a las futuras candidatas de este Gobierno” en el marco de la actual campaña política. En la causa se encuentran procesados, junto a Valentín, Diego Barrionuevo, Claudio Enrique Wasquin y Gabriela Ance. Para los tres primeros piden el cambio de carátula a “tentativa de femicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas” y para Ance, “tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Hay un quinto procesado por instigación a cometer delitos, para quien no se pidió el cambio de carátula.

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Luego de los hechos de 2017, el Gobierno presentó una denuncia penal por “daños, atentado contra el orden constitucional y democrático, sedición y violación de domicilio” contra los manifestantes. Entre otras pruebas, presentaron un video en el que Cristina Fernández mostraba trozos de mampostería que habrían sido arrojados contra la residencia, con imágenes del interior de la Residencia donde se apreciaban muebles arrimados contra las puertas para protegerse de un eventual ingreso de manifestantes.

A partir de esa denuncia se instruye esta causa, que tuvo a los cuatro condenados en primera instancia y para quienes se había llamado a juicio oral el año pasado y ahora, si no prospera el recurso que presentará la defensa de los procesados, podría volver la causa al principio.