Desde que Ron Desantis asumió el puesto de gobernador de Florida, en 2019, llamó la atención por sus medidas. El próximo 1º de julio entra en vigor la ley migratoria SB 1718, promulgada por él contra la inmigración ilegal en el estado. De acuerdo con uno de los lineamientos, quien transporte a alguien que ingresó sin permiso a EE.UU. podría enfrentarse a la prisión o a una fuerte multa, además de otros alcances. A días de la fecha fijada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que la medida es “cruel, peligrosa y demasiado amplia”.

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La ley exige que las empresas con al menos 25 empleados comprueben el estatus migratorio de los trabajadores en la base de datos E-Verify y también sanciona a quienes tengan en su personal a extranjeros “no autorizados”. De acuerdo con DeSantis, esta legislación servirá para tomar medidas contra la creciente amenaza que supone la inmigración ilegal. En sus declaraciones, es una respuesta al fracaso de la administración del demócrata Joe Biden para asegurar las fronteras. No obstante, para la ACLU, una reconocida organización sin fines de lucro y progresista en EE.UU., la ley se volverá “una extralimitación del gobierno estatal y un abuso de poder que infringe los derechos y la libertad de los floridanos”.

Entre otros de sus puntos controvertidos, la SB 1718 incluye regulaciones para los hospitales que brindan cobertura Medicaid, que podrán preguntar el estatus migratorio de los pacientes. “Infunde temor en los inmigrantes floridanos que buscan acceder a atención médica, amplía las sanciones del programa federal E-Verify a las empresas y prohíbe el financiamiento de tarjetas de identificación comunitarias por parte de los gobiernos locales”, acusó la ACLU.

Asimismo, en la ley se contemplan sanciones penales para las personas que alberguen, transporten o protejan a quienes ingresaron de forma ilegal a EE.UU. “La legislación apunta a los inmigrantes en Florida y criminaliza a las personas que viajan por las fronteras estatales con extranjeros, incluidos algunos que están legalmente autorizados en EE.UU.”, señaló la ACLU. Por lo tanto, esto genera incertidumbre entre quienes tienen algún trámite migratorio o conviven con personas que no poseen un estatus legal. La organización consideró que la SB 1718 tiene “una serie de políticas que perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias en todas las facetas de su vida”.

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Finalmente, el grupo a favor de los derechos civiles indicó que uno de los peligros más grandes es la “criminalización de las personas, tanto de los ciudadanos extranjeros que viajan al estado con migrantes y solicitantes de asilo” y puso una situación en relieve. “Significa que las personas que brindan ayuda médica o humanitaria de emergencia o simplemente van de vacaciones a ver a un ser querido e ingresan al estado podrían ser castigadas (...) Una persona puede ser objeto de un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión por viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada”, dijo. Los alcances reales y su aplicación se conocerán a partir del 1º de julio.